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Jorge Zepeda Patterson

13/11/2022 - 12:05 am

Si vas a protestar a favor del INE, que sea por las buenas razones

“No basta con decirle a la oposición que si quiere consejeros afines haga la tarea democrática de convencer a las mayorías y punto. El Gobierno tendría que ofrecer una respuesta a esta preocupación”.

Hay razones para protestar o pedir aclaraciones a la propuesta de Reforma Política que plantea el Gobierno, pero habría que asegurarnos que sean las razones correctas y no simplemente producto de la ignorancia o la mala fe, a partir de la propaganda de sus adversarios.

Salir a protestar porque López Obrador intenta destruir la democracia o desaparecer al INE sólo puede ser esgrimido por aquellos que no han leído la propuesta. La mayor parte de los planteamientos que ha hecho el Gobierno de la 4T tienen que ver con la posibilidad de tener un Poder Legislativo, partidos políticos y órganos electorales menos onerosos. Salvo en un punto delicado (que más abajo revisamos), ninguna de estas propuestas redunda necesariamente en un beneficio para Morena. En principio uno podría estar de acuerdo con el deseo de impulsar el voto electrónico, reducir de 500 a 300 el número de diputados, disminuir la sangría al erario destinada a mantener privilegios de las dirigencias de los partidos, ajustar las remuneraciones del personal que rodea a diputados, senadores y consejeros electorales. El grueso de la Reforma Política que ahora se debate tiene como propósito ajustar el gasto del Poder Legislativo y las instancias electorales a la nueva realidad de una administración pública más austera. Algunas otras medidas intentan simplificar o afinar procesos en una estructura que siempre es perfectible.

El único ejercicio que se ha realizado (o que yo conozca) para estimar a quién beneficiaría la integración de las cámaras con la modalidad propuesta, lo hizo el diario Reforma, a partir de los datos de la última elección (2021). Paradójicamente, Morena resulta perjudicado con la propuesta que ahora hace Morena. Pierde curules al rasurársele la sobrerepresentación de las plurinominales de la que goza y al debilitarse la cuota que obtendrían los partidos políticos pequeños que ahora son sus aliados.

Sin embargo, hay puntos que generan más suspicacias. El más relevante, con mucho, es la modificación de la manera en que se designan los consejeros electorales. Es el aspecto más criticado, pues aseguran que el verdadero objetivo del Presidente es garantizar un árbitro a modo para el partido en el poder. Por el contrario, AMLO afirma que la propuesta tiene como propósito quitar a las dirigencias de los partidos el reparto de cuotas que lleva a colocar incondicionales ¿Hasta qué punto es esto cierto?

Veamos. Hoy en día los consejeros son elegidos por el voto de dos tercios de la Cámara de Diputados, así que, en efecto, la decisión termina siendo una negociación de cúpula entre los líderes de las fracciones de las dos o tres principales fuerzas políticas. La experiencia muestra que ha habido buenos y malos ejercicios. En ocasiones el reparto ha resultado vergonzoso: tres para el PRI, dos para el PAN, uno para el PRD y los consejeros terminan siendo personeros del partido que los designó. En otras ocasiones ha sido menos burdo y las designaciones no recaen en incondicionales, pero sí en un pretendido equilibrio a partir de las filias políticas que se les atribuye a los candidatos. Y finalmente también han habido designaciones bien intencionadas, en las que los diputados han optado por personas de buena reputación pública, con la intención de dar legitimidad al proceso.

Lo cierto es que con la fórmula actual, la designación de un Consejero pasaría en última instancia por una negociación entre los operadores de Mario Delgado, Alito Moreno, Marko Cortés (aunque bastaría con los dos primeros). Rasgarse las vestiduras para defender un mecanismo tan cuestionable es, de entrada, algo para revisar.

La pregunta es si lo que propone ahora Morena es mejor o peor. El Presidente sostiene que habría que designarlos a través de la suma de tres listas ofrecida por los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Habría un período de campaña para que los candidatos se dieran a conocer y una elección abierta en la que participen todos los electores. El argumento es que, de esta manera, se le quitaría a las cúpulas la designación para entregársela a los ciudadanos. En abstracto no suena mal, pero en concreto se ha objetado que tal mecanismo significaría que las mayorías definirían al árbitro y esas mayorías en este momento son simpatizantes de Morena.

¿Es válida esta objeción? Sí y no. Un régimen democrático tiene, al menos, dos desafíos por delante: uno, asegurar que el poder refleje los intereses de la mayoría y dos, que se respeten y estén representados los intereses de las minorías. AMLO podría decir que su fórmula cumple a cabalidad el primer punto (consejeros al gusto de la mayoría), pero es cierto que seguiría pendiente el segundo punto (ausencia de representación de las minorías). No basta con decirle a la oposición que si quiere consejeros afines haga la tarea democrática de convencer a las mayorías y punto. El Gobierno tendría que ofrecer una respuesta a esta preocupación.

Aunque el fondo es mucho más complejo. La solución no consiste en una liga de fútbol que tenga cuatro árbitros que le vayan al América, tres a las Chivas y dos a los Tigres, en proporción al tamaño de sus aficiones o, peor aún, todos al América porque según encuestas tiene más simpatizantes que los otros. No, lo que se pretende es que los árbitros sean elegidos no en función de sus simpatías por un club, que seguramente las tienen, sino por su capacidad para dirigir un partido imparcialmente. La pregunta clave en el esquema que propone la 4T es si los ciudadanos van a votar en función de candidatos que tengan posiciones políticas afines a ellos, lo cual provocaría árbitros sesgados en favor de la corriente más popular al organizar y calificar elecciones; o, por el contrario, si los ciudadanos elegirán los candidatos que les den más confianza para ejercer imparcial y profesionalmente sus tareas de árbitro. Este, me parece, es el verdadero tema de fondo. El Gobierno tendría que ofrecer una respuesta a esta legítima preocupación y una manera de subsanarla. Está en todo su derecho de proponer una mejoría a los procesos políticos, pero también de escuchar las preocupaciones válidas y ofrecer ajustes para evitar los riesgos señalados.

Esto tendría que ser la materia a debatir y no asumir como tablas de la ley intocables o perfectos al INE actual o la actual propuesta. No tocar al INE o no mover ninguna coma a la iniciativa presidencial, nos condena a un todo o nada que no beneficia al país. @jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson
Es periodista y escritor.
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