Organismo internacionales y el Gobierno de Estados Unidos han alertado sobre los altos índices de tortura cometida por servidores públicos mexicanos: la ONU, Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Grupo de Trabajo de América Latina, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros.

La respuesta del Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el silencio o la negación de que este delito sea generalizado. Pero las cifras de la propia PGR señalan que las averiguaciones previas por tortura aumentaron al menos 1,376 por ciento en comparación con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y los datos de la CNDH exhiben que casi se triplicaron las quejas por este delito.

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La tortura en México es una práctica generalizada, alertó desde el 2015 el ex Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas Juan Méndez. La declaración causó molestia en el Gobierno federal, que de inmediato respondió que la aseveración no correspondía “con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos” que hacía el país en contra de ese delito.

A inicios de este año, el Informe del representante del organismo internacional refrendaba su sentencia.

A dos años de la primera afirmación de la ONU, las cifras sobre tortura del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto dan cuenta que esta las denuncias por ese delito no sólo no disminuyeron sino que crecieron de manera exponencial en la presente administración.

Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhiben el aumento de los reportes de este crimen.

El sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento, sin que aún finalice el actual periodo de Gobierno.

Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, expuso que además del número de averiguaciones de la PGR es preocupante la falta de castigo de este tipo de delito.

“El gran problema del Sistema de Justicia es la poca capacidad de investigación. Eso influye mucho porque existe una conciencia entre policías y autoridades que incurren en la tortura de que las posibilidades de ser castigados son pocas”, explicó.

“Generalmente estos temas se investigan y se sancionan de manera individual, sobre un agente policial, sobre un miembro del Ejército. La ley del Ejército es distinta a la ley civil. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que hay una solapación institucional hacia estas prácticas”, dijo Antia Mendoza Bautista, Directora de Seguridad y Paz Ciudadana (Seypaz).

El encubrimiento de la tortura se da de forma informal, y muchas de los actos de tortura responden a una presión de las cúpulas policiales para obtener confesiones que respalden las carpetas de investigación por supuestos delitos, detalló la directora.

“Existen sanciones individuales pero eso no ha cambiado, ni genera un incentivo para cambiar estas prácticas en nuestra policía porque no hay sanciones a la institución”, amplió.

Por ejemplo, entre el 2014 y el primer semestre 2017 el Poder Judicial de la Federación registra 22 personas sentenciadas.

Esto representa el 45 por ciento de las 48 causas penales en el mismo periodo, y también representa el 0.28 por ciento de las 7 mil 810 averiguaciones previas y carpetas de investigación (así llamadas en el nuevo sistema de justicia) de esos años.

De acuerdo con una solicitud de transparencia hecha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 161 de 282 quejas por tortura, entre el 2013 y el primer semestre 2017, culpan a la Policía Federal. Lo que es igual al 57 por ciento del total de expedientes en ese periodo.

El conjunto de quejas registradas en la CNDH casi se triplicaron durante el periodo de Enrique Peña Nieto, quien acumuló hasta junio 282, en contraste con su antecesor, el panista Felipe Calderón, quien sumó 99.

En junio, el Nuevo Sistema de Justicia Penal cumplió su primer año de funcionar. Édgar Cortez ve que la entrada puede traer un impacto de disminución a la tortura, aunque aún es pronto para ver resultados.

“Ahora con estos proceso de juicios orales, y audiencias públicas, probablemente contribuirán a que sea más difícil torturar. Si presentas a una persona con signos de tortura en una audiencia pública es mucho más difícil negarlo”, explicó el investigador.

Además, los jueces de control, quienes son los encargados de evaluar en un primer momento los casos, podrán determinar en qué condiciones se han hecho las detenciones u obtenido declaraciones.

Ya con el Nuevo Sistema, los primeros seis meses de 2017 registran mil 482 carpetas de investigación por tortura, una cifra similar a las mil 484 acumuladas en todo el 2016.

Los estados con mayor número de carpetas de investigación por este delito en 2017 son Oaxaca con 101, seguido por Coahuila y Nuevo León con 85.

Caso contrario a los estados de Jalisco, San Luis Potosí con ninguna carpeta; Campeche, con dos; y Baja California Sur, con tres.

LA VOLUNTAD POLÍTICA

El 22 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas realizó un evento, en el marco del la 72 Asamblea General, sobre la tortura durante los interrogatorios, donde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, subrayó que esta práctica no sólo ilegal, sino es improductiva a la hora de obtener confesiones y más violencia.

“La tortura alimenta el deseo de venganza, la tortura crea enormes concentraciones de odio y más violencia. Todavía, En algunos países cuando te arrestan eres propenso a ser golpeado, abusado, o torturado”, sostuvo Al Hussein.

El artículo 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura resalta que los servidores públicos cometen tortura en procesos de investigación o con el fin de obtener una confesión, no sólo cuando causen dolor o sufrimiento, sino cuando cometan una conducta para anular la personalidad de la víctima, o le realicen procedimientos médicos sin su consentimiento.

La mayor parte de los casos de tortura ocurre durante las primeras horas de una detención, detalló Al Hussein. Particularmente, en las horas que los detenidos aún no cuentan con asistencia legal.

En el caso de Chile, las autoridades han aprobado un mecanismo para acabar con la tortura, derivado de los esfuerzos de la Convención contra la Tortura, del cual México también es firmante.

“Este mecanismo asegura a través de visitas periódicas y el diálogo colaborativo con las autoridades, el mejoramiento de las condiciones de las personas privadas de libertad y sus condiciones en los centros de detención”, detalló Lorena Fries, subsecretaria de derechos humanos del Ministerio de Justicia chileno.

Fries señaló que la tortura debe ser reducida con salvaguardas tales como notificaciones inmediatas a la familia a la hora de una detención, acceso a los abogados durante el arresto y reformas a la cultura policial.

En esté sentido la voluntad del Estado es crucial para vencer esta práctica, señaló Mark Fallon, ex agente del Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos.

“Desde que Barack Obama tomó la Presidencia y se inició un programa de investigación. Y ha habido más de 100 estudios de investigación, todos desclasificados”, dijo Fallon sobre los esfuerzos por rastrear cómo se estaba obteniendo información en el sistema penal de los Estados Unidos, lo que sacó a la luz las violaciones de derechos humanos.