La Auditoría Superior de la Federación emitió 38 recomendaciones y 20 notificaciones a los órganos internos de la Semarnat, la SCT, la Profepa y la CONANP para evitar o reducir los efectos negativos al ambiente por la construcción del Tren México-Toluca, entre ellas generar una Manifestación de Impacto Ambiental vigente y fortalecer el esquema de supervisor, ya que la Profepa no ha inspeccionado la obra desde 2017.

Ciudad de México, 23 febrero (SinEmbargo).– La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continúa realizando acciones de construcción del Tren México-Toluca en una zona boscosa sin tener autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental vigente, la cual venció en abril de 2018. Además, desde mayo de 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha realizado inspecciones en la obra, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Conforme a la autorización de la MIA, la construcción del Tren Interurbano se debió concluir en abril de 2018. Pero en diciembre de 2018 una parte de la construcción del tren se encontraba suspendida temporalmente, debido a la promoción de diversos juicios de amparo derivados de la autorización de modificaciones de la MIA sin cumplir con los criterios establecidos en la normativa y por la remoción de árboles y tala indiscriminada en suelos de conservación ubicados dentro del área nacional protegida “Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla” y la barranca Tacubaya”, dice el dictamen.

De acuerdo con la ASF, había 14 juicios de amparo en materia ambiental por el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca contra los presuntos responsables de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Al 2018 también se habían solicitado 12 modificaciones al proyecto general, lo que conllevó a problemas sociales y jurídicos que derivaron en tres juicios de amparo y un juicio de nulidad y que han aplazado el cumplimiento de los tiempos en el proyecto inicial que finalizaría hace dos años.

Hubo remoción de árboles y tala indiscriminada en suelos de conservación ubicados dentro del área nacional protegida “Parque Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla” y la barranca Tacubaya. Fotos: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.

El 25 de abril de 2014, la Semarnat determinó que el Proyecto era “ambientalmente viable”, por lo que resolvió autorizarlo de manera condicionada, sujetándola a una serie de términos y condicionantes establecidas mediante 41 medidas de mitigación y ocho condicionantes, con el fin de evitar o reducir los efectos negativos previstos a incidir en el aire, suelo, agua, flora y fauna.

Sin embargo, el 30 de enero de 2014 la SCT le había entregado la MIA del proyecto sin pronunciar los tres tramos en que se dividirían las obras del proyecto, ni señaló que la construcción del tercer tramo estaría a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, para la supervisión ambiental, Comunicaciones y Transportes contrató a la empresa SGS para el periodo agosto 2014-diciembre 2016, y de junio 2017 a 2018 contrató a la empresa Ecoser, pero ambas empresas no contaron con los registros de las acciones realizadas.

Por ello el órgano fiscalizador emitió 38 recomendaciones a fin de fortalecer la gestión de la Semarnat, la SCT, la Profepa y la CONANP para evitar o reducir los efectos negativos al ambiente por la construcción del Tren Interurbano México Toluca, entre ellas, generar una nueva MIA y fortalecer el esquema de supervisor ambiental para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas y condicionantes; y definir los indicadores que permitan medir las acciones de preservación y restauración del aire, suelo, agua, flora y fauna.

Asimismo, se emitirán 20 notificaciones a los Órganos Internos de Control de esas dependencias federales por posibles incumplimientos y reincidencias como resultado de su gestión en el desarrollo del proyecto del Tren México-Toluca.