México, 12 Oct (Notimex).- La presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, Miriam Saldaña alertó sobre el aumento de los fraudes en la compra de inmuebles, por lo que urgió a las autoridades a impulsar acciones de prevención para los clientes y de sanción para los defraudadores.
Anuncios falsos en periódicos y portales de Internet de bienes inmuebles, así como montaje virtual de oficinas, además de miles de pretextos para la entrega del inmueble, son algunas de las prácticas comunes que conforman el modus operandi de enganchadores profesionales.
Ante ello, Saldaña Cháirez exhortó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y al Colegio de Notarios del Distrito Federal, a conformar un frente común que evite a la población caer en manos de defraudadores en la compra-venta de un bien inmueble, como medida preventiva.
Es necesario, dijo, que quienes estén interesados en adquirir una vivienda estén informados de los requisitos de compra segura, lo que puede lograrse a través de campañas de difusión, así como de las supervisión de las autoridades a las empresas inmobiliarias.
A esas acciones se debe sumar la clausura de las empresas que operan con esquemas fraudulentos, independientemente de perseguir y sancionar a los que violen la ley y cometan delitos de carácter penal, expuso la diputada local del Partido del Trabajo (PT).
La Ley del Notariado para el Distrito Federal es quien organiza la función del Notario como un tipo de ejercicio profesional del Derecho y establece las condiciones para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre, abundó.
Sin embargo, añadió, es común que los propios notarios sean señalados como cómplices en los fraudes que cometen las inmobiliarias fantasmas o fraudulentas.
Los Notarios tienen una función preponderante en los actos jurídicos en materia de compra-venta de bienes inmuebles, que no sólo se circunscribe a dar fe de los mismos, sino trasciende a la orientación jurídica velando por los intereses de las partes contratantes, indicó.
Actualmente existen casos donde se aprovecha la necesidad de adquirir un patrimonio para la familia y se ofrecen casas o departamentos a “costos accesibles”, como producto de un remate inmobiliario, lo que es una práctica común y creciente que encuadra en el tipo penal de fraude, afirmó la asambleísta Saldaña Cháirez.
El modus operandi, explicó, inicia con enganchar a la víctima a través de anuncios falsos en periódicos, portales de Internet de bienes inmuebles a precios por debajo del mercado, pero que nunca se entregan, y luego los supuestos vendedores desaparecen con todo y el dinero.
En este sentido, insistió en que es fundamental informar a los interesados en adquirir un inmueble los aspectos mínimos que debe verificar para reducir los riesgos de un fraude y proteger su patrimonio.
