Austeridad. De izquierda a derecha, los gobiernos no se sacan esa palabra de la boca. En Argentina, el gobierno lanzó el año pasado un conjunto de recortes presupuestarios, reviviendo recuerdos dolorosos de la crisis económica de 2001-2002, que sumió a millones de personas en la pobreza y causó una grave crisis política. Y es también en nombre de la austeridad y la lucha contra la corrupción que el recién elegido presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió reducir los gastos de su gobierno, con el objetivo de lograr un superávit primario (es decir, antes del pago de intereses) del 1 por ciento del PIB.

La exigencia de recortes presupuestarios, que en la práctica tienen un impacto directo en los servicios públicos, no sólo favorece el populismo y las tensiones sociales, sino que es también un ataque frontal contra los derechos de las mujeres. Y es así porque ellas dependen más de los servicios sociales públicos que alivian la carga del trabajo no remunerado que recae de forma desproporcionada sobre sus hombros. Limpiar, cocinar y cuidar de los miembros dependientes de la familia -niños, ancianos y personas con discapacidad- siguen siendo “asuntos de mujeres”. En Costa Rica y Guatemala, por ejemplo, el tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas y al cuidado de sus familiares es cinco veces mayor que el que emplean los hombres.

Mujeres y niñas son también las más afectadas allí donde los servicios básicos son precarios, como es el caso de los países en desarrollo. En África subsahariana, por ejemplo, donde más de dos tercios de la población carece de acceso al agua corriente, son ellas quienes se encargan de proveer de agua y saneamiento al hogar. Las niñas se dedican a buscar agua y leña mientras sus hermanos van a la escuela. Esta injusta situación implica que las mujeres tengan menos oportunidades de educación, formación y trabajo, lo que dificulta mucho su independencia económica.

Incluso cuando consiguen trabajar, muchas se ven atrapadas en empleos mal remunerados y de pésima calidad, a menudo en el sector informal. Gran parte de ellas no tiene protección social laboral y carece de condiciones de trabajo apropiadas, lo cual afecta negativamente sus ingresos actuales y futuros (menos derechos a pensiones, etc.). Todo ello se suma a la ya inaceptable diferencia salarial del 23 por ciento que existe entre mujeres y hombres. En consecuencia, en la mayoría de los países las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de recibir una pensión en su vejez. En la República Dominicana y El Salvador, por ejemplo, la remuneración de las pensiones de las mujeres es menos de la mitad de la ya de por sí baja de los hombres.

El acceso de las mujeres a la protección social, los servicios públicos de calidad y las infraestructuras es ahora una prioridad de la comunidad internacional. De hecho, es el tema principal de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 2019, que se celebrará en Nueva York del 11 al 22 de marzo. No se trata de una reunión burocrática más: sus conclusiones definirán las políticas de igualdad de género que los países pretenden aplicar en los próximos años.

Cerca de 200 mujeres y hombres de todo el mundo asistirán como parte de una delegación sindical mundial y participarán activamente en los debates. La delegación acoge con satisfacción muchos aspectos del informe realizado por el Secretario General de las Naciones Unidas antes de la reunión, especialmente por su énfasis en darle un enfoque universal basado en los derechos. Sin embargo, desde la Internacional de Servicios Públicos -una federación sindical internacional dedicada a promover servicios públicos de calidad y parte de la delegación sindical mundial- hacemos un llamamiento conjunto a los gobiernos para que traduzcan estos principios en estrategias y políticas concretas que eliminen las desigualdades de género.

Es urgente reformar el sistema tributario internacional global para poner fin a todos los mecanismos de evasión fiscal. Cuando las empresas no pagan los impuestos que les corresponden, hay menos dinero para invertir en servicios públicos, infraestructuras sostenibles y protección social, que son los principales impulsores de la igualdad de género. Sólo los ingresos fiscales anuales que pierden los países en desarrollo debido a las prácticas comerciales fraudulentas de las multinacionales se estiman entre 98 mil y 106 mil millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más que el gasto necesario para lograr la cobertura universal de agua y saneamiento.

También queremos destacar el papel esencial y primordial de los Estados como garantes de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Siempre que las empresas privadas se han encargado de los servicios públicos básicos y de las infraestructuras, como el agua y el saneamiento, o de las instalaciones para la salud y educación, la calidad ha disminuido, sobre todo en detrimento de los más vulnerables. No se puede garantizar un enfoque basado en los derechos humanos dentro de un sistema “lucrativo”.

En estos tiempos difíciles, en los que muchos líderes políticos sin escrúpulos utilizan la xenofobia, pedimos a los representantes que asuman compromisos con políticas dirigidas a todas las mujeres, incluidas las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Es especialmente preocupante que algunos países europeos estén intentando limitar el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales.

Sin políticas voluntarias como éstas, la mayoría de los países no podrán cumplir con su renovado compromiso sobre igualdad de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las mujeres seguirán teniendo dificultades para permanecer en el mercado laboral y asegurar sus derechos de protección social a través del empleo. Tampoco encontrarán tiempo para el descanso, el ocio o la participación política. Los servicios públicos de calidad, universales y basados en los derechos son una cuestión feminista.

Rosa Pavanelli

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Rosa Pavanelli es secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 163 países. Elegida en 2012 y reelegida para un segundo mandato en 2017, actualmente preside también el Consejo de los Sindicatos Globales.

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