El Alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, aclaró que dicho recurso no fue en contra de la reforma, pues aún no se publica, sino que fue interpuesto por la existencia de un proceso indebido, pues según el mandatario, el Congreso local no consultó a los ayuntamientos previo a tomar la decisión de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años. 

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Gustavo Sánchez, Alcalde de Mexicali, presentó este lunes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la ampliación del mandato del Gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla de dos a cinco años, aprobada por el Congreso del estado el pasado 8 de julio.

En declaraciones hechas a medios nacionales, el Edil aclaró que dicho recurso no fue en contra de la reforma, pues aún no se publica, sino que fue interpuesto por la existencia de un proceso indebido, pues según el mandatario, el Congreso local no consultó a los ayuntamientos previo a tomar la decisión de ampliar el mandato.

Sánchez detalló que cuando el Congreso estatal pretende reformar la constitución del Estado primero debe citar y escuchar a representantes de los municipios que integran la entidad, situación que no fue cumplida.

El Alcalde mexicalense aseguró que muchos de los habitantes de la localidad que gobierna no están de acuerdo con la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, decisión que consideró podría tener efectos “catastróficos” para México.

El Edil de Mexicali aclaró que dicho recurso no fue en contra de la reforma, pues aún no se publica, sino que fue interpuesto por la existencia de un proceso indebido. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

“Sería un antecedente catastrófico para el país que se pudiera permitir que, pasada las elecciones, los congresos pudieran ampliar o reducir los períodos de Gobierno”, advirtió.

Gustavo Sánchez estuvo acompañado por la síndico del municipio, Blanca Villaseñor, quien firmó el documento entregado a la suprema corte debido a que ella es la representante legal de los actos del Ayuntamiento de Mexicali.

Gustavo Sánchez estuvo acompañado por la síndico del municipio, Blanca Villaseñor. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

El pasado 8 de julio, con mayoría panista, el Congreso de Baja California aprobó la modificación al Octavo Transitorio, que pretende volver la próxima gubernatura de 5 años.

Respaldado por prácticamente todas las fuerzas políticas, salvo el Partido de Baja California (PBC) – que no se presentó a la sesión-, y el Diputado panista Miguel Antonio Osuna Millán, los legisladores aprobaron con 21 votos – a través de cédula- la reforma al Octavo Transitorio Constitucional, por lo que ahora la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, será del 2019 al 2024.

Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad exhortar al Gobierno, al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California a dejar sin efecto la reforma que extiende el periodo de la administración del Gobernador de dos a cinco años. Los ocho grupos parlamentarios plantearon el consenso.

El documento aprobado busca dejar sin efecto el decreto 112 de reformas aprobado el 8 de julio de 2019, además, argumentan que la reforma es “violatoria” de los principios constitucionales y es contraria al pacto federal.

Desde esta mañana un grupo plural de legisladores presentó un Punto de Acuerdo contra la reforma que extiende el periodo de la administración del Gobernador por ser “un atentado contra la democracia”.

Encabezados por Tatiana Clouthier Carrillo, Diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) –que es el mismo partido de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador electo de Baja California, y del Presidente Andrés Manuel López Obrador–, los legisladores plantearon que son eco de las protestas de los ciudadanos, tanto de esa entidad de la península bajacaliforniana como de todo el país, que consideran la decisión tomada por el Congreso local como un acto preocupante, pues abre la puerta para que cualquier otro mandatario amplíe los periodos establecidos.