Con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones, se avaló que las comisiones intersecretariales que ya existen en la ley serán aquellas creadas por el primer mandatario para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado y estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal.
Asimismo, el dictamen establece que las comisiones consultivas estarán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, con el fin de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objetivo de su decreto de creación. “Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes”, dice.
Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que el Presidente de la República pueda crear comisiones consultivas y presidenciales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes.
“Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones”, afirmó Rocío Barrera Badillo, Diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por su parte, legisladora morenista Araceli Ocampo Manzanares se manifestó a favor del dictamen, pues con esta reforma se incorpora a las comisiones de Gobierno para concretar las políticas públicas comprometidas por el próximo Ejecutivo, en beneficio de las víctimas, como es el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones, se avaló que las comisiones intersecretariales que ya existen en la ley serán aquellas creadas por el primer mandatario para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado y estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal.
Asimismo, el dictamen establece que las comisiones consultivas estarán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, con el fin de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objetivo de su decreto de creación. “Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes”, dice.
Además, la reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica Administración Pública Federal señala que las comisiones presidenciales serán integradas también por ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de Gobierno. “Se constituirán como grupos de trabajo especiales para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuestas o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación”, agrega.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos Constitucionales, puntualiza que todas estas comisiones deberán contener su denominación, nombre de integrantes y respectivos cargos; la definición de quien la presidirá, objeto y funciones que se les asignan, y ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen directamente del mandatario o de alguna Secretaría de Estado.
“También incluirán el periodo de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del Presidente de la República, y cuando sea necesario, recibirán la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales provendrán de la entidad pública de la cual dependen. […] El cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.”, indica en un comunicado.
En su oportunidad, Barrera Badillo explicó que otro de los fines del dictamen es potencializar a las comisiones que el Presidente establezca, a efecto de atender diversos retos del ejercicio de la función pública o cuestiones que, por su complejidad, requieren ser abordadas mediante esquemas que respondan a lógicas distintas a las que caracterizan a los entes públicos, “sin que ello implique aprovechar espacios de obscuridad e imprecisión jurídica para recurrir a las llamadas facultades meta-presidenciales”.
Por el Partido Acción Nacional (PAN), el Diputado Jorge Arturo Espadas Galván se pronunció a favor de crear estas comisiones; sin embargo, apuntó, “nos abstendremos, porque no podemos, de ninguna manera, dejar en un texto de ley, ni mucho menos en los hechos, ser subordinados del Ejecutivo, ni el Judicial puede serlo. Nos manifestamos a favor de la verdad y de este tipo de comisiones, pero en contra de la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo”.
Mientras que el legislador priista Ricardo Aguilar Castillo sostuvo que las comisiones deben ser un instrumento de apoyo y no de discrecionalidad, tal y como se propone, “pues lejos de ser espacios de liberación técnica, queda en duda la parcialidad y objetividad de sus decisiones y la designación de sus integrantes, particularmente con los que son servidores públicos. Esta propuesta busca abultar más la Administración Pública Federal”.
Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que su voto sería a favor, debido a que se faculta la posibilidad de crear comisiones presidenciales consultivas, “lo cual es un acierto, ya que permite que haya una estructura intersecretarial para que participen dependencias de Estado, especialistas, académicos y la sociedad civil organizada”.
Al dar su postura del dictamen, la Diputada Claudia Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció en contra, pues consideró que esta reforma constituye la legalización de quienes le darán asesoría al Presidente, a cambio de influir en las licitaciones o contratos, “es decir, se legaliza el ‘cuatismo’. Es falso que se darán al Ejecutivo federal las herramientas necesarias para conformar las comisiones de la verdad, pues estas se tienen que configurar como instancias de la sociedad”.
