“En el mundo fuera de Facebook o Twitter, si una persona afirma algo que luego resulta ser mentira, la credibilidad de esa persona es, cuando menos, puesta en entredicho”. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Quienes valoran la verdad o defienden la democracia estudian actualmente diferentes opciones para atajar el problema de las llamadas fake news o contenidos chatarras. Mecanismos como una mayor regulación o la moderación en redes sociales están sobre la mesa y sus pros y contras son constantemente evaluados. Si bien la viabilidad de cada estrategia es discutible, en un sentido hay un importante consenso, tanto entre expertos como entre usuarias y usuarios: a los medios de comunicación, a los partidos políticos o a los gobernantes que difunden mentiras y otros contenidos chatarra hay que identificarlos y condenarlos.

En contraste, la discusión sobre cómo evitar que individuos repliquen contenidos tramposos o engañosos es escasa y suele ser menos severa. Una de las opciones disponibles, quizás la más importante, es enfocarse en la educación de usuarios y usuarias de tal forma que les sea posible reconocer el valor epistémico de una fuente o la calidad de un argumento. Esta es, me parece, una ruta indispensable que podría tener efectos positivos más allá de las redes sociales. Sin embargo, aquí me interesa explorar otra opción: la posibilidad de sancionar a quienes difunden este tipo de contenidos.

El tipo de sanción relevante para este caso es exclusivamente social. En el mundo digital pocas personas sancionan socialmente a quienes comparten mentiras o contribuyen a desinformar y a alimentar fuegos antidemocráticos. Si mentir o ser incongruente en redes sociales es fácil es, en buena medida, porque sale muy barato. Pero claramente esto no es lo que ocurre fuera de Facebook o Twitter. En el “mundo real” los seres humanos contamos con una bien instalada capacidad de sancionar a las personas mentirosas o poco confiables. En este sentido, me parece que una forma de empezar a ejercitar esta capacidad en las redes pasa por traducir lo que vemos en línea a los términos de escenarios sociales no digitales.

Una de las actitudes que estamos dispuestos a tolerar en redes, pero que condenamos en la vida cotidiana, es la inconsistencia. Vale la pena ilustrar con un ejemplo. Algunos simpatizantes de AMLO criticaban, con razón, las encuestas publicadas por El Universal que ponían a su candidato en una posición inferior al que ellos pensaban le debía corresponder. Entonces, El Universal era visto por esas personas este grupo como parte de la prensa chayotera. Sin embargo, los índices de aprobación del Presidente publicados recientemente por ese periódico han sido recibidos y compartidos con algarabía por algunas de las personas que repudiaban a ese periódico por oficialista.

Lo mismo ocurre con algunos panistas yucatecos que hoy celebran el lugar de su gobernador en el índice de aprobación de gobiernos estatales publicado en El Financiero, pero que desestiman la aprobación de AMLO que muestra una encuesta reciente del mismo periódico -que, por cierto, en este ámbito ha mostrado ser bastante confiable-.

Muchos de los representados en estos ejemplos, probablemente son conscientes de su inconsistencia o de su uso convenenciero tanto de fuentes como de información. Pero, probablemente por militancia, fanatismo, o mero divertimiento, continúan reproduciendo este patrón de conducta sin gran preocupación o culpa sobre sus espaldas. Y es que, más allá de algunos comentarios o discusiones en redes, hacerlo no implica la pérdida de confianza o, de plano, de amistades u oportunidades laborales.

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en Facebook o en Twitter, en el mundo fuera de las redes resulta muy difícil tomar con seriedad lo afirmado por una persona que suscribe lo dicho por una fuente cuando le conviene, pero que la cambia cuando lo dicho por esta fuente le resulta adverso. Por ejemplo, una persona que es gerente de una empresa no puede justificar sus acciones ante sus superiores con base en los informes de un despacho financiero exclusivamente cuando le conviene ni, mucho menos, culpar a ese despacho de tener mal sus números cuando no le son favorables y reemplazarlo por otro. Es fácil ver que pocos en esa empresa tomarían con seriedad, en el ámbito profesional y fuera de éste, a esa persona.

Tampoco resultaría socialmente aceptable desacreditar a una persona para luego proclamar su confiabilidad sin rubor o pudor. Imaginemos a una amiga o amigo que el lunes nos informa dice que no debemos creer en los dichos de una persona, pero que el miércoles afirma que el criterio de esa persona es sumamente confiable. ¿Qué opinión nos merecería nuestra amiga o nuestro amigo? Si lo que comenta no nos afecta, probablemente la misma que la que nos merecería la persona del ejemplo anterior. Pero si el comentario de nuestra amistad el lunes nos hace confiar en una persona y, a su vez, eso nos hace cometer errores que nos impactan en lo personal, probablemente más de uno optaríamos por dejar de creer o dejar de relacionarnos con esa amiga o ese amigo.

Si la inconsistencia o el uso convenenciero de información son suficientes para penalizar socialmente a quienes caen en supuestos como los aquí planteados, con mucha mayor razón se tendría que sancionar de la misma forma a quienes han probado mentir intencionalmente o a quienes no les importa esparcir mentiras.

Por ejemplo, durante la campaña presidencial pasada algunas personas compartieron memes o supuestas infografías que “predecían” que durante los primeros seis meses del gobierno de AMLO habría devaluaciones radicales, inflación sin control y crisis económica. Hay mucho que criticar al actual gobierno, pero lo que importa para efectos de este análisis es que incluso para quienes compartieron contenidos de este tipo tiene que ser claro que estos resultaron, por si cabía alguna duda, evidentes mentiras. Todos conocemos al menos a alguna persona que compartió este tipo de “información” -ya sea contra AMLO o a su favor- y que, a pesar de haber sido probada su falsedad y la poca confiabilidad de sus fuentes, lo siguen haciendo.

En el mundo fuera de Facebook o Twitter, si una persona afirma algo que luego resulta ser mentira, la credibilidad de esa persona es, cuando menos, puesta en entredicho. Pero si esa misma persona hiciera este tipo de afirmaciones constantemente, entonces muy probablemente se le retiraría la confianza. Esto lo aprendemos desde la infancia, ayudados incluso por cuentos como el de “Pedro y el lobo”. Pero la sanción probablemente no terminaría ahí. A quienes mienten sin pudor o rutinariamente se les suele etiquetar con una serie de juicios resumidos en forma de adjetivos para evitar que otras personas que no le conocen cometan el error de creerle. Por ejemplo, tiene sentido alertar nuestras amistades que sería un error creer una persona que ha mentido en más de una ocasión cuando se le pregunta si conoce una dirección, cuando ésta dice conocer la dirección que alguien está buscando.

El argumento detrás de los ejemplos anteriores es uno y el mismo: en las redes sociales hay un problema mayúsculo de difusión de chatarra y mentiras. Las redes sociales, claro está, reproducen muchas dinámicas originadas fuera de éstas. Sin embargo, fuera de las redes las sanciones sociales suelen ayudar a aislar o a limitar a los mentirosos. Entonces, más allá de los marcos legales y de la moderación necesarios, en términos individuales haríamos bien en que utilizar los mecanismos de castigo que son probadamente exitosos.

Uno podría presionar el punto un poco más afirmando que somos conscientes del daño que quienes difunden contenido que implica falsedades o engaño hacen, particularmente a la democracia o la valoración de la verdad, estamos obligados a ser congruentes y a tratarles en redes como les trataríamos fuera de éstas. O, por ponerlo de otra forma, que la responsabilidad moral de quienes queremos eliminar de los espacios digitales las mentiras pasa necesariamente por comenzar a sancionar socialmente a los individuos mentirosos.

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