Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Un grupo de activistas, intelectuales, científicos y empresarios mexicanos exigió hoy en un mensaje abierto a las autoridades crear una “Comisión de Verdad y Justicia” para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

El texto fue firmado por el ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente; el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí; la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera; el científico mexicano René Drucker Colín, y el líder del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, entre otros.

Los activistas expresaron su indignación por la negligencia de las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención de los hechos del 26 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 estudiantes.

Ese día también fallecieron seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y 25 más resultaron heridas en varios tiroteos protagonizados por policías locales presuntamente al servicio del cártel Guerreros Unidos.

Los líderes de opinión y de diversas organizaciones exigieron que esta Comisión de la Verdad y Justicia haga una “investigación exhaustiva del caso y que emita recomendaciones para la no repetición” de este tipo de hechos.

En esta comisión deben participar “mexicanos de reconocido prestigio en la defensa de derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de verdad”, apuntaron.

“Los mexicanos, en particular las víctimas de Ayotzinapa, merecemos verdad y justicia; de lo contrario, el riesgo de escalamiento violento del conflicto crece día a día”, señalaron los líderes en su texto.

Asimismo, exigieron establecer protocolos de control de confianza para el registro de candidatos a los procesos electorales y una reforma que impida a un partido político participar en la siguiente elección cuando uno de sus representantes haya sido sentenciado por actos criminales durante su gestión.

También exigieron retomar la agenda anticorrupción y promover que los ciudadanos se involucren en el diseño de mecanismos para el combate a la corrupción, una adecuada fiscalización de recursos públicos y erradicar la impunidad.

Finalmente, piden impulsar una “reforma policial democrática” que permita contar con policías profesionales en todo el país, que rindan cuentas a la sociedad mediante de mecanismos de supervisión ciudadana.

Los mexicanos, en particular las víctimas de Ayotzinapa, plantearon, “merecemos verdad y justicia; de lo contrario, el riesgo de escalamiento violento del conflicto crece día a día”.

Desafortunadamente, expusieron, “la cadena de acciones y omisiones agraviantes por parte de las instituciones gubernamental son indicativas de un Estado rebasado, que difícilmente podrá responder a la actual crisis sin la colaboración y participación de la ciudadanía e instancias internacionales”.

En virtud de lo anterior, exigieron a las autoridades federales que de manera inmediata tomen las siguientes medidas de coyuntura y transformación institucional:

1. Instalación de una Comisión de Verdad y Justicia encargada de realizar una investigación exhaustiva del caso, y que emita recomendaciones para la no repetición. Ésta debe integrar mexicanos de reconocido prestigio en la defensoría de derechos humanos y expertos internacionales con experiencia en la conducción de comisiones de verdad.

2. Aprobación inmediata de las reformas legislativas para la eliminación del fuero.

3. Utilización de los mapas políticos e información sobre las autoridades en funciones, con el objetivo de llevar a los procedimientos de justicia correspondientes a funcionarios locales vinculados con el crimen organizado, comenzando con las administraciones de municipios con altos índice de inseguridad.

4. Establecimiento de protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos. Para el proceso electoral en curso, exhortamos a los partidos políticos a establecer la obligación de someterse a un control de confianza antes de ser registrados. Para ello exigimos a la autoridad el desarrollo de los protocolos respectivos, y que coadyuve con los partidos en la realización de esos controles. Invitamos a la ciudadanía a estar atentos a este proceso, castigando a los partidos que no estén dispuestos a pasar a sus candidatos por este filtro. Para elecciones subsecuentes, esto deberá quedar en la legislación electoral.

5. Reformar la legislación electoral de manera que el partido político que haya postulado a un representante popular sentenciado por actos criminales durante su gestión quede impedido de participar en la siguiente elección a ese cargo.

6. Retomar la agenda anticorrupción con el involucramiento directo de la ciudadanía en el diseño de instrumentos y procedimientos que doten al Estado de mecanismos vinculantes y efectivos para el combate a la corrupción, la adecuada fiscalización de los recursos públicos y la erradicación de la impunidad en los tres órdenes de gobierno. Garantizar, además, la participación de la sociedad civil organizada en la selección e integración de los órganos anticorrupción.

7. Impulsar una reforma policial democrática que permita contar con policías profesionales en todo el país, certificadas institucionalmente y que rindan cuentas a la sociedad mediante la incorporación de mecanismos de supervisión.

–Con información de EFE.