Foto: Cuartoscuro

Los escándalos y los excesos en gastos fueron una constante en la Legislatura que está por concluir. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Los propios coordinadores parlamentarios de la LXII Legislatura que concluye el próximo 30 de agosto afirman que pasará a la historia como la que le entregó a México las reformas estructurales que necesita para su crecimiento. También fue la que dejó deudas históricas con la ciudadanía, principalmente en materia de transparencia en el uso de los recursos públicos.

Especialistas en asuntos parlamentarios consultados por SinEmbargo coincidieron en que los integrantes de la Legislatura por concluir fueron selectivos en las reformas que aprobaron, privilegiaron los acuerdos políticos por encima del bienestar nacional, abrieron boquetes financieros inexplicables y en general, dejaron más sinsabores que éxitos en la percepción ciudadana.

“Los diputados federales, igual que los senadores, sí aprobaron reformas estructurales y constitucionales importantes. Por contraste, también tienen una clara deuda pública en materia de transparencia”, explicó María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.

También quedará impregnada en las páginas de la historia, la negativa de la mayoría de los diputados salientes pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) a acompañar las investigaciones de casos paradigmáticos como la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la “casa blanca” de la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, y los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, entre otros escándalos gubernamentales.

El Congreso realizó una serie de comparecencias de secretarios de Estado para dar cuenta “del estado que guarda la Nación”, pero se realizaron principalmente en el marco de la glosa de los informes anuales de gobierno y no necesariamente para explicar los temas coyunturales.

Así quedó pendiente la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para explicar el impacto de la Reforma Fiscal o la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por el caso de los normalistas.

“Hubo faltantes en la parte de control del ejercicio del Poder Ejecutivo”, sostuvo Guillermo Áviles, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Información.

“En ese sentido habría que avaluar si hubo suficientes comparecencias, por ejemplo de los secretarios de Estado, porque había coyunturas importantes en las que había que llamar al secretario de Hacienda, al de Educación, a la de Desarrollo Social, y conocer cuáles fueron los resultados de sus labores”, agregó. Si bien es cierto que hubo un incremento en el acceso a la información pública disponible a la ciudadanía, ésta resulta insuficiente para satisfacer el interés de la ciudadanía por conocer asuntos relevantes, como es el ejercicio del gasto público, el uso y destino de los recursos del presupuesto o los conflictos de interés de cada legislador.

A la par, la información disponible en los sitios electrónicos del Congreso resulta insuficiente para atender la demanda de información de organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años también se ha incrementado su participación en tareas de vigilancia y evaluación del trabajo legislativo.

“Los diputados y senadores fueron selectivos en los cartuchos que querían utilizar y los que querían quemar”, explicó María del Carmen Nava, de Visión Legislativa. Pero más allá de la necesidad de entregar información útil y oportuna, el Congreso ha sido omiso en explicar algunos escándalos en los que estuvieron involucrados los legisladores salientes .

Está el caso del Diputado Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), quien en su papel de coordinador parlamentario fue acusado de instrumentar una red de cobro de cuotas a cambio de asignaciones presupuestales, los llamados “moches”, operados desde San Lázaro.

Aunque Villarreal ha negado sistemáticamente las acusaciones, ninguna autoridad interna o externa de la Cámara de Diputados ha informado si ha iniciado una investigación contra el Diputado federal o las conclusiones de las pesquisas.

En otro escándalo memorable, en febrero de 2013, el Diputado panista, Juan Pablo Adame, subió a su cuenta de Twitter (@JuanPabloAdame) la fotografía de un Mercedes Benz estacionado en la Cámara de Diputados cuya placa ha sido sustituida por una “charola” con la leyenda “Poder Legislativo Federal”.

El lujoso automóvil resultó ser propiedad del Diputado priista José Rangel Espinosa, legislador por el Estado de México y autodeclarado admirador del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Soy representante de los priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí, incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo represento en Atlacomulco”, aseveró en alguna ocasión el Diputado priista, que fue bautizado por los medios como el “Dipucharolas”.

EXENTOS DE RENDIR CUENTAS

Los coordinadores Foto: Notimex

Los coordinadores originales de la Legislatura. Foto: Notimex

El próximo 30 de agosto dejarán su cargo los 500 diputados que integraron la 62 legislatura del Congreso de la Unión, aunque en los hechos dejaron de trabajar desde el pasado 30 de abril.

La actual Legislatura fue proclive a informar sobre asuntos relacionados con la numeralia de las iniciativas presentadas, los puntos de acuerdo desahogados, los artículos constitucionales reformados o las leyes creadas. Sin embargo, un pendiente del Poder Legislativo es la continuidad de los temas abordados en Tribuna.

De esta forma, es posible conocer el número de iniciativas presentadas, pero es difícil saber cuántas son desechadas o los motivos por los cuales una iniciativa es detenida o “congelada” en comisiones.

Asimismo es fácil tener a la mano los proyectos de decreto que reforman alguna ley, pero nunca se explica el nombre de las personas que participan en su elaboración ni los conflictos de interés a los que responden los asesores que elaboran los dictámenes.

“Saber cuántas iniciativas entran y cuántas salen no es para nada suficiente, ni siquiera lo es conocer el sentido del voto de los legisladores. Pero no hemos dado pasos a algo mucho más sofisticado como es el trabajo de los diputados en comisiones, cuántas asistencias tienen, cuáles son los grupos de trabajo al interior de las comisiones, cuáles son los grupos de intereses, etcétera”, explicó María del Carmen Nava.

El empuje de la sociedad civil se incrementó en la elaboración de leyes, pero no en los mismos términos del Congreso.

“Nos hace falta conocer cómo se asignan los recursos parlamentarios, más allá del criterio de proporcionalidad, sino cuáles son las razones por las que se asignan determinadas cantidades de recursos y darle un seguimiento más puntual al gasto de los grupos parlamentarios”, explicó Guillermo Avilés, investigador de Fundar.

Existe un pendiente muy grande en la rendición de cuentas de cara al ciudadano, principalmente con lo que tiene que ver con el uso y destino de los recursos públicos.

“Es parte de la misma opacidad que se tiene. En el manejo de los recursos no se requiere comprobación. Por ejemplo, en el uso de los recursos de viáticos, de viajes al exterior, un legislador puede comprar desde ropa hasta chicles, hasta pagar un hotel y no hay un marco de regulación del uso de gastos”, explicó la directora de Visión Legislativa.

OPACIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA

Luis-Alberto-Villarreal

Luis Alberto Villarreal, uno de los involucrados en el tema de los moches de la bancada panista. Foto: Cuartoscuro

A nivel nacional se promocionó como un logro legislativo la aprobación de la reforma constitucional en materia de transparencia para dotar de autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) así como su legislación secundaria.

No obstante, los especialistas coincidieron en que el Poder Legislativo quedó a deber en materia de transparencia.
Aunque con la reforma constitucional los legisladores ampliaron el catálogo de sujetos obligados y la información que debe dejar de ser reservada, los propios diputados y senadores mantuvieron candados importantes en la apertura de la información de sus cámaras legislativas.

En el caso específico de la Cámara de Diputados, los legisladores quedaron a deber la firma de la Alianza por el Parlamento Abierto, que sí firmó el Senado el año pasado.

La otra deuda de la cámara baja fue su propia Comisión de Transparencia y Anticorrupción, cuya presidenta fue la Diputada priista Areli Madrid Tovilla, la cual estuvo lejos de cumplir las expectativas y dar solución a diversos temas polémicos.

Según el propio historial de asuntos turnados, se envió a esta comisión legislativa 51 iniciativas para su dictamen, de las cuales 40 fueron desechadas, siete permanecen pendientes de análisis y sólo cuatro fueron aprobadas.

Lo mismo en el caso de los puntos de acuerdo, de 49 proposiciones turnadas en materia de transparencia y combate a la corrupción, se desecharon 46 y solamente tres fueron aprobadas.

“Me parece que en los hecho no hubo realmente acciones de esta comisión presidida por la Diputada Areli Madrid”, sostuvo María del Carmen Nava.

REFORMAS APROBADAS

Con el respaldo del Pacto por México y gracias a los acuerdos asumidos por los presidentes de los principales partidos políticos, el Poder Legislativo entregó buenas cuentas respecto a la aprobación de las reformas estructurales.

De esta forma, el Congreso aprobó 29 reformas constitucionales y estructurales, entre ellas: las reformas en materia energética, fiscal, laboral, educativa, de telecomunicaciones, de competitividad, política-electoral, en materia de arraigo y la de anticorrupción y transparencia.

El Congreso también aprobó 513 dictámenes de ley o decreto, dictaminadas en algunas de las tres mil 419 reuniones de comisiones.

“Formamos parte de una Legislatura que quedará registrada en la historia como una de las más productivas de las que se tenga memoria, al aprobar leyes relevantes que dieron un giro sin precedentes en la dinámica de la vida social, jurídica y política de nuestro país”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno.

Tan solo durante los dos primeros años de la Legislatura, los diputados presentaron mil 872 iniciativas, más de mil 210 proposiciones con punto de acuerdo y se expidieron 17 nuevas leyes, algunas de ellas con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.

“El trabajo de aprobación de leyes tuvo buenos resultados tanto en contenido como en procesos, hubo procesos en donde el Legislativo se abrió a la participación ciudadana, el caso del Senado me parece que es muy claro por ejemplo en la elaboración de la Ley de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción”, explicó Guillermo Ávila, investigador de Fundar.

Otras de las reformas aprobadas de mayor relevancia fueron las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia laboral, avaladas el 8 de noviembre de 2012.

Las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas el 13 de diciembre de 2012, en materia de atribuciones de las Secretarías de Estado para crear la súper Secretaría de Gobernación y para desparecer las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública.

Se reformaron los artículos 25 y 26 de la Constitución, en materia de competitividad, el 12 de diciembre de 2012.

Fue creada la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución el 12 de febrero de 2013.

Se reformaron los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, en materia inmunidad de servidores públicos, para acotar el fuero de funcionarios y legisladores, el 5 de marzo de 2013.

Se reformaron los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, en materia de telecomunicaciones, el 21 de marzo de 2013.

La reforma a la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, pasó por una serie de cambios aprobados el 30 de abril de 2013.

Se creó la Ley General del Servicio Profesional Docente, el primero de septiembre de 2013.

Fue reformada la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de deuda de los estados, el 29 de octubre de 2013.

Se aprobó la Reforma Fiscal, misma que impactó a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley de los Depósitos en Efectivo, el 31 de octubre de 2013.

También se realizó la reforma a diversos artículos de la Constitución, en materia de energía, la llamada Reforma Energética, el 11 de diciembre de 2013.