Habitantes de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y sus defensores en conferencia de prensa hoy en la Ciudad de México. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Habitantes de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y sus defensores en conferencia de prensa hoy en la Ciudad de México. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Habitantes de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que se oponen a la construcción de un parque eólico en su territorio, interpusieron este miércoles un amparo en contra del proceso de consulta con el que, según la Secretaría de Energía (Sener), la población dio su consentimiento al proyecto, como lo anunció el pasado 4 de agosto mediante un boletín.

En conferencia de prensa, los opositores al proyecto, sus representantes legales y las organizaciones civiles que los acompañan denunciaron que la consulta violó los cuatro principios que deben regir dicho ejercicio conforme a estándares nacionales e internacionales: que la consulta sea previa, libre, informada y de buena fe.

Las organizaciones, que también participaron en la Misión de Observación de la consulta, señalaron además que menos del 1 por ciento de los habitantes de Juchitán consintió la construcción del parque eólico, en una comunidad de 100 mil habitantes.

El proyecto en cuestión es un parque eólico de la empresa Eólica del Sur, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que produciría 396 megawatts y se sumaría a los 21 proyectos eólicos que actualmente existen en la región.

Ninguno de ellos fue consultado con las comunidades donde fueron construidos.

En el caso de Juchitán, la población ha rechazado el proyecto desde 2013. Pese a que consiguieron que las autoridades respetaran su derecho a la consulta, han denunciado que ésta estuvo llena de vicios desde el principio.

El proceso de consulta concluyó el pasado 31 de julio y cuatro días después la Sener informó en un boletín de prensa que la comunidad había otorgado su aval a partir de una consulta libre e informada.

Pero los juchitecos y las organizaciones que acompañaron el proceso de consulta, han refutado esa afirmación. Y ahora llevaron el asunto ante una instancia jurídica con la interposición de una demanda de amparo.

El amparo fue presentado por la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que representa legalmente a la comunidad, con el respaldo de 160 firmas de pobladores de Juchitán.

El proceso de consulta -llevado a cabo entre noviembre de 2014 y julio pasado- es el primero que se realiza en el país a una comunidad indígena respecto al desarrollo de un megaproyecto, derivado de la reforma energética.

“Este fue su piloto”, dijo el abogado de ProDesc Juan Antonio López al hablar sobre la relevancia que tiene dicha consulta como modelo para siguientes, previsibles con la puesta en marcha de la reforma energética de 2014.

“Si aplican una consulta en este sentido, así como lo están haciendo en Juchitán hoy, la van a aplicar igual en todas las demás comunidades. Entonces, nada más decir que se está aplicando la consulta por cumplir con el requisito, pero no realizando una consulta real, apegado a los más altos estándares en derechos humanos, se va a dar una violación sistemática y repetitiva de los derechos de las comunidades indígenas”, advirtió.

“Sería un atropello al país, porque sería el ejemplo a seguir para despojarnos a todas las comunidades de nuestro territorio mexicano”, dijo Mariano López,  habitante de Juchitán e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ).

De ahí también la importancia, agregó el abogado de ProDesc, de cómo resolverá el amparo el Juez Séptimo de Distrito de Oaxaca, a quien fue enviado.

El amparo solicita la suspensión de la obra y la reposición de la consulta, por una que esté apegada a los más altos estándares en derechos humanos e indígenas, así como a los lineamientos internacionales existentes respecto a la consulta indígena.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de consultar a las comunidades indígenas cuando se pretende impulsar un proyecto de desarrollo que afecte sus recursos naturales. El abogado de ProDesc señaló que hay toda una jurisprudencia nacional e internacional que respalda estos principios, e incluso el protocolo del Comité Técnico para la consulta creó un protocolo para su implementación.

El Comité Técnico está integrado por instancias de los tres niveles de gobierno: las Secretarías de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el gobierno de Oaxaca y la presidencia y cabildo municipales de Juchitán.

Pero ninguno de esos estándares fue respetado, de acuerdo con los pobladores inconformes y las organizaciones civiles que los acompañan.

La consulta violó los cuatro principios que deben regir dicho ejercicio conforme a estándares nacionales e internacionales: que la consulta sea previa, libre, informada y de buena fe, denunciaron. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

La consulta violó los cuatro principios que deben regir dicho ejercicio conforme a estándares nacionales e internacionales: que la consulta sea previa, libre, informada y de buena fe, denunciaron. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

NI PREVIA, NI LIBRE, NI INFORMADA, NI DE BUENA FE

Oscar Pineda, integrante del Proyecto sober Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por su sigla en inglés), organización que participó en la Misión de Observación del proceso de consulta, dijo que vio prisa del Comité Técnico para acelerar el proceso de consulta y presionar por el sí.

Esa presión se ejerció de múltiples formas que violentaron los principios que deben regir a la consulta.

Por principio de cuentas no fue previa, ya que desde antes de que comenzara el proceso de consulta la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales había aprobado la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto el 20 de junio de 2014.

Además, durante la fase deliberativa de la consulta la representante de la Sener dio a conocer un permiso en el que le autoriza a la empresa Eólica del Sur la generación de 396 megawatts para autoabastecimiento de sus 18 socios.

Sumado a eso, el 7 de abril de 2015 la empresa contestó a una solicitud de información, enviada por el Comité Técnico, que tenía firmados 722 contratos de arrendamiento.

“Eso para nosotros es una burla, una violación grave a nuestros derechos, por lo que nosotros calificamos esta consulta como una consulta farsa, orquestada cese el gobierno federal, estatal y municipal que deja a nosotros, las comunidades indígenas, como mercancías y no como personas”, lamentó López, integrante de la APPJ.

Tampoco se trató de un proceso libre. Alba Cruz, del Comité de Defemsa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH), refirió que durante el proceso de consulta se registraron al menos 30 incidentes, sumados a otros ocurridos previamente, como agresiones, amenazas, hostigamientos, persecuciones e intentos de secuestro. Éstas fueron denunciadas ante las autoridades y el Comité Técnico, dijo.

“Desde el primer día que iniciamos en la primera fase ya recibíamos amenazas viña telefónica. Desde allí se estaba violentando el principio de libertad”, dijo el integrante de la APPJ.

Agregó que durante las asambleas las personas opositoras al parque eólico eran abucheadas o insultadas cuando hacían uso de la palabra, que personas cercanas a las empresas eólicas les desconectaban el micrófono para que no los escucharan, o que eran intimidados por personas armadas que resguardan a las empresas eólicas.

Las autoridades, presentes en las asambleas, eran mudos testigos de esos hechos.

Además, los miembros más activos de la resistencia contra el proyecto eran seguidos, hostigados o intimidados, u ocurría que afuera de sus casas se daban balaceras o peleas.

Los denunciantes también consideraron que la consulta no fue informada debido a que se hicieron 75 solicitudes de información -60 expresadas durante las sesiones y 15 por escrito- que no fueron atendidas por el Comité Técnico. Entre la información que solicitaron, requirieron un estudio sobre los impactos de los otros proyectos eólicos que se han hecho en la región, pero lo que les entregaron fueron estudios de otros países.

A decir del abogado de ProDesc tampoco hubo buena fe de las autoridades ni fue una consulta culturalmente adecuada, ya que hubo una sistemática falta de traductores certificados, necesarios en una comunidad mayormente indígena y hablante del zapoteco. Además, los lugares y contextos en que se desarrollaron las asambleas no iban acordes con las tradiciones de la comunidad, pues eran empatados con sus fiestas, minando la posibilidad de participación.

Asimismo, ninguno de los documentos con la información detallada sobre el parque eólico se tradujo al zapoteco, ni hubo un esfuerzo por simplificar la información técnica para la comprensión de un público no especializado.

El parque de Energía Eólica del Sur consiste en 132 aerogeneradores para una capacidad total de 396 megawatts y una producción estimada en mil 310 gigawatts-hora, y requerirá una inversión estimada de 14 mil 454 millones de pesos.

Desde 1994, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ha sido considerada una de las mejores regiones del mundo para el desarrollo de la industria eólica por su calidad del viento y, como consecuencia, comenzó a registrar la llegada de parques eólicos.

Actualmente hay 21 parques eólicos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica.