Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La organización internacional Greenpeace denunció ayer que los decretos que reforman varios reglamentos ambientales, el llamado “Paquete Verde” que publicó el Presidente Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hace una semana, le resta el derecho a la consulta a las comunidades sobre proyectos de hidrocarburos y convierte al Estado en un intermediario de las empresas trasnacionales.
Peña Nieto publicó el Reglamento de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual se reduce a una “ventanilla única” que constituye una legislación ambiental “light” y a modo para los empresarios del sector de hidrocarburos.
“La Agencia se construye a modo para desmantelar todo el entramado de Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] y la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], que relativamente funcionaba porque había un área especializada y mayor capacidad, ahora se inventaron una Semarnat chiquita, una agencia única, quitándole la capacidad al Estado para facilitar la llegada de la inversión”, dijo Alberto Rojas Rueda, Enlace Legislativo de Greenpeace.
Rojas explicó que se verán afectadas zonas donde hoy se realizan actividades agropecuarias, ganaderas, cinegéticas, vinícolas y hasta áreas nacionales protegidas. Todas están en la mira de los grandes proyectos de hidrocarburos tanto en suelo como en agua.
Al suprimirse el Ordenamiento Ecológico Territorial, que establece que para cualquier megaproyecto debe realizarse una consulta previa a las comunidades, se le quita por completo esa posibilidad a las dueños de las tierras en México, cuando se trate de proyectos energéticos.
“Ahora existe un ordenamiento que prohíbe que en determinado lugar se haga un pozo, la Agencia dirá: ‘se cambia el reglamento, porque ahora sí se va a poder’. El Estado se está convirtiendo en el intermediario de las empresas”, detalló el experto.
Rojas indicó que desde hace meses se hizo llegar al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Vida Silvestre que incorpora la consulta previa a los proyectos energéticos, para evitar futuros conflictos.
“Para evitar el cambio de uso de suelo indiscriminado para la industria de los hidrocarburo, hemos tenido varias reuniones con diputados donde les decimos en qué artículo podrían mejorar, para evitar tener conflictos con la gente, porque no se va a quedar callada y están en su derecho. Primero serán unos cuantos, luego miles los afectados”, expuso.
Silvia Díaz, vocera de Greenpeace, calificó como un “decretazo” al “Paquete Verde” de Peña Nieto y anunció una petición de la organización de una audiencia con el Ejecutivo para plantearle sus inquietudes y propuestas.
“Este decretazo supone una vulneración de los derechos ambientales y un retroceso en materia legislativa. Es irresponsable porque no prevé nada en torno al cambio climático, hoy hay de uno a tres derrames diarios de petróleo, con la nueva legislación habrá muchísimos más. Le exigimos a Peña Nieto la protección de los recursos naturales de los mexicanos”, dijo.
Los expertos y activistas de Greenpeace aseguraron que la organización luchará por reformar el marco legal, sobre todo en lo que respecta a la consulta pública a las comunidades y propietarios de la tierra.
“De las reformas planteadas, es de suma gravedad lo relacionado con el tema del Ordenamiento Ecológico Territorial ya se dio un retroceso en este sector. Es decir, este instrumento que garantizaba proteger el territorio con base en su vocación, usos y manejo sustentable de los recursos naturales, ahora se convierte en letra muerta al excluir las actividades del sector hidrocarburos de la obligación de cumplir con la fase de diagnóstico y pronóstico del ordenamiento regional y local”, agregó Alberto Rojas.
MODIFICACIONES DEL “PAQUETE VERDE”
De acuerdo con la organización, la modificación a los artículos 38, 40, 43, 44, 48, 49 y 58 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico del Territorio permitirá que la infraestructura relacionada con hidrocarburos, no se considere para la planeación territorial.
Estos cambios, de acuerdo con Greenpeace, representan un riesgo para otras actividades y para la población.
“De tal suerte que la población que habita un territorio no podrá conocer si en su comunidad o sus terrenos se instalarán obras relacionadas con el sector hidrocarburos, además de que no serán consultadas si están o no de acuerdo con que en sus predios se puedan realizar dichas actividades, independientemente de que sean o no compatibles con las actividades que ya estuviesen ordenadas en el territorio”, comentó Rojas Rueda.
El “Paquete Verde” de Peña Nieto también afectará a proyectos de diversa índole, debido a que no se considerarán en el proceso de elaboración del ordenamiento ecológico regional, los de hidrocarburos.
“Un ejemplo sería un desarrollo turístico en el que derivado de lo anterior no se conocieran a tiempo las obras (como gasoductos u oleoductos) que pudieran construirse en la zona lo que en relación con la población que se encuentre en el emprendimiento turístico sea sujeta a un riesgo sin que se sepa. Esto representa un acto grave de desregulación ambiental. Se está pasando por encima de uno de los instrumentos legales más eficaces con los que cuenta la política ambiental para proteger el ambiente”, advirtió Rojas.
Además en las reformas al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, se avala que se puedan realizar aprovechamientos forestales en Áreas Naturales Protegidas previa manifestación de impacto ambiental, que quedará en manos de la nueva Agencia juez y parte de la regulación en el sector.
“Es un caso de arbitrariedad ya que es la misma autoridad a la que se le solicita el cambio de uso de suelo forestal y la evaluación de impacto ambiental, es la misma que también verifica su cumplimiento. Eso termina por evidenciar que el arreglo institucional de la Agencia busca en todo momento facilitar la operación de la industria del sector, no la protección del patrimonio natural de los mexicanos”, acotó Alberto Rojas.
