Desmontar las estructuras de macrocriminalidad no es tarea sencilla. Foto: Cuartoscuro.

Por Ángel Ruiz (@ruizangelt) y Humberto Guerrero (@humbertoguerreror)

De marzo de 2020 a la fecha, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” ha documentado 20 casos de feminicidios, 15 de violencia sexual, 4 de desapariciones, 75 de violencia física y 73 de violencia económica en la zona de la Montaña de Guerrero. La incidencia delictiva, con un acento particular de género, se ha disparado de manera impresionante, mientras las investigaciones en curso no han tenido en cuenta el fenómeno macrocriminal imperante en esta región, lo que perpetúa –en un círculo vicioso ya conocido– la impunidad. Estas fueron parte de las conclusiones a las que llegó la Misión Civil de Observación conformada por la Red TDT, Separaz, Artículo 19, el Espacio OSC, PBI y Fundar, la cual visitó el municipio de Tlapa, corazón de la Montaña, los pasados 11 y 12 de mayo. Esta Misión se dio en el contexto de la campaña “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, que Tlachinollan lanzó para hacer conciencia del problema que viven víctimas y personas defensoras en la Montaña.

Más allá de las cifras, podemos preguntarnos qué está pasando en la Montaña de Guerrero y encontraremos una respuesta similar y a la vez muy distinta a lo que está pasando en el resto del país: un fenómeno macrocriminal que es causa y consecuencia de la impunidad, entendida ésta no como la mera ausencia de justicia, sino como un modo en el que el entramado criminal se sirve de las instituciones y viceversa, mientras, el dolor y el daño se acumulan y se desbordan. Esto también lo pudimos dilucidar tras dos días de escuchar los testimonios de familiares de personas desaparecidas agrupados en el Colectivo Luciérnaga; de madres y padres de víctimas de feminicidio; de mujeres periodistas; del Frente de Pueblos por la Defensa de la Montaña, y de nuestras colegas de Tlachinollan, quienes han facilitado una serie de misiones de observación a raíz de la desaparición y el asesinato del activista y defensor de los derechos humanos Arnulfo Cerón, en octubre de 2019.

La desaparición y el asesinato de Arnulfo han sido un hito en la Montaña: el crimen en contra de este defensor, cometido entre la delincuencia organizada y autoridades municipales, generó una presión social y la atención internacional, que –como ocurriera a principios de la década con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– animó a otras familias de personas desaparecidas a organizarse y denunciar casos que llevaban años en el olvido. Así se formó el Colectivo Luciérnaga[1], con lo cual también se visibilizó uno de los aspectos que más han estado ausentes en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en los pocos acercamientos de parte del Gobierno Federal: muchos de los casos comparten más que el dolor, pues se identifican perpetradores y modus operandi comunes de los grupos delictivos.

También la ocurrencia cada vez mayor de incidentes de intimidación en contra de los integrantes del Frente de Pueblos se ha dado a raíz de detenciones relacionadas con el caso de Arnulfo Cerón. Ellos tienen que cargar con el agravio de perder a su compañero de una manera atroz, y además con que el acoso se mantenga y aumente hacia ellos, conforme el proceso penal hacia los perpetradores avanza. Y tal como ocurre con el Colectivo Luciérnaga, la posible autoría de las amenazas, hostigamientos y otras formas de violencia hacia los integrantes del Frente revelan otras formas en que el fenómeno criminal se sirve de las instituciones.

Ambos casos –el del Frente y el del Colectivo– muestran el enfoque macrocriminal del que adolecen todas las intervenciones públicas para frenar las problemáticas, desde cómo se construyen las investigaciones en la Fiscalía General del estado hasta las intervenciones de seguridad pública o de búsqueda que el Gobierno Federal ha facilitado.

Asimismo, la inoperancia y corrupción de las instituciones encargadas de hacer frente a la violencia de género durante la pandemia explican, en parte, el altísimo grado de desatención e indefensión de las víctimas de feminicidio, abuso sexual, violencia económica y otras formas de violencia que escuchamos durante nuestra visita. Y es que la ausencia de aplicación de protocolos adecuados, la constante revictimización, o las investigaciones que siguen líneas de investigación contrarias a los hechos, son un indicador (no sólo) de operadores no capacitados, sino de la puesta en marcha de un aparto institucional de procuración y administración de justicia capturado por otros poderes que impiden el acceso a la justicia. Captura que lleva décadas y que ha generado mecanismos finos de administración del poder, contrario a lo que las lecturas sencillas quieren apuntar.

Desmontar las estructuras de macrocriminalidad no es tarea sencilla y requiere de decisiones de largo plazo; sin embargo, ante este contexto de violencia desbordada también es imperiosa la adopción de medidas urgentes para generar condiciones que minimicen los riesgos e impactos negativos del proceso de búsqueda de justicia. Así, es urgente que los tres niveles de gobierno del Estado mexicano se coordinen para garantizar a las víctimas: 1) Medidas de protección adecuadas al contexto de la Montaña de Guerrero y culturalmente aceptables para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas; 2) Investigaciones diligentes que incorporen metodologías de análisis de contexto y que reflejen los patrones de violencia estructural e institucional en la región de la Montaña; y 3) Medidas de atención y asistencia que le permitan a las víctimas enfrentar los procesos jurídicos en condiciones dignas.

“Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, reza el XXVI Informe de actividades de Tlachinollan. Ese grito de esperanza ha significado la organización de familiares de víctimas en compañía de Tlachinollan, y a esa organización deben responder las autoridades para alcanzar verdad y justicia. Desde Fundar, acompañamos las demandas de la campaña que nuestras colegas que Tlachi han lanzado e invitamos a sumarnos a sus actividades.

 

* Ángel Ruiz y Humberto Guerrero son parte del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

 

[1] “Luciérnagas buscando en la Montaña: construir justicia y verdad desde la base”: https://www.sinembargo.mx/18-02-2020/3732656