A un año de distancia del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, “no hay impacto que podamos ver para bien en el escenario nacional, todo sigue igual y en algunos casos se ha empeorado”, señaló el analista en seguridad, Ricardo Ravelo.

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- A la vuelta de un año del juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ventiló la grave crisis de corrupción en el sistema de justicia e instituciones mexicanas, la única secuela que dejó ese proceso fue el arresto en Estados Unidos del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; sin embargo, en México no ha habido un impacto de fondo: no se han debilitado las estructuras del crimen organizado, no se ha reducido ni la violencia, ni la impunidad y tampoco se ha combatido de fondo a la corrupción, consideraron especialistas en seguridad.

“La extradición y sentencia de ‘El Chapo’ a cadena perpetua, para el crimen organizado no significó nada. [….] El narcotráfico en México sigue igual, diría yo que con la misma violencia que cuando estaba ‘El Chapo’, con la misma corrupción institucional, con el mismo Estado mexicano doblegado ante el crimen y con la complicidad de funcionarios y empresarios en estas organizaciones criminales”, señaló el experto en seguridad, Ricardo Ravelo.

Para Guadalupe Correa Cabrera, profesora en la Universidad George Mason, aunque el juicio da “una visión sobre lo podrido que está el sistema judicial mexicano y sobre la corrupción”, la especialista coincide con Ravelo que en el escenario nacional no ha servido de nada porque “al final de cuentas, en México no se hace justicia”.

El 12 de febrero de 2019, Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado el rey de las drogas por Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, tras dirigir al poderoso Cártel de Sinaloa durante 25 años.

En tres meses, con al menos 40 sesiones judiciales, más de una docena de sus antiguos socios, empleados y colaboradores delataron su extensa red de operaciones, su carácter despiadado y cómo diversas autoridades fueron pieza clave y jugaron un papel relevante en su carrera, ascenso y expansión del Cartel de Sinaloa.

Los especialistas Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa coincidieron que el arresto de García Luna hasta el momento ha sido el único impacto del juicio.

“Es el primero que cae preso, producto de esas acusaciones que se dieron en el desarrollo del juicio, pero falta ver si el Gobierno de estados Unidos, tiene más elementos para indagar sobre más funcionarios mexicanos, aunque hasta el momento, dijo, no se conoce o hay indicios que estén indagando a alguien más”, comento Ravelo.

“Mucho de lo que se ventiló ahí, pues fueron palabras de personas que estuvieron involucradas en el narcotráfico, en el crimen organizado y bueno eso derivó en el arresto, en los Estados Unidos, de Genaro García Luna […]”, expresó Correa Cabrera.

Durante el juicio en Estados Unidos, el nombre de Genaro García Luna salió a relucir como uno de los funcionarios sobornados por el Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012.

Jesús Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, dijo durante su testimonio en Nueva York, que el Cártel de Sinaloa reunió un fondo de 50 millones de dólares para sobornar al entonces súper Secretario de Seguridad Pública.

Incluso aseguró que él mismo le entregó al ex funcionario de Calderón 3 millones de dólares en un maletín. Con ello, precisó, el cártel quería asegurarse de que un comandante que simpatizaba con su hermano, “El Mayo” Zambada, estuviera a cargo de la policía en Culiacán, Sinaloa.

Frente al jurado, se presentaron testimonios que relataron los pormenores del transporte y distribución de cientos de toneladas de estupefacientes, o supuestos pagos de sobornos a los más altos cargos de México en los sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Las historias contadas por los 14 de los antiguos colaboradores de Joaquín Guzmán, sumadas a las de otros 42 testigos de la Fiscalía, fueron las que llevaron al jurado a declarar la culpabilidad del capo, luego de seis días de deliberaciones.

El juicio de “El Chapo” forzó a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón a emitir desmentidos a las acusaciones de la defensa del capo de que habían recibido millones de dólares en sobornos de la organización criminal de Guzmán. Foto: Cuartoscuro

La sentencia al capo no ha percutido en territorio mexicano porque finalmente él era sólo una pieza del narco, explicó Ravelo. “Simplemente fue llevar a juicio a un capo que durante años se mantuvo impune en México y operó la mafia con la abierta complicidades, […] pero no hay impacto que podamos ver para bien en el escenario nacional, todo sigue igual y en algunos casos se ha empeorado”.

Guadalupe Correa recordó que no ha sido el único juicio donde se han revelado o ventilado nombres de altos funcionarios corruptos y, pese a ello, en el país no pasa nada.

“Realmente no ha servido de nada, […]y ya sabemos que en México no se hace justicia, aunque se ventilan esos casos, no hacen investigaciones, o si se hacen, no se integran bien los expedientes, y al final se tienen que dejar libres a los criminales porque no se hacen las investigaciones de manera correcta, ni se integran los expedientes y eso es una vergüenza”, dijo la especialista.

El Cártel de Sinaloa junto y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las organizaciones criminales mexicanas que se imponen en México, pero que su dominio también se extiende en territorio de Estados Unidos, de acuerdo a datos del Congreso estadounidense, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México,

La presencia y/o influencia del Cártel de Sinaloa abarca el 60 por ciento del territorio mexicano, mientras que en EUA opera en el 74 por ciento de las 50 entidades federativas. Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene influencia en el 70 por ciento de suelo y opera en el 75 por ciento de México.

Para algunos analistas el Cártel de Sinaloa sigue siendo poderoso, dado su dominio internacional y su infiltración en los niveles superiores del Gobierno mexicano, mientras que otros, analistas sostienen que está en declive por su ruptura en facciones y la violencia por tensiones intra-organizacionales. “El Cartel de Sinaloa está ahora bajo presión y su futuro sigue sin estar claro”, señala el reporte “México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Droga” (2019) del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS, por sus siglas en inglés).“El Cartel de Sinaloa está ahora bajo presión y su futuro sigue sin estar claro.

CORRUPCIÓN NO SÓLO ESTÁ EN MÉXICO

Para Guadalupe Correa el juicio fue como una “serie de Netflix”, pues considera que Estados Unidos lo usó para lavarse las manos y reforzar la narrativa que sólo México es el responsable de su crisis del consumo de drogas, el narcotráfico, cuando en realidad es un negocio trasnacional.

“Toda eso que sólo México es el malo, que los malos son los narcos, los mexicanos, que somos los corruptos, los narcotraficantes y realmente los americanos se lavan mucho las manos del mercado que ellos tienen, de la cooperación tan cercan de las autoridades con algunos capos, eso es muy problemático en mi perspectiva, ellos están dispuestos, con tal para saber más y agarrar más narcos, a hablar con algunos capos y no con otros, en bajarles las condenas con tal de que den información”.

La analista explicó que Estados Unidos tiene el mercado de drogas más importante y que para distribuir la droga en ese país se requiere de una estructura muy compleja que no solo involucra a las redes mexicanas.

“Para que haya un negocio de este tipo, estamos hablando de un negocio trasnacional, se requieren redes de corrupción binacionales y trasnacionales, no estamos hablamos sólo de la corrupción que hay en México, se requieren de autoridades de los dos países a diferentes niveles para que la droga llegue, eso queda muy claro”

El 13 de noviembre de 2018, primer día de juicio en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, no solamente salpicó de acusaciones de corrupción a los ex presidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, sino también a la agencia antidrogas estadounidense conocida como la DEA. La defensa del narcotraficante mexicano expuso que su cliente fue “víctima de una conspiración transfronteriza” que involucra a Ismael “El Mayo” Zambada, el actual líder del Cártel de Sinaloa.

Ese día también se dijo que Guzmán usó de su dinero para pagar a policías y militares en México para obtener granadas, lanzagranadas y rifles de asalto que usó para mantener su “guerra” por el control del mercado.

 

Además, destacó que en ese país también operan cárteles estadounidenses, como el Cártel de Chicago, de Houston, Dallas, de Nueva York.

La especialista concluyó que México se encuentra en el peor de los escenarios pues “por un lado está EUA lavándose la manos y diciendo que somos los más corruptos y ellos no son nada, ellos son los buenos los justicieros con un estado de derecho que funciona y, por otro lado, nosotros que no hacemos nada, seguimos viendo que la corrupción llega a los niveles que ya ha llegado, independiente de los juicios que ha habido en Estados Unidos”.

Ricardo Ravelo opinó que el caso de El Chapo “sí tuvo su lado de show”, pues la persecución, captura, fugas, reaprehensión, extradición y enjuiciamiento fue un tema al que “se le sacó mucha raja política de ambos lados”. Finalmente, el especialista recordó que aún está pendiente el juicio a Genaro García Luna, en el cual están puestas varias expectativas.

“Yo creo que aún falta ver todavía una larga parte de esta película”, concluyó.

En esta imagen de octubre de 2012 se observa a los ex presidentes Enrique Peña y Felipe Calderón en la sexta reunión de gabinetes. También se encuentra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad, hoy preso en EU. Foto: Cuartoscuro.

La primera vez que Guzmán Loera fue arrestado ocurrió el 9 de junio de 1993 en Guatemala, de ahí lo extraditaron a México donde lo procesaron por narcotráfico y fue llevado a en el penal de Altiplano, en el Estado de México.

Dos años más tarde, el 2 de noviembre de 1995, fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, donde protagoniza su primera fuga, el 18 de enero de 2001, al escapar en un carrito de lavandería con la ayuda de una decena de funcionarios.

El 22 de febrero de 2014, el capo fue capturado en Mazatlán (Sinaloa) por la Marina en colaboración con la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El 11 de julio de 2015 huyó del penal de Altiplano a través de un túnel conectado con la ducha de su celda. El 8 de enero de 2016 las autoridades mexicanas consiguen capturarlo de nuevo en Los Mochis y lo encarcelan nuevamente en Altiplano.

Su último arresto, que desembocó en su extradición a Estados Unidos en enero de 2017, lo llevó a un juicio que forzó a los hoy ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa a emitir desmentidos a las acusaciones de la defensa del capo de que habían recibido millones de dólares en sobornos de la organización criminal de Guzmán.