A raíz de las declaraciones del Presidente López Obrador con respecto a la política de seguridad de su Gobierno, donde afirmó que, a diferencia del pasado, bajo su administración se protegía a delincuentes, se desató toda una ola de indignación, que devino en una abierta campaña de la oposición. Las declaraciones, lejos de ser claras, en el sentido de que el Gobierno tiene el compromiso de respetar los derechos humanos, en realidad es más bien ambigua. Es un error, a todas luces, la manera en que el Presidente se refirió al asunto, porque no es tarea del Gobierno cuidar o proteger a quienes delinquen, sino primordialmente a la ciudadanía, de los criminales. En el contexto en el que vivimos, y con la terrible historia de violencia que el país ha atravesado, donde la delincuencia organizada ha actuado en la total impunidad, dejando un saldo de cientos de miles de muertos y desaparecidos, el mensaje no puede ser más inadecuado e insensible con las víctimas de la violencia. Por supuesto, el Presidente no se equivoca en haber cambiado la política de ejecuciones y masacres cometidas por el ejército de sexenios pasados. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todos, incluidos los infractores de la ley y es indebido del todo que las fuerzas armadas cometan ejecuciones extrajudiciales, como ha sucedido en el pasado. Sin embargo, y hay que recordárselo al Presidente, también es su obligación inhibir el crimen, detener a agresores, someterlos a la justicia, y garantizar que no haya impunidad, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, los ciudadanos no pueden ejercer violencia sobre los demás, ni llevar a cabo procesos judiciales.

Si a sus declaraciones uno le suma su política de seguridad de “abrazos, no balazos” y la idea de que la delincuencia se combate únicamente mejorando las condiciones económicas y sociales de la población, el panorama no puede ser más inquietante. Uno se tiene que preguntar, inevitablemente, en qué consiste la actuación de la Guardia Nacional en zonas tomadas por el crimen organizado, ¿están inhibiendo el crimen, haciendo labores de inteligencia, deteniendo a quienes infringen la ley? En realidad, no sabemos en qué consisten los operativos, pero a decir por los datos, no parecen estar restableciendo el estado de derecho para lo cual formaron esa corporación de seguridad. Hay que volver a preguntar, pues, ¿en qué consiste la política de seguridad, más allá de los apoyos sociales? ¿qué labores específicas realiza la Guardia Nacional en los estados donde están desplegados?

Son preguntas legítimas que hay que hacerle al Gobierno ¿la política de seguridad consiste fundamentalmente en que los apoyos sociales conviertan a los criminales en personas respetuosas de la ley?  ¿en regaños de las mamás? ¿en el combate a la desintegración familiar?

Este galimatías, causado por el propio López Obrador, ha sido usado por sus adversarios y enemigos de manera oportunista al interpretar, tramposa y deshonestamente, que el Gobierno está dedicado a proteger delincuentes, obviando que el Presidente se refería a no masacrarlos, como solía hacerse en el sexenio de Felipe Calderón. Sus declaraciones han sido descontextualizadas y utilizadas para hacer propaganda en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y generar una ola de indignación social, de maneras muy poco éticas.

La degradación de la discusión pública parece haber alcanzado un nuevo nivel ominoso cuando opositores y algunos periodistas usaron como propaganda política contra el Presidente, sin ética ninguna, videos donde criminales cometen actos brutales. Dicho uso, completamente obsceno, revictimiza a personas asesinadas, instrumentaliza a víctimas, y convierte a quienes lo usaron en un vehículo más de criminales que convierten los cuerpos y las vidas humanas en meros medios para transmitir su mensaje ilegal y sangriento, que debiera considerarse como llano terrorismo. La exhibición de este material criminal destapó también el pensamiento de muchos que descreen de los derechos humanos, y por ende del sistema democrático. La exigencia de mano dura y de exterminio de delincuentes, que estos días se ha expresado en una parte de los usuarios de redes sociales ha sido azuzado, sin miramientos, por quienes se presentan como demócratas opositores respetuosos de la ley, irónicamente.

La verdad, querido lector, es que no solo dan pena, sino miedo. Sabemos ya qué ocurre cuando el Gobierno se colude con un grupo criminal para exterminar a otro, se violan sistemáticamente los derechos humanos y se criminaliza a víctimas.

Lamentablemente, ahora parece que estamos descubriendo otra cara de la moneda de la impunidad y la desgracia, cuando el Gobierno se niega a hacer cumplir la ley, detener a delincuentes, mientras abandona a la gente a su suerte, en espera de que el amor redima a las bandas criminales.

El rampante desprecio de la ley, de tirios y troyanos, parece ser nuestro trágico destino, por lo visto.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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