Washington, 20 jun (EFE).- El juez federal en Atlanta Thomas Thrash escuchará hoy argumentos sobre la controvertida ley contra los inmigrantes indocumentados en el Estado de Georgia, un caso en el cual han intervenido los gobiernos de México y otros 11 países latinoamericanos, según el calendario de actividades del juez.
La legislación, titulada HB87, entrará en vigor el 1 de julio y la querella ante el juez Thomas Thrash iniciada por grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes es la batalla más reciente en una disputa que se ha extendido a todo el país sobre la inmigración ilegal.
Los abogados que representan a Georgia han presentado mociones para que el juez federal rechace la demanda.
La legislación permite que la policía inquiera sobre el estatus de inmigración a las personas interrogadas en ciertas investigaciones criminales.
En Estados Unidos la aplicación de las leyes de inmigración es asunto del gobierno federal, no de los gobiernos de los Estados. Pero en años recientes, en ausencia de una reforma integral de las leyes de inmigración, varios Estados han ordenado a sus policías la vigilancia del estatus inmigratorio de los sospechosos.
Pero la ley de Georgia va más allá que la de otros Estados: estipula que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención de empleo pueden recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.
Entre quienes se oponen a la legislación figuran productores agropecuarios del Estado que, en muchos casos encaran una disminución de hasta un 50 por ciento en su fuerza laboral y se ven abandonados a abandonar parte de sus cosechas.
“Esta ley nos afecta muy duramente porque muchos trabajadores tienen miedo y, como Georgia es uno de los pocos estados que tienen este tipo de leyes, los trabajadores prefieren irse a otro estado”, dijo a Efe, Gary H. Paulk, propietario de una firma que cultiva uvas, moras y arándanos.
Las organizaciones e individuos que han presentado la demanda sostienen que la aplicación de la ley llevará a la discriminación y a la detención de personas simplemente por su aspecto u origen nacional.
La representación de los demandantes en la querella la tiene la Liga Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés), el Centro Nacional de ley de Inmigración, el Centro Legal de Pobreza en el Sur, y el Bloque Asiático de Leyes.
Varias organizaciones, incluida la Liga Anti-Difamación y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, y los gobiernos de 12 países latinoamericanos han presentado testimonios que respaldan a los demandantes.
“México testimonia, respetuosamente, que si se permite que entre en efecto la ley HB 87, habrá un impacto adverso significativo y duradero en las relaciones bilaterales mexicano-estadounidenses, sobre los ciudadanos mexicanos y otras personas de ascendencia latinoamericana en Georgia”, indicó el documento del gobierno mexicano.
