México, 9 jun (EFE).- Varias organizaciones no gubernamentales exigieron hoy a las autoridades mexicanas brindar mayor seguridad a la cónsul de Honduras en Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, quien denunció haber sido objeto de amenazas por parte del crimen organizado.
La cónsul hondureña Patricia Yamileth Villamil Perdomo denunció en días pasados ante la fiscalía federal haber recibido amenazas por parte de la organización criminal Los Zetas si no pagaba una fuerte cantidad de dinero.
Villamil ha denunciado en varias ocasiones la existencia de redes de trata y tráfico de personas en el estado de Chiapas que afectan a los inmigrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos.
En la frontera sur de México se ha documentado extensamente la manera en que el crimen organizado extorsiona a los inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Muchos son víctimas de secuestros masivos y algunas mujeres y menores son prostituidos en bares y centros nocturnos de la zona.
“La inseguridad en México hace cada vez más peligrosa la labor de la defensa de los derechos humanos, aún más cuando se denuncia a bandas del crimen organizado coludidas con autoridades de los tres niveles de gobierno”, indicaron hoy las ONGs en un comunicado.
Por esta razón, “no existen garantías para hacer una labor tan urgente, necesaria e importante en favor de la defensoría de los derechos humanos”, indicaron las organizaciones, entre las que se cuentan el Movimiento Migrante Mesoamericano y la Alianza Braceros del Norte.
Los firmantes de la comunicación expresaron su “preocupación” por la seguridad de la cónsul de Honduras y aseveraron que las amenazas que sufre son fruto de su valor “para enfrentar la corrupción y las continuas violaciones a los derechos humanos de sus connacionales en Chiapas”.
Las ONGs exigen a las autoridades federales y estatales garantizar la protección física y psicológica del personal diplomático de Honduras en Tapachula, fronteriza con Guatemala, y el libre desempeño de sus funciones.
Asimismo, piden que las víctimas de trata de personas tengan “acceso a la justicia y el debido proceso” y que se castigue a los funcionarios públicos vinculados con esas redes criminales.
También suscriben la carta el sacerdote José Alejandro Solalinde, la activista Elvira Arellano y el periodista Irineo Mújica, entre otros.
“El gobierno del estado de Chiapas y el gobierno Federal no han garantizado la seguridad mínima de aquellas personas que se atreven a denunciar”, manifestaron.
Finalmente, exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, defensoría del pueblo) para que emita medidas cautelares a favor de Villamil. EFE
