Como era de esperarse, el clima de la campaña electoral es de polarización extrema: dos opciones antagónicas que se plantean una lucha por todo o nada. En el margen, incluso con algún intento de planteamiento programático, el tercer candidato se desliza cada vez más hacia la irrelevancia. Sin embargo, después del 2 de junio el país seguirá existiendo y, a menos que el encontronazo acabe con una subversión del orden constitucional, ninguna de las dos coaliciones lo va a ganar todo, pues el Congreso seguirá siendo plural –muy probablemente más que el actual– e incluso Movimiento Ciudadano seguirá siendo un actor de cierta relevancia, a pesar de los denodados esfuerzos de su dirigencia por hundir al partido con candidaturas legislativas de personajes impresentables, entreveradas con algunas muy apreciables.

El problema es que, gane quien gane la Presidencia de la República, la gobernabilidad va a ser harto complicada, no solo por el grado de enfrentamiento político en el que dejará al país López Obrador, sino porque en aparato estatal, de suyo destartalado, quedará en una situación calamitosa, con competidores por el control territorial y la captura de rentas productivas armados hasta los dientes, mientras que buena parte de la gestión pública ha sido trasladada a las fuerzas armadas, sin que estas muestren en absoluto mayor eficacia que la denostada y golpeada burocracia civil, desplazada por el actual gobierno por su supuesta corrupción generalizada y la pretendida mayor confiabilidad de los militares.

Si bien sería una exageración decir que el mexicano es ya un Estado fallido, sus fallas son cada vez más evidentes. La economía sigue tirando, sobre todo por sus ventajas competitivas en el mercado norteamericano, pero los servicios públicos son lamentables, la infraestructura se cae a pedazos, por más que el Presidente siga alardeando de sus elefantes blancos: el aeropuerto, la refinería y el tren circular, mientras que el tren interurbano es un cuento de nunca acabar, la línea doce del metro de la ciudad de México sigue trunca al poniente, el sistema de salud pública está peor que nunca, a pesar de las delirantes ofertas presidenciales de que alcanzaría estándares escandinavos, la educación está hundida, bajo el control corporativo de los mismos sindicatos de siempre y ¿qué decir de la seguridad que ya no se haya repetido hasta el hartazgo?

Este gobierno ha sido el peor entre los malísimos gobiernos que ha padecido el país en lo que va del siglo. Un fracaso mayúsculo, por más que la popularidad del Presidente siga alta y que su heredera designada tenga muchas posibilidades de ganar la elección. La mayor paradoja de la democracia mexicana es que, en lugar de generar un mayor nivel de exigencia a los políticos, ha servido para encumbrar a una panda de ineptos, encabezada por un ignorante bravucón, pero con aires de vengador de los agravios históricos que ha sufrido la mayoría de la población mexicana.

Acostumbrados a los malos gobernantes, de los que no han recibido más que ultrajes y migajas, sabedores de que la mejor estrategia para conseguir algo del Estado es pertenecer a la clientela de un protector, para muchos mexicanos el discurso sañudo de López Obrador dice lo que ellos siempre han querido decirle a los poderosos y el dinero en efectivo que les reparte resulta exactamente lo que esperan de los políticos: que les compartan una piscacha de lo que normalmente se han apropiado. El demagogo ha sido exitoso porque conoce como pocos la cultura política desarrollada por el régimen del PRI para mantener el consenso autoritario durante décadas.

El ciclo del demagogo se ha cerrado. Si la no reelección no hubiera estado tan fuertemente institucionalizada, de seguro habríamos visto ya el final de la incipiente democracia mexicana, pero entre las virtudes del régimen del PRI la mayor fue la despersonalización de la Presidencia de la República y ahora, gane quien gane, el proceso político reproducirá mucho de los usos y costumbres de la tradición priista. La nueva Presidenta, sea la sucesora designada o la opositora, tendrá que construir su propia coalición y crear una nueva narrativa. Pero la tarea que tendrá enfrente será ingente, pues a diferencia de lo que ocurría en los viejos buenos tiempos, los mecanismos de gobernabilidad están muy deteriorados y el control estatal no está garantizado.

Parto, como he dicho al principio de esta nota, de que el proceso democrático no se interrumpirá, que las elecciones transcurrirán con relativa normalidad y que el resultado reflejará en el legislativo la pluralidad de la sociedad mexicana, por más que las opciones sean tan limitadas. Claro que también es posible que las pulsiones autoritarias y hegemonistas de López Obrador y buena parte de su coalición se acaben imponiendo, con el apoyo militar. No faltan signos ominosos para pensar que es posible un golpe contra el proceso electoral, ya sea impidiendo el voto libre o clamando fraude, en la peor tradición nacional. Por si fuera poco, hace unos días, el secretario de Marina acusó a la candidata de la oposición de no confiar en el patriótico trabajo de las fuerzas armadas en el control de los mercados clandestinos, con lo que dejó claro que los militares no son neutrales en el actual proceso.

Sin embargo, si el relevo es institucional y normal, de cualquier manera, no parece que el próximo gobierno pueda, desde uno de los polos, frenar la descomposición política que vive el país. Para evitar el colapso estatal, el crecimiento de la violencia y el avance de las organizaciones armadas que compiten con el Estado por el control de rentas productivas, México requiere de un nuevo acuerdo, un gran pacto social para reconstruir al Estado sobre una base civil, legal y consensuada, pero ninguna de las dos candidatas parece tener la capacidad y la voluntad política de encabezarlo. Así, lo que le espera al país parece ser la decadencia, con más pobreza y más violencia. Una vez más, la política mexicana habrá fracasado.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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