En México, en pleno siglo XXI, hay trabajadores que viven en condiciones de esclavitud, aunque esta se esconda o se simule bajo el manto de una libertad laboral que en realidad no existe. La mayor parte de estos esclavos son mujeres y gran parte de ellas no laboran en sucias manufacturas ocultas en astrosos edificios –cosa que también ocurre, pues en este país existen sweat shops tan siniestras como las de Bangladés o Malasia, lo que se demostró después del terremoto de septiembre pasado, donde un taller de esos se vino abajo en la calle de Bolívar y murieron decenas de personas entre sus escombros, en una reminiscencia de lo ocurrido 32 años antes en la zona de San Antonio Abad–. La inmensa mayoría del trabajo cuasi esclavo de México se realiza en los hogares de las clases medias y altas de todas las ciudades del país.

Mujeres, buena parte de ellas niñas o adolescentes, que migran del campo para huir de la miseria de sus lugares de origen y se trasladan a las ciudades para dedicarse a las labores domésticas por sueldos bajísimos en condiciones que no pueden causar otra cosa que repulsión. Alojadas en cuartuchos oscuros, segregadas de la vida de la familia que las emplea, con horarios de sol a sol o más, sin prestación alguna, pues carecen de acceso a la salud, al sistema de pensiones o a cualquier otro beneficio de la seguridad social, como guarderías o ahorro para la vivienda, sin acceso a los servicios financieros, muchas veces alimentadas de las sobras de lo que comen sus patrones, estas legiones de mujeres trabajadoras conviven como sombras en las casas de las familias “acomodadas” y son tratadas con desprecio y racismo.

Otras muchas de estas trabajadoras viven en condiciones de precariedad escalofriante en los cinturones de miseria de las ciudades y tienen que desplazarse varias horas diariamente para llegar a sus empleos de “entrada por salida”, a trabajar por horas pagadas como se pagarían minutos en los países desarrollados. La mayoría ganan por día menos de los que obtendrían por dos horas de trabajo en los empleos peor pagados de los Estados Unidos y se enfrentan también al maltrato, la humillación y el racismo de sus empleadores. Tampoco tienen forma de acceder al seguro social o a una afore, a menos que se encuentren con una patrona con especial conciencia social que esté dispuesta a invertir tiempo y recursos ingentes en lograr la afiliación voluntaria al IMSS o en apoyarla para que se enfrente a la maraña burocrática que se debe traspasar para abrir una cuenta voluntaria de ahorro para el retiro.

Prácticamente ninguna tiene un contrato escrito que estipule obligaciones y derechos. Expulsadas del sistema educativo precisamente por su condición de mujeres, apenas si están alfabetizadas, lo que les impide todavía más defender sus derechos. La pobreza extrema, que atenaza a un cuarto de la población mexicana, hace que sean fácilmente sustituibles, pues hay miles de chicas y mujeres dispuestas a tener al menos ese ingreso miserable en esas precarias condiciones laborales, frente al hambre que impera en las zonas rurales con mayor población indígena.

La legislación mexicana ha sido omisa sobre los derechos de esos casi dos millones y medio de personas, el 90 por ciento mujeres. Si bien abre la posibilidad del seguro voluntario, las excluye, de todas formas, de buena parte de las prerrogativas laborales que sí tienen los trabajadores industriales o de comercio. De entrada, esto marca ya una violación a los derechos constitucionales a la no discriminación por razones de sexo u origen étnico. Son consideradas como una excepción y ocupan el estrato más bajo de la pirámide social de las ciudades del país.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, México suscribió el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual exige a los Estados adecuar su legislación y tomar medidas para que el trabajo doméstico sea menos injusto, más digno y mejor remunerado. Sin embargo, después de la firma, el anterior presidente nunca envió el tratado al Senado para su ratificación. Tampoco este gobierno se empeñó en concretar el compromiso internacional que México había adquirido. Las razones que se aducen en los mentideros burocráticos es que tanto la Secretaría de Hacienda como el IMSS se han opuesto a que el Senado ratifique, aduciendo restricciones presupuestales y de capacidad instalada para regularizar a casi dos millones de personas, pues se estima que considerando el régimen obligatorio que cubre los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y, el de guarderías y prestaciones sociales, el gobierno federal debería aportar más de 28 mil millones de pesos al año para asegurar a las trabajadoras del hogar.

Sin embargo, este argumento es inadmisible, pues significa que el Estado mexicano promueve la discriminación y el abuso por no destinar recursos menores a los que destina para pagar la absurda publicidad gubernamental, instrumento de control de los medios de comunicación y promoción personal de cargos electos, en una de las expresiones más arcaicas de nuestro contrahecho arreglo político.

La causa de las trabajadoras del hogar ha tenido ya en los últimos tiempos expresiones organizadas y liderazgos destacados, como el de Marcelina Bautista, secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, y ha encontrado apoyos relevantes entre activistas de las organizaciones civiles, como Marcela Azuela o Andrea Santiago, que encabeza la causa en Nosotrxs, organización de activismo ciudadano que ha colocado la ratificación del convenio 189 como una de sus causas insignia; sin embargo, la reticencia gubernamental ha impedido que esta avance en el Senado. El 30 de abril se termina esta legislatura; no debería concluir sin aprobar esta asignatura pendiente. Se trata de un tema de justicia elemental, pues es intolerable que la legislación mexicana solape esta forma de esclavitud contemporánea.

Falta también que el Estado mexicano, las organizaciones civiles y los ciudadanos que advertimos esta forma de discriminación aberrante promovamos un cambio de actitud entre los empleadores. Más allá de las reformas a la institucionalidad formal, deben cambiar las instituciones informales que reproducen socialmente esta oprobiosa forma de sostenimiento de la desigualdad y la marginación social. El cambio también debe ser cultural, pues en el trato que reciben las trabajadoras del hogar se refleja la terrible estratificación social que caracteriza a nuestra comunidad nacional y que debería ser intolerable.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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