La Ley 3de3 propone definir claramente la corrupción, a partir de diez tipos de conductas ilegales. Además busca rediseñar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y plantea sanciones a particulares en hechos de corrupción. La iniciativa ha sido respaldada por más de 100 organizaciones que se aliaron en el esfuerzo de recolección de firmas y difusión de la iniciativa, las cuales incluyeron universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– Integrantes de grupos civiles entregaron este jueves, en el marco de la iniciativa ciudadana de Ley 3de3, 291 mil 467 firmas de ciudadanos que exigen al Senado de la República asumir un compromiso contra la corrupción.
Juan Pardinas, titular del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y Eduardo Bojórquez, de Transparencia Mexicana, hicieron la entrega de 14 cajas con las miles de firmas de los ciudadanos que pidieron a la Cámara Alta “un compromiso contundente para impedir que el servicio público sea fuente de riqueza ilegal y, en suma, combatir de frente la crisis nacional de corrupción”.
“A partir de hoy, cientos de miles de ciudadanos evaluaremos el compromiso real de cada uno de los integrantes del Senado de la República frente al desafío de la corrupción. El debate y la resolución legislativa de la iniciativa de Ley 3de3 que hoy presentamos en nombre de 291 mil 467 mexicanos permitirán comprobar si las iniciativas ciudadanas son un instrumento para incrementar la confianza hacia los políticos o profundizar la actual crisis de credibilidad”, manifestó el IMCO mediante un comunicad de prensa.
La llamada Ley 3de3 propone definir claramente la corrupción a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Pide rediseñar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos y sancionar a particulares por hechos de corrupción. La iniciativa ha sido respaldada por más de 100 organizaciones que se han aliado en el esfuerzo de recolección de firmas y difusión de la iniciativa las cuales incluyeron universidades, empresas y grupos de la sociedad civil.
La Ley propone que sean obligatorias las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública; directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos; un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
De igual forma, insta a establecer medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción; mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
Pide además que se haga una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Asimismo propone dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables; crear una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación; sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria y una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
Los ciudadanos y organizaciones que se han suscrito a la iniciativa manifestaron su confianza en las instituciones democráticas de México y en que la clase política sea capaz de escuchar la demanda social, encauzarla y hacer vigentes mecanismos de control apegados a las mejores prácticas internacionales.
“Con la corrupción perdemos todos y las circunstancias no dan margen para soluciones a medias. Refrendamos nuestra apertura a participar en el diálogo legislativo para aportar los elementos jurídicos y técnicos que contribuyan a la aprobación de una Ley con soluciones de fondo a los graves problemas de corrupción”, manifestaron los signatarios.
