Durazo Montaño dejaría la Secretaría de Seguridad con muy malos números. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Todo indica que Alfonso Durazo Montaño dejará la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para cumplir su objetivo personal: ser candidato y posiblemente Gobernador de Sonora, su terruño.

De confirmarse su salida, Durazo deja muy malos números en materia de Seguridad Pública, además de que desde hace un año viene cargando serios cuestionamientos por la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, detenido en octubre de 2019 en medio de una fuerte crisis tanto política como de seguridad.

Durazo se comprometió a reintentar la detención de Ovidio, pero a lo largo de un año el vástago de Guzmán Loera no ha sido molestado, por el contrario, este personaje se mueve con toda la libertad y la impunidad en Sinaloa y otros estados, pese a que sigue vigente la orden de captura internacional. Estados Unidos lo reclama para procesarlo por tráfico de drogas.

Pero no sólo Durazo no ha cumplido con esa encomienda –el Ejército tampoco– sino que además surgieron serias versiones de una posible complicidad entre el Presidente de la República y el cártel de Sinaloa; las versiones se robustecieron por varios detalles que han resultado escandalosos: el saludo de Andrés Manuel López Obrador a doña Consuelo Loera, a quien sirve como gestor de su visita a la cárcel de Estados Unidos donde está preso “El Chapo” Guzmán; la intocabilidad del cártel de Sinaloa, el grupo criminal más poderoso del mundo.

Para el Gobierno de Donald Trump preocupa y mucho que a lo largo de dos años el Gobierno de López Obrador no haya diseñado una política integral contra el crimen organizado. Italia es un ejemplo de cómo se combatió a la mafia con empleos, atención social, rescate de pandilleros, decomiso de empresas ligadas al crimen y una política de mano dura que puso en la cárcel a connotados mafiosos.

En el caso de México esto no lo vemos, pese a que sobran ejemplos de narcopoliticos que siguen impunes e intocados. Peor aún, el control territorial de los grupos criminales sigue avanzando. Un ejemplo de ello es el caso del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, además de controlar más de medio país, ya opera en la Ciudad de México.

La incursión de este grupo criminal ocurrió después del atentado que sufrió Omar García Harfuch –quien se promueve para sustituir a Alfonso Durazo–, Secretario de Seguridad Pública de la ciudad de México, quien responsabilizó a los hombres de Nemesio Oseguera de intentar asesinarlo.

Recientemente, Alfonso Durazo reconoció que, en efecto, el CJNG ya estaba operando en la capital del país; desplazó al cártel Unión-Tepito y otros. Ahora cobran derecho de piso, secuestran, distribuyen drogas y extorsionan.

Cabe preguntar: ¿La incursión del CJNG fue producto de una negociación con el Gobierno federal? ¿Quién o quienes lo autorizaron? ¿Es el CJNG el segundo cártel protegido en México después de Sinaloa?

Todo indica que sí.

La violencia no cesa, a pesar de que el Presidente López Obrador ha dicho que los homicidios vienen a la baja. Dicha violencia de alto impacto se mantiene en todo el país no obstante la militarización que enfrenta el país, la que es considerada histórica, pues ni con Felipe Calderón, quien declaró una guerra al crimen, ocurrió.

Durazo Montaño dejaría la Secretaría de Seguridad con muy malos números. Con 15 cárteles operando en el país, todos ellos con sus respectivas ramificaciones; con un fenómeno de narcopolítica creciente e impune. Ahí está el caso de Daniel Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, investigado por recibir sumas millonarias del cártel de Los Zetas.

En este escenario tan descompuesto sobresalen algunos puntos muy cuestionables: Como ya se dijo, la narcopolítica está intocada; los cárteles operan impunes y nadie los frena; la histórica militarización del país no arroja resultados y, por otra parte, crece la preocupación del Gobierno de Estados Unidos por la falta de resultados en materia de narcotráfico y por la ausencia de una estrategia nacional.

En paralelo, se habla y mucho de que el Gobierno de la Cuarta Transformación está negociando con los grupos criminales. Esto lo había confirmado, hace varios meses, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Dijo, incluso, que las pláticas con los cárteles estaban muy avanzadas.

Sin embargo, el Presidente López Obrador desmintió a Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no pacta con el crimen. Recientemente, Jesús Lemus, quien acaba de publicar el libro El Licenciado –la historia criminal de Genaro García Luna– declaró que el responsable de las negociaciones con el narcotráfico era precisamente Alfonso Durazo.

Si el Gobierno de López Obrador está negociando con grupos mafiosos, sería una buena señal de que el país podría entrar en algún momento en una etapa de pacificación.

La negociación no es una mala estrategia. En realidad el Estado mexicano, con una mayor elasticidad, podría incluso empezar la tarea de legalizar capitales ilegales, legalizar empresas que actualmente están del lado de la criminalidad y, de esa forma, desactivar los cortos circuitos que privan en cientos de regiones del país, donde los cárteles se disputan el control territorial y el boyante negocio criminal.

Pero el Gobierno no ha hecho oficial si negocia o no con el crimen organizado.

Lo cierto es que algo deben estar haciendo para frenar el flagelo de la violencia y esta atroz narcodinámica. Si no hay estrategia clara, entonces el camino ha sido la negociación. Pero no es posible que la política criminal se base en abrazos y no balazos. Esto sería una falta de seriedad absoluta. Si no hay embates contra los cárteles es porque el Gobierno ha sido cuidadoso en hacer prosperar el diálogo con el crimen organizado.

Antes de julio de 2018 tuve la oportunidad de conversar con Alfonso Durazo. Ya había sido anunciado como futuro Secretario de Seguridad Pública. En nuestra charla me consultó sobre el problema de la seguridad, la violencia criminal y los cárteles de la droga.

Le dije que lo que hacía falta era una política integral que incluyera el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado; proceder en contra de empresarios y políticos ligados al lavado de dinero que protegen los intereses del crimen organizado; procesar a gobernadores y exmandatarios estatales que beneficiaron al crimen y crear unidades de combate criminal por regiones que, a su vez, pudieran realizar investigaciones para desmantelar este pernicioso andamiaje tan perturbador. Se trata –le dije– de desactivar todas estas complicidades.

Su respuesta fue clara y creo que bastante honesta: No creo que podamos hacer todo eso –dijo–, el paso importante e inmediato, precisó, es llevar al país a la pacificación.

Con todo esto quedó más que claro que la estructura mafiosa quedaría intocada.