Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que analizará como “caso paradigmático” la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, ocurrida en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado 9 de julio. Asimismo, se comprometió a dar asesoría jurídica a la madre del menor, la señora Elia Tamayo Montes, y a sus abogados, para revisar que el gobierno de Puebla cumpla con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a este caso.

En el mismo tenor, el director ejecutivo de Redim, Juan Martín Pérez, anunció la propuesta para crear una comisión con integrantes nacionales y extranjeros que dará seguimiento a este caso, con base en las recomendaciones de la CNDH, debido a que hasta el momento la madre del menor asesinado está inconforme con la respuesta que el gobierno de Puebla ha dado a dichas recomendaciones.

“Es preocupante que en un acontecimiento como éste no se pretenda dar responsabilidad penal a autoridades de mayor nivel. Se ha mencionado por las autoridades del estado de Puebla que hay sanciones administrativas, pero estas sanciones administrativas no son una herramienta que sirva en la lucha contra la impunidad”, afirmó el director de Redim.

Martín Pérez explicó que la Red decidió tomar este “caso paradigmático”, tras el lamentable incidente de la semana pasada en que autoridades locales de Puebla impidieron la entrada a la señora Elia Tamayo al Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Ahí, junto con activistas de otras nacionalidades, conocieron de viva voz de la señora Tamayo su inconformidad con el incumplimiento de las recomendaciones, ya que las autoridades estatales de Pueblo lejos de apoyarla como víctima, han realizado diversas acciones con las cuales ha revictimizado a la madre del menor asesinado durante una manifestación en Chalchihuapan.

“¿Qué estamos encontrando en este caso? Que hay hostigamiento y persecución, lo cual por supuesto es violatorio de derechos; que ha habido intentos por frenar su búsqueda de la justicia por varias maneras, ella ha denunciado que se le ha pretendido comprar su silencio; que es necesario que haya reparación del daño, esta reparación del daño tiene varias características: una que es de carácter económico; hay otra que tiene que ver en términos de acceso a la justicia, de sanción a los responsables; y la tercera que es de carácter simbólico o moral: las disculpas”, detalló Juan Martín Pérez.

Por su parte, Luis Barquera, integrante del Consejo de Redim, reiteró que este caso es paradigmático porque es ejemplo de cómo las autoridades menosprecian el derecho de los menores a la justicia, en un país en donde sólo el 16 por ciento de los niños goza de todos sus derechos.

“Para nosotros el centro del asunto, y creo que es el asunto de México hoy, es hacer que el Estado asuma su responsabilidad. Cuando decimos titulares de deberes nos referimos al Estado y sus funcionarios que tiene que cumplir con la garantía de derechos de los niños, desde la justicia hasta la educación, la salud, etcétera”, precisó Barquera.

Redim confió en que el nuevo Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, revise la recomendación emitida por la CNDH en septiembre pasado sobre la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, para que “reconsidere” la estrategia equivocada que ha emprendido en torno al caso.

“Vamos a buscar de forma inmediata al nuevo Ombudsman y le haremos llegar la petición para que vaya en sintonía con estos compromisos que desde Redim hicimos con la señora Elia Tamayo”, precisó Juan Martín Pérez.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN MENORES

Integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México explicaron las conclusiones a las cuales llegó el VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, realizada en Puebla, del 12 al 14 de noviembre.

Enrique Hernández, integrante del Consejo de Redim, detalló que hubo tres temas primordiales en los cuales se centraron las discusiones: la forma de incidir en las acciones de los gobiernos de los diferentes países representados en el evento para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir sin violencia, entre ellos el acoso a menores en un ambiente escolar; el acceso a internet como un derecho humano; y la infancia en un entorno de migración y de familias divididas.

“Una preocupación tiene que ver con qué está haciendo el Estado mexicano para garantizar no solo el derecho de niños y niñas a vivir sin violencia, sino para garantizar mejores condiciones frente a estos actos que pudieran suceder como este caso tan lamentable (el asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo) y que tiene que ver con el tema de la impunidad”, detalló Hernández.

La representante especial del secretario general de ONU sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais, recalcó que cada minuto muere un niño a causa de la violencia en el mundo; agregó que el 80 por ciento de los niños que mueren tiene menos de seis años.

Durante el desarrollo del Congreso también se abordó el tema de seguridad de niños, niñas y adolescentes frente al uso de las nuevas tecnologías, en especial, frente a las redes sociales.

La misma representante de la ONU explicó que actualmente se incrementa de forma exponencial el número de niños y niñas que tiene acceso a las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, señaló que al mismo tiempo han aumentado una serie de problemas asociados con el uso de éstas, como es el hecho de que cada vez se amplía la brecha entre géneros, porque los niños tienen más acceso a las TIC que las niñas.

Otro problema es que se amplía las horas que los niños pasan en internet sin que tengan supervisión de un adulto, por lo que están más expuestos a pornografía, o están en riesgo frente al delito de trata.

“Estos tres ejes temáticos no fueron elegidos al azar, sino que fueron puestos sobre la mesa a partir del reconocimiento de dinámicas que afectan la garantía de derechos de la infancia y que son comunes en diferentes espacios geográficos”, explicó.

En las conclusiones del VI Congreso se presentaron diferentes propuestas para avanzar en políticas públicas que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos.

Finalmente, Alicia Vargas, presidenta del Consejo, explicó que en el marco de los veinticinco años de la Convención sobre los Derechos del Niño restan todavía muchos retos y desafíos por lograr, entre ellos avanzar hacia una nuevo enfoque y definición de la adolescencia, a fin de entender con mayor claridad los nuevos problemas que aquejan a este sector de la población.