Durante la pandemia, el Gobierno estadounidense expandió el uso de hoteles para detener a los menores migrantes, que anteriormente eran enviados a unos albergues.

Washington, 11 sep (EFE).- Las autoridades de EU expulsaron al menos a 8 mil 800 menores indocumentados que viajaron solos hasta la frontera con México durante la pandemia, unas cifras que hasta ahora se desconocían y que el Gobierno desveló este viernes en un documento judicial, informó la cadena CBS.

Además de esos 8 mil 800 menores, EU deportó a otros 7 mil 600 miembros de lo que las autoridades llaman “unidades familiares” y que incluyen desde niños hasta los adultos que les acompañan.

Asimismo, más de 159 mil adultos fueron expulsados a sus países de origen, de acuerdo con CBS.

EU negó el asilo a esos migrantes en virtud de una normativa que entró en vigor en marzo e impide a los indocumentados solicitar asilo, al mismo tiempo que autoriza a los agentes migratorios a expulsarlos inmediatamente sin oportunidad de que un Juez evalúe su caso.

Esa nueva directiva fue aprobada “en interés de la salud pública”, según figura en el texto, aunque grupos como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) consideran que viola las obligaciones internacionales de Washington en materia de asilo.

La Administración del Presidente de EU, Donald Trump, hizo esa revelación en unos documentos judiciales que interpuso en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede central en San Francisco (California) y con los que busca anular el fallo del juez Dolly Gee, del tribunal federal de Los Ángeles.

Ese magistrado dictaminó la semana pasada que el Gobierno no puede retener a los menores en habitaciones de hoteles antes de expulsarlos.

Durante la pandemia, el Ejecutivo estadounidense ha expandido el uso de hoteles para detener a los menores migrantes, que anteriormente eran enviados a unos albergues, mientras que los adultos pasaban a centros de detención hasta que un Juez examinaba su petición de asilo.

Actualmente, los migrantes son detenidos en hoteles, donde son vigilados por guardias de seguridad contratados de manera externa por el Gobierno, mientras que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encargan de buscar vuelos para deportarlos a sus países de origen.