El domingo 12 de mayo hubo elecciones en Cataluña. El President de la Generalitat, –gobierno autonómico–, Pere Aragonès, adelantó los comicios después de que no había logrado la aprobación de los presupuestos para 2024, por lo que consideró que ya no tenía el apoyo parlamentario necesario para seguir gobernando, por lo que puso en marcha el proceso de renovación del Parlament varios meses antes de que concluyera la legislatura, gracias a una atribución de los jefes de gobiernos parlamentarios, que permite renovar los gobiernos antes de que reine la ingobernabilidad o le garantiza a los líderes un nuevo período, pero con apoyos electorales renovados.

La situación en Cataluña es la más complicada de toda España. A partir de 2010, el independentismo cobró fuerza, en medio de la gran crisis económica abierta en 2007 en el mundo, como un subterfugio del entonces partido dominante, Convergència i Unió, una coalición nacionalista de derechas que había controlado, con solo la excepción de un par de legislaturas, la política catalana desde la transición democrática española.

CiU enfrentaba entonces serios problemas de prestigio, por los escándalos de corrupción que afectaban a su patriarca Jordi Pujol, quien había presidido la Generalitat durante 23 años, a partir de 1980, y a su familia. El sucesor de Pujol como líder del partido, Artur Mas, que había ganado las elecciones después de siete años como líder de la oposición a un gobierno tripartito de izquierdas encabezado por el Partit dels Socialistes de Catalunya, rama catalana del Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Catalunya, partido histórico , de gran relevancia durante la Segunda República Española (1931–1939) e Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Alternativa, mezcla de organizaciones agrupadas en torno a los rescoldos del comunismo catalán.

A pesar de su carácter nacionalista, CiU había sido un partido clave en la construcción de la democracia española. En el referéndum de diciembre de 1978, Convergencia había promovido el voto por el sí a la nueva constitución democrática española, la cual obtuvo un apoyo de más del 90 por ciento de los votos de la ciudadanía catalana. El arreglo autonómico surgido del proceso constituyente le garantizaba a Cataluña no solo el autogobierno sino la protección de su identidad lingüística y de su cultura.

El tripartito de izquierda había promovido, con el apoyo del entonces Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, un nuevo estatuto de autonomía –la constitución local– que avanzaba en los derechos específicos de los catalanes y reconocía a Cataluña como una nación, lo cual despertó la ira de la derecha española, que llevó el nuevo estatuto, aprobado por las Cortes Generales de España y votado en referéndum local, ante el Tribunal Constitucional, el cual declaró varios de su artículos inconstitucionales, con lo cual despertó el viejo sentimiento independentista, apaciguado durante la transición democrática de la década de 1970.

El caso es que Mas llegó al gobierno en medio de una gran crisis política y con los escándalos de corrupción de la familia Pujol en ascenso. Su gobierno fue el más radical, entre los gobiernos autonómicos de toda España, a la hora de aplicar recortes sociales para enfrentar la crisis presupuestal provocada por la crisis financiera mundial, y se aferró a las políticas de austeridad con mayor celo incluso que el impuesto desde la Comisión Europea, pero para distraer la atención frente a los efectos sociales devastadores de su gestión, comenzó a agitar las aguas de la autodeterminación de una región que ha estado vinculada a lo que ahora es España desde sus orígenes, aunque los políticos nacionalistas han sabido sumar agravios históricos reales o imaginarios para nutrir su fuerza política.

Artur Mas enarboló entonces la consigna de que España robaba a Cataluña, con la argucia de que la economía catalana es una de las más ricas y que el arreglo fiscal provoca que los impuestos de la región acaben subsidiando la improductividad de otras regiones, como Andalucía. A eso le sumaba cierto racismo catalanista, de desprecio al resto de los españoles desde una pretendida superioridad cultural. Así desató el órdago independentista, el cual no pudo ya encabezar porque su primer intento de referéndum fue declarado inconstitucional y él quedó inhabilitado para volver a ser President después de las elecciones de 2015, cuando ya con otro nombre y separado de sus socios históricos de Unió Democrática, organización democratacristiana, el partido de Mas logró formar gobierno con Carles Puigdemont a la cabeza de una coalición independentista que obtuvo mayoría absoluta d ellos escaños en el Parlament –con el apoyo de Esquerra Republicana y de un grupo anticapitalista radical e independentista­– aunque no mayoría absoluta de los votos a favor de las fuerzas independentistas.

El gobierno de Puigdemont dedicó todas sus energías a impulsar la independencia, sin ningún otro objetivo de política y llevó a cabo un referéndum en octubre de 2017 a pesar de la prohibición judicial. Después de los resultados de la votación ilegal, en la cual participaron casi exclusivamente los partidarios de la independencia, Puigdemont declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, pero la suspendió en el mismo acto. El gobierno conservador de derechas de España, encabezado entonces por Mariano Rajoy, actuó con contundencia contra los rupturistas. Primero le echo la policía a los votantes y después desapareció los poderes locales echando mano de un artículo constitucional que hasta entonces nunca había sido utilizado.

El independentismo había partido a Cataluña a la mitad y había generado una brecha con España que parecía insuperable. La fiscalía del Estado y el Poder judicial abrieron juicios en contra de los integrantes del gobierno autonómico destituido por usar sus cargos para emprender acciones inconstitucionales y desacatar las órdenes de los jueces de parar el referéndum. Varios dirigentes de Junts, el partido de derechas encabezado por Puigdemont, de Esquerra y de otras organizaciones acabaron en la cárcel, pero Puigdemont huyó en el maletero de un coche y se exilió en Waterloo, Bélgica.

Cuando los socialistas volvieron a encabezar el gobierno de España, con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, necesitaron de los votos de Esquerra y de Junts en el Congreso de los Diputados primero para la moción de censura que derribó al gobierno de Rajoy, implicado en un caso grande de corrupción y luego para la investidura de Sánchez después de las elecciones de 2019. Entonces, el Presidente planteó el indulto para los políticos catalanes que ya habían sido condenados.

Ocurrió, sin embargo, que en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 el PSOE sufrió un batacazo, lo que lo llevó a adelantar las elecciones parlamentarias a julio del año pasado, para que fueran los electores los que decidieran sobre su permanencia en el gobierno. Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, creyó que podría formar gobierno trasladando al ámbito nacional las alianzas con la ultraderecha que le habían permitido capturar los ayuntamientos de buena parte de las ciudades y con los que había formado gobierno en la mayoría de las comunidades autonómicas en liza. Pero los escaños no le alcanzaron, mientras que Pedro Sánchez pudo construir una amplia alianza para su investidura, con el apoyo no solo de los nacionalistas catalanes, sino del partido Bildu, heredero del entorno político de ETA.

Las críticas a Sánchez llegaron no solo desde la derecha, pues incluso antiguos dirigentes del PSOE lo acusaron de pactar con fuerzas enemigas del orden constitucional. La cosa se agravó cuando Sánchez anunció que promovería una ley de amnistía para perdonar los delitos vinculados al proceso independentista catalán, lo cual sonó a traición y fue considerado anatema no solo por parte de la derecha, sino de intelectuales y políticos de izquierda.

Sánchez ha defendido que su política promueve la reconciliación en Cataluña. Aunque durante la campaña electoral había dicho que no habría amnistía, la negociación con las fuerzas independentistas para lograr su investidura el año pasado puso la aprobación de la amnistía en el centro del debate.

El hecho es que el domingo hubo elecciones en Cataluña y el Partit dels Socialistes de Catalunya, encabezado por Salvador Illia, un político muy cercano a Sánchez ganó, mientras que los partidos independentistas no sumaron la mayoría absoluta de escaños por primera vez desde 2010. Ahora lo más probable es que Illia logre ser investido como President, mientras que el bloque independentista se ha roto, Puigdemont ha quedado fuera de la jugada y toda la política catalana se ha realineado. Sánchez ha logrado con una política pactista, lo que los populares no lograron con su mano dura: desarbolar al independentismo.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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