Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).–”Yo no los maté”, dijo Jesús Daniel Mendoza Hernández, uno de los jóvenes detenidos por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por su presunta participación en la matanza de los ocho familiares en Ciudad Juárez, Chihuahua, el domingo pasado.
Édgar Uriel Luján Guevara permaneció callado y luciendo un poco alterado, pues padece encefalitis crónica, según sus familiares.
El Diario de Juárez indica que Daniel Mendoza dijo que estuvo en el lugar de los hechos y permaneció 15 minutos afuera de la casa donde se cometió el crimen, mientras que Édgar estaba adentro de la casa junto con otras personas.
Confesó no saber de los asesinatos y que él entró a la casa para sacar el dinero de la cartera de Máximo, el padre de familia que murió junto con siete familiares más, entre ellos tres menores de edad.
Aseguró que no vio a los niños muertos y el dinero que se llevó se lo entregó a Édgar y era por un adeudo de una “monta” de un perro pitbull.
La Fiscalía General del Estado informó que el móvil del crimen fue el adeudo de mil 500 pesos, contraído con dos hombres que se encuentran prófugos y son buscados en todo el estado.
El arresto de Luján Guevara y de Mendoza Hernández se dio cerca de las 22 horas de este martes en donde no se precisó el lugar ni las circunstancias.
Posteriormente sus familiares acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos e interpusieron una denuncia por tortura y abuso de autoridad en contra de la Fiscalía, pues aseguran que Édgar y Daniel fueron torturados.
Lourdes Ávila, esposa de Jesús Daniel Mendoza Hernández, aseguró que su esposo tiene una perra pitbull pero jamás ha participado en una pelea de perros, sólo la tienen como mascota.
Mientras que los hermanos de Édgar Uriel Luján Guevara afirman que su suegro vende alimentos para perro, por eso conoce a Max, quien poseía varios canes.
VILLAS DE SALVÁRCAR
La acusación de tortura por parte de la Fiscalía General del Estado no es la primera.
Apenas el pasado 7 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a Israel Arzate Meléndez, detenido en 2010, acusado del asesinato de 15 jóvenes en un fraccionamiento en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“No me la creo, estoy contento”, fue lo primero que dijo Arzate al conocer la decisión. Junto con él, organizaciones nacionales e internacionales celebraron que el máximo tribunal de México hiciera valer los derechos humanos de un individuo que fue torturado para sacarle una declaración que lo inculpaba.
Israel fue presentado el 6 de febrero de 2010 ante los medios de comunicación como uno de los sicarios que participó en la matanza de la noche del 30 de enero de ese año.
Se dedicaba al comercio ambulante y fue el 3 de febrero de 2010 cuando fue interceptado por dos personas que le preguntaron si él era Carlos Madrigal. Al contestar que no, fue “levantado” por dos militares que descendieron de una camioneta.
El joven declaró que a partir de ese momento, fue torturado por más de 30 horas, golpeado y amenazado de que si no firmaba una declaración donde se decía culpable de asesinato, lo desaparecerían y además, los militares violarían a su madre, Guadalupe Maléndez, y a su entonces pareja sentimental.
Permaneció un año en prisión preventiva y las autoridades, al no contar con más pruebas para inculparlo y para resolver el caso, solicitaron una orden de arraigo domiciliario.
El 31 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 49/2011 a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) donde acreditó la tortura que padeció Israel a manos de militares cuando estuvo retenido.
La CNDH indicó: “Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que existen elementos suficientes que permiten indicar que Israel Arzate fue víctima de Tortura, fue obligado a confesar su posible participación en la masacre sucedida en la colonia Villas de Salvárcar”.
La Comisión también destacó que la ausencia de una investigación seria sobre los hechos provocó que se dejara de castigar a los verdaderos culpables.
La organización internacional Amnistía Internacional también denunció el caso.
“Fue recluido en un cuartel militar. Durante varios días fue torturado por personal militar en presencia de un agente del Ministerio Público, y fue obligado a realizar una confesión en video, que posteriormente se utilizó contra él como prueba de cargo en los procedimientos judiciales”, acusó Amnistía en una carta dirigida al Gobernador César Duarte Jáquez y al entonces Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
