Ciudad de México, 11 de oct (sinembargo.mx) – El 23 de agosto pasado se reportó la detención de un grupo de 18 supuestos periodistas mexicanos en Nicaragua. De acuerdo con las versiones oficiales su propósito era la cobertura del juicio por el asesinato de Facundo Cabral y donde el principal inculpado es el empresario Henry Fariñas.
Con este fin se habrían hecho pasar por empleados de Televisa, pero no tuvieron éxito. Fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, por sospechas de ser emisarios del crimen organizado.
Los detenidos fueron identificados como Raquel Alatorre Correa (jefa del grupo), Pablo Costa Guerra, Rodolfo Jiménez Camacho, Alfonso Martínez Meras, Iván Ricardo Cano Zúñiga, Raúl Alejandro Salinas Hernández, Oswaldo López Uribe, Juan Luis Torres Torres.
Los otros integrantes son Julio César Alvarado Salas, Alfredo Omar Hernández, Omar José Castillo Amaya, Salvador Guardado Núñez, Guillermo Villa Gómez Hernández, Valentín Delgado Vigil, Juan Alfredo Rivera Vásquez, Iván César Pacheco, Gustavo Reyes Arce y Cecilio Torres Gutiérrez.
Desde su captura, han circulado diversas versiones, se han revelado gran cantidad de datos y la televisora de Emilio Azcárraga Jean ha rechazado en múltiples ocasiones toda relación con los inculpados, quienes en diciembre próximo serán sometidos a juicio por lavado de dinero, crimen organizado y transporte internacional de droga.
El 24 de agosto, la policía nicaragüense informó que había asegurado “al menos siete millones de dólares” que se encontraban ocultos en seis camionetas –con logos de Televisa y equipadas con cámaras y equipos de televisión– que introdujeron al país los presuntos comunicadores, liderados por Raquel Alatorre, a quien después se le vincularía también con Javier Alatorre, titular del noticiero nocturno de TV Azteca.
Luego, el monto de dinero incautado aumentó a 9.2 millones de dólares y, al parecer, los billetes tenían rastros de cocaína.
Por su parte, la televisora de San Ángel negó que los arrestados tuvieran alguna relación laboral con la empresa: “No es personal nuestro. Tenemos conocimiento de esta situación hace dos días y hemos colaborado con las autoridades mexicanas. Televisa no tiene corresponsales ni envió grupo alguno a realizar ninguna cobertura. No hay ninguna relación”, dijo una fuente de ese grupo de comunicación a la agencia Notimex.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que investigaría tanto la autenticidad de la nacionalidad de los supuestos mexicanos como sus antecedentes laborales.
Las noticias sobre el origen y destino de los mexicanos comenzaron a circular rápidamente en los periódicos internacionales detallando nuevos indicios.
El periódico La Tribuna informó que el portavoz de la Policía Nacional de Nicaragua, Héctor Iván Mejía, aseveró que los inculpados “cruzaron Honduras ‘como Pedro por su casa’”.
En septiembre se revelaría que al menos 15 de los 18 presuntos periodistas detenidos en Nicaragua ingresaron a Costa Rica en por lo menos 190 ocasiones, según el Canal 6 de la televisión costarricense.
La agencia EFE publicó que uno de los detenidos sería presuntamente un policía de Durango y otros se desempeñarían como guardias de seguridad, según información preliminar de la Policía Internacional (Interpol).
Por su parte, la jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Glenda Zavala, aseguró que los detenidos tenían como destino Costa Rica, donde buscarían comprar drogas para después regresar a México.
La comisionada Zavala agregó que dadas las contradicciones en su declaración de motivos para entrar a Nicaragua, se comenzó a sospechar de sus verdaderos fines. Ante los oficiales de migración, los presuntos periodistas afirmaron que realizarían trabajos turísticos, pero otros declararon que se trasladarían a Costa Rica a realizar investigaciones sobre lavado de dinero.
Asimismo, la funcionaria descartó que los detenidos hayan tenido interés por la cobertura del juicio en contra de Fariñas.
Dos días después de la detención, el juez quinto de Distrito Penal de Audiencia, Julio César Árias, señaló que las 18 personas detenidas enfrentarían un juicio desde el 5 de septiembre por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado. Sin embargo, la fecha se cambió al próximo 3 de diciembre. Además, a los ilícitos se sumó el transporte internacional de droga.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores planteó que se encontraba verificando los antecedentes de los miembros del grupo y señaló que “dará puntual seguimiento al proceso contra los nacionales mexicanos” y en cumplimiento con sus obligaciones “velará por el respeto a sus derechos, sin prejuzgar la culpabilidad o inocencia de los cargos que se les imputen”.
Las autoridades nicaragüenses no descartaron que los acusados estuvieran involucrados con una supuesta red internacional vinculada al asesinato del artista argentino Facundo Cabral.
Mientras las autoridades continúan con las indagaciones, los medios de comunicación también investigaron en torno a los hechos y publicaron más información del controversial caso:
El Cronista Digital de Nicaragua, un blog local de información, dio a conocer el 28 de agosto que Raquel Alatorre Correa era presuntamente trabajadora de Televisa. Otros diarios y portales retomaron dicha información.
De acuerdo con la fuente, Alatorre sería prima del conductor de TV Azteca Javier Alatorre y empleada de Televisa. Al menos tres de los detenidos también fueron identificados por esa fuente como trabajadores de la televisora de Azcárraga Jean, dijo.
Podemos confirmar que Raquel Alatorre Correa y al menos tres o cuatro de los detenidos en las seis Van que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por un punto fronterizo con Honduras, son trabajadores de Televisa, el gigante de la televisión mexicana que no sabemos cómo explicará esto.
Durante la detención, Raquel Alatorre Correa se identificó como la persona a cargo del grupo y como periodista, reportera, presentadora y jefa de información de Televisa, expuso la misma fuente.
El gobierno de Nicaragua, sin embargo, no ha confirmado oficialmente que se trate de empleados de la televisora mexicana.
El corresponsal del noticiero MVS en Nicaragua comentó la mañana de ese día la información de la página web y aseguró que los datos son de buena fuente.
El diario digital relata que Alatorre gritó que quería ser juzgada en Nicaragua para no meter en problemas “a su familia”, al ser presentada ante los periodistas.
Cuando fue presentada ante los periodistas, gritó que quería ser juzgada en Nicaragua para no meter en problemas ‘a su familia’. Raquel es una persona con influencia en la televisora donde trabaja debido a que es familiar (prima) de Javier Alatorre Soria, uno de los dandis de TV Azteca, la empresa de televisión que fue rival de Televisa durante muchos años hasta que en 2011 entraron en alianzas en el negocio de la venta de servicios a través de celulares.
Así se detalla en la nota firmada por Oscar Merlo.
Algunos de ellos declararon aquí que son empleados de Televisa, lo que fue confirmado por autoridades mexicanas que dicen investigarán a dicha empresa, pese al indudable poder que tiene dentro de la sociedad de ese país”, dijo nuestra fuente.
Agregó que será algo difícil por el poderío de Televisa y su propietario Emilio Azcárraga, lo que ya se está haciendo notar con la negativa a aceptar públicamente que Raquel Alatorre Correa y varios más de los narcos detenidos son empleados suyos.
“Televisa tendrá también que explicar cómo es que se le ‘perdieron’ seis de sus móviles a como dicen ahora, y si había reportado esa pérdida a la Policía mexicana”, señaló nuestro informante.
El diario La Nación publicó en su página de Internet que los datos migratorios indican que la mayoría de los ingresos de estos sujetos a Costa Rica se produjo desde 2006 por tierra desde Nicaragua y otros desde Panamá, y su estadía promedio fue de una semana.
Otro diario de Nicaragua, La Jornada, agregó más datos:
Incluso se señala que el escándalo narco involucra al vicepresidente corporativo de la cadena Televisa, Claudio X. González, quien había autorizado la flota de Vans que fueron detenidos por la policía nicaragüense con el logotipo de la conocida televisora. Además las fuentes policiales de Nicaragua señalan que forma parte del inventario de ellos. Se supo por archivos de la misma televisora Televisa , que Claudio X. González, vicepresidente corporativo de Televisa, es presidente del Consejo de Mexicano de Hombres de Negocios desde julio del 2012.
También el 28 de agosto, Televisa descartó de nueva cuenta que los detenidos pertenezcan a la compañía y anunció una demanda por el uso de su nombre y emblemas.
En un comunicado señaló: “Ninguno de los detenidos ha trabajado en Grupo Televisa y los vehículos confiscados no han formado parte de nuestro parque vehicular”.
“Grupo Televisa adelanta que de oficializarse la información en el sentido de que los detenidos falsificaron documentos para hacerse pasar como empleados de la empresa y/o falsearon información de los vehículos, se presentarán las denuncias correspondientes”, agregó.
La empresa además afirmó que realizó “un deslinde formal, cuyo trámite está en curso, por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), a efecto de que sea conocido por las autoridades nicaragüenses”.
La historia siguió creciendo.
El 11 de septiembre varios medios retomaron el reportaje “Nicaragua: la caravana de la coca”, publicado en Proceso y firmado por Roberto Fonseca, Homero Campa y Raúl Monge. El texto revelaba que al menos una de las camionetas aseguradas en ese país está registrada a nombre de “Televisa SA de CV”.
“De acuerdo con datos del padrón vehicular de la Ciudad de México –a los que este semanario tuvo acceso–, el vehículo con placas 886XCR y número de serie 1GC2GTBG1A1135600 está a nombre de Televisa, S.A. de C.V”, informó Proceso.
En respuesta, Televisa afirmó que “ha sido víctima de un delito y consecuentemente ha presentado la denuncia correspondiente y continuará coadyuvando con todas las autoridades para que se conozca la verdad de los hechos y se consigne a los responsables. Cualquier otra aseveración está basada en especulaciones infundadas” y rechazó que los vehículos retenidos en Nicaragua hayan sido “adquiridos o registrados ante autoridad alguna por esta empresa”.
Aristegui Noticias y MVS se sumarían a las investigaciones de la revista y el 13 de septiembre dieron cuenta de que “tres de las seis camionetas tipo Van con logotipos de la empresa Televisa, retenidas por la Policía Nacional de Nicaragua el pasado 20 de agosto en ese país, sí están registradas a nombre de ‘Televisa, S.A. de C.V.’ en el padrón vehicular de la Ciudad de México”.
Días después, Noticias MVS dio a conocer que contaba con documentos oficiales del Padrón Vehicular del Distrito Federal para probar que no una ni tres, sino las seis camionetas Chevrolet tipo Van están registradas a nombre de “Televisa, SA”. Cinco de los vehículos tienen registro con la dirección de “Chapultepec número 18, colonia Doctores, DF”. Sólo un vehículo está registrado con otra dirección, informó.
Televisa siguió negando los hechos, incluso en el noticiero de Joaquín López-Dóriga, presentando información para avalar su postura.
Debido a las denuncias presentadas por la televisora de San Ángel, el 30 de septiembre el titular de la Setravi, Armando Quintero, indicó que los empleados de la dependencia que expidieron licencias y emplacaron las camionetas a nombre de la empresa que fueron detectadas en Nicaragua, podrían ser sujetos a una sanción administrativa.
“Todos los involucrados son personal de base, sindicalizados, y hasta ahora no hay ningún funcionario público ni del más bajo nivel involucrado”, aclaró.
Explicó que es probable que haya alguna omisión, pero eso lo investigan autoridades judiciales como las procuradurías generales de la República y de Justicia del Distrito Federal, así como la Interpol, y dijo desconocer si habrá sanciones penales, aunque hay indagatorias abiertas.
El 3 de octubre, el procurador de justicia capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, dijo que continúan las indagatorias para clasificar los delitos que pudieron cometer servidores públicos que registraron, presuntamente de manera irregular, seis camionetas con razón social de Televisa y aseveró que “en los próximos días” habrá información sobre los vehículos. Esto luego de que con anterioridad declarara que 15 personas -cinco empleados de la Secretaría de Transportes y Vialidades, y 10 de cuatro delegaciones de la Ciudad de México que operaban el sistema de cómputo para realizar trámites vehiculares – eran investigados por el caso.
Tras los boletines, comunicados y denuncias para deslindarse de los mexicanos detenidos por parte de Televisa, el 20 de septiembre la procuradora mexicana, Marisela Morales, afirmó que ni las 18 personas apresadas ni los vehículos en los que viajaban con dinero y drogas “tienen nada que ver con la empresa (Televisa)”.
En declaraciones a la emisora Radio Fórmula, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) admitió que hubo “una maquinación de las propias personas que están detenidas”, supuestos integrantes del crimen organizado, y se descubrió que pusieron “a nombre de la empresa Televisa estas camionetas”.
“Todo indica (…) que aquí se utilizó el nombre de una empresa en México para tener mayor facilidad en el desarrollo de las actividades criminales, pero no está acreditado que sea realmente la empresa quien tenga la propiedad de esos vehículos ni tampoco que las personas trabajen ahí”, dijo Morales.
Sin embargo, cuatro días después, la dependencia revelaría un hecho polémico a Noticias MVS Primera Emisión: deslindó a Televisa de los detenidos en Nicaragua con información de la misma empresa, es decir, Televisa.
Ante estos reportes y las múltiples versiones, ese día el Ministerio Público de Nicaragua informó que solicitará asistencia legal a México para ampliar su investigación por presunto uso indebido de marcas de la televisora mexicana.
El Inspector General del Ministerio Público, Armando Juárez, dijo que una vez que obtengan la documentación oficial “valorarán” los hechos, porque existe “información contradictoria” alrededor de la propiedad de los automotores entre versiones de la empresa y los medios de comunicación en México.
Pese a las declaraciones de televisora, el 5 de octubre se reveló que uno de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua fue contratado como chofer de la cadena, informó la abogada defensora, Johanna Fonseca, en una entrevista.
En declaraciones al matutino El Nuevo Diario de Managua, Fonseca señaló que Juan Luis Torres Torres “fue contratado como conductor por personal de la empresa de televisión mexicana”, que le dieron “gafetes y acreditaciones originales”.
La abogada dijo que su cliente le aseguró lo anterior, aunque aclaró no contar con pruebas materiales de su relación laboral con dicha empresa, que rechaza todo tipo de relación con cualquiera de los 18 mexicanos.
La expectativa continúa, las dudas -cada vez más- siguen en el aire y mientras Televisa sigue negando los hechos, los 18 presuntos periodistas esperan su próximo juicio, aunque para eso todavía faltan dos meses y muchos datos pueden seguir revelándose en ese lapso.
-Con información de Notimex, EFE y Dpa.
