Por Ana Lázaro Verde
Madrid, 14 sep (dpa) – Cientos de personas pidieron hoy en Madrid el indulto de Elegido, un toro que, si nada lo impide, morirá el martes a lanzazos en la localidad española de Tordesillas, donde desde hace décadas se celebra el polémico Torneo del Toro de la Vega.
Este festejo taurino, que se repite cada año en septiembre, consiste en soltar por las calles del pueblo a un astado que es conducido por corredores hasta campo abierto. Allí, un grupo personas lo persigue a pie y a caballo con lanzas de tres metros para darle muerte. El ganador es aquel que consigue asestarle la lanzada mortal.
El Toro de la Vega, legal hasta ahora en España, congregó el pasado año a 50 mil personas. Sus defensores lo consideran un “referente antropológico”, pero cada vez son más las voces que se alzan contra un espectáculo considerado cruel e innecesario por muchos ciudadanos.
“La situación es muy grave para la imagen del país; sentimos que no nos representa como españoles”, dijo a dpa Silvia Barquero, presidenta del partido animalista PACMA, que ha impulsado una campaña para pedir la abolición de esta práctica.
Conocidos actores y cantantes se sumaron a ella a través de un vídeo que circula por las redes sociales y medios españoles en el que claman contra el festejo: “Rompo una lanza contra el Toro de la Vega”, dicen a cámara mientras parten por la mitad una lanza como las que se utilizan para dar muerte al astado. “Somos optimistas porque cada año aumenta la sensibilidad de los españoles y porque creemos que en algún momento los políticos tendrán que escuchar a los ciudadanos”, señala Barquero.
El Torneo del Toro de la Vega está amparado por el reglamento de espectáculos taurinos y tradicionales de la región española de Castilla y León, en la que se ubica Tordesillas.
Desde PACMA instan desde hace años sin éxito a los dos grandes partidos del país a hacer algo para poner fin al festejo: al conservador Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy por estar al frente de Castilla y León y al Partido Socialista (PSOE) por ocupar la alcaldía de Tordesillas.
Por eso, hace un año, el coletivo se dirigió a la Unión Europea (UE), apelando a la legislación comunitaria que reconoce a los animales como seres sensibles e insta a los países a implementar políticas que favorezcan su bienestar.
En junio, el Parlamento Europeo aceptó una denuncia de PACMA que fue trasmitida a la Comisión Europea (CE) para abrir una investigación preliminar sobre posibles irregularidades en el Toro de la Vega. Hace solo unos días, el partido animalista presentó en Bruselas 70.000 firmas contra el festejo, recogidas en tres días.
“Si bien es cierto que Bruselas reconoce cierta libertad a los Estados miembro (de la Unión Europea) para que desarrollen sus tradiciones, esperamos que la Comisión Europea entienda que este festejo no nos representa como sociedad y que inste a España a prohibirlo”, dijo Barquero a dpa.
En la década de los 60, en plena dictadura de Francisco Franco, el Toro de la Vega fue prohibido durante cuatro años, tras una campaña impulsada por diversas asociaciones a raíz de unas impactantes imágenes difundidas en televisión. En 1970 se retomó su celebración.
La polémica aumenta ahora año a año. Cada mes de septiembre se celebran actos de protesta y manifestaciones y las denuncias llegan a Tordesillas, donde suelen producirse enfrentamientos entre los defensores y los detractores del evento.
Algunos participantes incluso se oponen a que éste sea filmado, no solo por los que denuncian la violencia contra el animal sino también por periodistas de medios de comunicación.
En España existen algunos precedentes en la prohibición de fiestas populares que provocaron críticas por ser consideradas crueles.
Un caso es el de los llamados toros de Coria, celebración en la que los vecinos de esta localidad de Extramadura (oeste) lanzaban dardos a los astados durante un encierro taurino. En 2009, el ayuntamiento prohibió esta práctica aunque el encierro se sigue celebrando.
En otra localidad de Castilla y León, Manganases de la Polvorosa, los jóvenes del pueblo lanzaban una cabra desde lo alto de un campanario. La polémica estalló a principios de los años 90 y en 2002 el alcalde lo prohibió.
