Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– El uso clientelar de los programas sociales en México no es nuevo: se tiene una tradición del uso de distintas herramientas y recursos públicos para promover partidos y candidatos en época electoral, afirmó el analista Alfonso Celestino Pérez, de la Asociación Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social).
El experto aseguró que el primer paso para que se reduzca la posibilidad de manipular o condicionar los programas sociales es que se reconozcan los programas y servicios como derechos.
“La Constitución reconoce que las autoridades están obligadas a desarrollar toda una institucionalidad pública para la realización de los derechos pero luego definen a los usuarios de toda esta institucionalización y políticas públicas como beneficiarios y no como derechohabientes”, expuso.
En este contexto, el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el Distrito Federal, Mauricio Tabe Echarte, dijo que hará una solicitud formal dirigida al Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa para que detenga el “empadronamiento” de programas sociales hasta que pase el proceso electoral, ya que existe la posibilidad que se destine el uso de estos recursos con fines político-electorales.
“Vemos con mucha preocupación un riesgo en las condiciones de equidad del proceso con amenazas muy claras de que se van a utilizar los recursos públicos de los programas sociales de manera desproporcionada. Recordamos tanto al gobierno federal como al del Distrito Federal que el proceso ya inició, y que deben dar todas las garantías de equidad”, comentó.
En conferencia de prensa, el líder capitalino detalló que “el empadronamiento en los programas sociales en periodo electoral implica un serio riesgo a la democracia y una seria amenaza a las condiciones de equidad. Necesitamos que la democracia no sea solamente un asunto de retórica, necesitamos garantizar condiciones reales de equidad y esto implica ser muy serios en el manejo de los programas sociales”.
Por su parte, el especialista asociado de Incide Social aseguró que los programas sociales adquieren complejidad en el momento en el que las autoridades los adoptan como parte de una política social. Implementan una serie de requisitos a los posibles usuarios y es a través de una autoridad que se les aprueba o no dicha ayuda, cuando la ley establece que es un derecho.
Otro de los conflictos que presentan los programas sociales es el acceso a la información de éstos, pues en muchos de ellos, especialmente en los federales, los más imperantes por el monto presupuestario, “cuentan con reglas de operación totalmente desconocidas, inaccesibles o incomprensibles para la mayoría de los usuarios”.
Año con año los gobiernos federales y estatales implementan distintas reglas para evitar el uso político-electoral de los programas sociales, se reprograman o se adelanta la entrega de los recursos públicos. Este año no será la excepción, pero Alfonso Celestino asegura que más que un blindaje institucional se necesita uno estructural.
“El hecho de que las reglas de operación no sean inteligibles para la mayoría de quienes usan los programas sociales dificulta la capacidad para exigirlos. La gente no puede entender cuales son las ventanillas para la exigencia, en dónde se pueden quejar que los sacaron de la lista de los programas. A lo mejor ya no recibieron el apoyo para la beca de la escuela y no saben quién es el responsable, o qué proceso sigue una queja una vez que la realiza, ante qué autoridades y cuál sería la sanción para el funcionario que realiza eso, todo eso se tiene que transparentar de la manera más sencilla posible”, explicó.
AUMENTO DE PRESUPUESTO EN EL DF
Por otra parte, Tabe Echarte se dijo preocupado ya que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un aumento del 10 por ciento al presupuesto para los programas sociales en este año.
“No estamos en contra del aumento para recursos de programas sociales, pero sí estamos claramente en contra del aumento del número de beneficiarios en proceso electoral”, afirmó.
De acuerdo con el líder panista, algunos de los beneficiarios serán los adultos mayores.
Alertó que actualmente 730 mil personas reciben este apoyo pero con el aumento del presupuesto, 500 mil personas más recibirán esa ayuda, es decir, serán 1 millón 200 mil las personas beneficiadas, aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sólo tiene contabilizados a 1 millones de adultos mayores.
“Estamos hablando de que el gobierno local pretende empadronar a 1 millón 200 mil adultos mayores en la ciudad cuando el INEGI nos habla de una población de 1 millón, nos preguntamos de dónde saldrán los otros 200 mil. Por lo menos en la aritmética y en el papel las sospechas están fundadas. Ahora en la operación de los programas, la historia y los antecedentes nos permiten sostener nuevamente las sospechas”, finalizó.
