El Gobierno federal respalda las iniciativas de Ley sobre Seguridad Interior, en tanto le da la espalda las de tortura y la desaparición forzada duermen el sueño de los justos, lamentan diputados. El 20 de diciembre pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto urgió a los legisladores a proveer al Ejército de un marco jurídico que les permita realizar operaciones similares a la policía bajo una declaratoria presidencial. Y hoy su partido afirmó que se aprobará previo al inicio de mayo próximo. Esta situación no es acorde con las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por vejámenes cometidos por las fuerzas militares y la Policía Federal en contra de civiles. Instancias de derechos humanos internacionales advierten del riesgo que conlleva normalizar la actuación de los soldados en tareas de seguridad pública. ¿Por qué no se aprueban las legislaciones sobre tortura y desapariciones forzadas?

El Presidente Enrique Peña Nieto ha mostrado expreso apoyo a la aprobación de una Ley en materia de Seguridad Interior. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– En 2016, el Ejército registró más quejas de tortura que en los últimos seis años. Legisladores y activistas lamentaron la prioridad que dan el Presidente Enrique Peña Nieto y el partido en el Gobierno federal a la iniciativas de Ley de Seguridad Interior sobre las relacionadas con derechos humanos.

Vía el mecanismo de transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró el año pasado 15 quejas de tortura relacionadas con el Ejército; un aumento del 400 por ciento con relación al 2015.

Los señalamientos a la Policía Federal para prevenir este delito de lesa humanidad cometido por autoridades también se agravaron. 143 quejas relacionaron al cuerpo policial en el 2016 con esta práctica, un aumento del 429 por ciento con relación a los registros del 2015.

“La tortura es sistémica y va para arriba, y es una práctica que nunca fue erradicada”, dijo Ana Laura Magaloni, directora de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los datos de la CNDH apuntaron que se han registrado 311 quejas de tortura, entendido este delito como el cometido por la autoridad, en el periodo del 2010 al 2016. Ningún año superó el registro de 209 quejas del 2016.

En febrero, el Relator de las Naciones Unidas para la tortura Juan Méndez reiteró en el informe de seguimiento a su visita hecha a México en el 2014 que la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados en México.

Lo que ha prendido las alarmas de los legisladores. El 3 de marzo la Senadora Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, apuntó: “En este sentido, el Congreso debe asumir su responsabilidad en esta crisis al no concluir el proceso legislativo de las leyes contra la tortura, la desaparición forzada y seguridad pública”.

Desde el Ejecutivo el respaldo se ha extinguido. El Presidente Enrique Peña Nieto, después de enviar para su aprobación al Congreso las iniciativas contra tortura y desaparición forzada en diciembre del 2015 ha guardado silencio respecto. En cambio, su últimos llamados a los legisladores del país han sido encaminados a la aprobación de una  ley en materia de Seguridad Interior.

Un dictamen de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles fue aprobado por el Senado desde abril del 2016. Mas, la propuesta duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la desaparición forzada también ha sido calificada como generalizada en México por el Comité de la ONU en esta materia.

Sólo en enero desaparecieron 312 personas en el país, una suma que supera los 29 mil registros oficiales. No obstante, la iniciativa en esta materia se ha quedado estancada en la Comisión de Justicia del Senado.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

¿Por qué hace falta voluntad política para aprobar estas iniciativas?, se pregunta a los especialistas.

En los pasillos de la Cámara también se habla sobre la influencia gubernamental de las instituciones de justicia sobre lo que se aprueba o no.

“El problema que percibo es que hay resistencia por parte de las procuradurías y la PGR. Porque seguramente el nuevo sistema de justicia penal [siglas, NSJP; una transición de un sistema escrito a oral entre el 2008 y 2016] los agarró sin prepararse y no tomaron en cuenta que es un sistema completamente garantista”, dijo el Diputado del partido Movimiento Ciudadano Víctor Sánchez Orozco.

El NSJP aún lucha por remover técnicas de investigación arcaicas y las prácticas de tortura, en tanto que la PGR tiene gran influencia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus legisladores, apuntó Sánchez.

“En el caso de desaparición forzada es una Ley que regula y sanciona precisamente la participación de manera directa o indirecta de servidores públicos. O integrantes de cuestiones policiacas. Entonces la resistencia viene de las propias entidades públicas para evitar esa legislación que urge”, agregó.

La tortura se remonta a viejas prácticas. Magaloni habló durante su participación en el “foro internacional de evaluación de estadísticas delictivas” sobre un reciente análisis de la tortura del Ejército en el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con el Cide, durante el sexenio de Calderón el 30.3 por ciento de las personas detenidas por el Ejército y la Marina, acusó haber sido torturada con choques eléctricos, y el 26.6 por ciento mediante asfixia.

“Es una práctica que nunca fue erradicada. En la base de datos tenemos que la mitad de los encuestados fueron detenidos antes del sexenio de Calderón, y la otra durante el sexenio. Y podemos ver que antes no había desaparecido la tortura. Antes de Calderón prácticamente el Ejército no interrogaba a los detenidos, pero con la estrategia de guerra empezaron a detener e interrogar”, dijo Magaloni.

Así y todo hay quienes sostienen que la regulación de las fuerzas armadas reducirá las atrocidades cometidas por las autoridades. El PRI, bajo el nombre del coordinador de diputados, César Camacho Quiroz, presentó su propia iniciativa desde el 27 de octubre.

En la Cámara de Diputados, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha propuesto que antes de aprobarse una ley de Seguridad Interior se revise la iniciativa del Mando Mixto Policial, cuyo fin es dejar en manos del orden estatal a las policías de los municipios más indefensos.

En la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a la Cámara de Diputado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de ese órgano resolvió que se hicieran consultas necesarias antes de aprobar una Ley de Seguridad Interior.

César Camacho Quiroz, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados presentó el 27 de octubre su iniciativa para legislar sobre el Seguridad Interior. Foto: Cuartoscuro

Pero Soriano ve en los intereses del PRI y el Partido Acción Nacional de legislar sobre Seguridad Interior con recelo.

“Quieren legislar para la coyuntura. Están creciendo los índices de inseguridad, violencia, hay varias evidencias como el número de homicidios creciente de la mal llamada lucha contra el narco. Y con esto lo que se les ocurre es sacar al Ejército y darles más facultades. Cuando lo que debe discutirse es el modelo de seguridad”, comenta.

Enero cerró con mil 938 carpetas de homicidio doloso en el fuero común, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras en diciembre hubo mil 849.

Hoy el vicecoordinador de la bancada priísta, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la Ley de Seguridad Interior se aprobará antes del 30 de abril, cuando acaba el periodo de sesiones.

“Parte de la clase política finalmente tiene intereses propios. Y darle este marco jurídico a las Fuerzas Armadas es redituable porque sería mantener una buena relación con ellas. Segundo, porque hay una parte de la sociedad que sigue creyendo que los problemas a la inseguridad se resuelven con las Fuerzas Armadas y, entonces, ahí hay posibles votos que puedan a aprovechar. Mientras que otros temas, como el de la tortura, tienen menos ventaja política”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD).