El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, podría revelar si la Reforma Energética fue comprada, o bien si hubo colusión entre empresas y funcionarios públicos para facilitar la obtención de contratos. Desde la entrada en vigor de dicha Reforma, aparte de contratistas de bienes y servicios como Odebrecht y AHMSA, 255 empresas privadas firmaron 286 contratos para explotar al sector energético mexicano. Algunas de ellas podrían caer por corrupción en los próximos meses.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- En los últimos seis años (2015-2020) en México, gracias a la Reforma Energética de 2013, 255 empresas privadas firmaron contratos –aún vigentes– para desarrollar proyectos relacionados con los mercados de hidrocarburos y electricidad, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Dicha reforma, además de algunos beneficios productivos y de competencia económica, como la liberalización de los precios de los combustibles en 2018 y el aumento del grado de inversión privada en los sectores petrolero y eléctrico, trajo consigo negocios por debajo de la mesa.

En palabras de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Reforma Energética dejó un “halo de corrupción en la que surgieron o se beneficiaron empresas privadas relacionadas con funcionarios públicos”.

Un ejemplo de presuntas relaciones con conflicto de interés fue el caso de Guillermo García Alcocer.

El 18 de febrero de 2019, un día antes de la alocución de Nieto Castillo, la SHCP y las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Energía (Sener) emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que el ahora excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estaba relacionado con ocho empresas energéticas.

GARCIA-ALCOCER

El 18 de febrero de 2019, García Alcocer desmintió las acusaciones en su contra por conflicto de intereses. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

Aunque nada fue probado, se supo que dos familiares políticos de García Alcocer estaban asociados, uno con la empresa danesa especializada en tecnología eólica Vestas, y otro con una filial (Santa Fe Natural Gas) de la compañía mexicana Fermaca, que se ostenta como uno de los negocios “más importantes del sector energético mexicano y el segundo operador de infraestructura de transporte de gas natural en el país”.

Con la reciente detención y extradición desde España del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, el Gobierno federal confía en poder utilizar el criterio de oportunidad a cambio de beneficios penales para que Lozoya “cante” –como ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– y provea información útil para desmantelar las redes de corrupción desde el Estado.

“Es muy importante que la Fiscalía [General de la República] haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador, o como testigo protegido”, porque “permitirá aclarar muchas cosas” y “se va a saber si se compró la Reforma Energética”, explicó AMLO en la mañanera del 21 de julio de éste año.

NEGOCIO Y REFORMA

Los cargos y señalamientos en contra de la red de corrupción del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) podrían alcanzar a algunas de las 255 empresas privadas que firmaron contratos energéticos entre 2015 y 2020. De acuerdo con AMLO, hubo sobornos a políticos y legisladores en 2013, para obtener los votos de aprobación de la Reforma Energética. A partir de entonces –ha dicho el Presidente– hubo moches para obtener contratos gubernamentales.

Uno de los casos más representativos es el de la constructora brasileña Odebrecht. La compañía forma parte de las investigaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, quien habría recibido entre 10 y 12 millones de dólares en sobornos (2012) a cambio de facilitar la adjudicación de contratos de Pemex, en el marco de la Reforma.

Otro es Altos Hornos de México (AHMSA). La siderúrgica nacional habría conspirado con Lozoya y otros funcionarios públicos para impulsar la compraventa (2013) de Agro Nitrogenados, una planta productiva en estado chatarra que causó daños al Erario Público Federal por más de 11.6 mil millones de pesos derivados de su adquisición, reparaciones y pasivos, indican datos de las cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las decenas de empresas que contendieron y obtuvieron un contrato para la exploración y/o producción de hidrocarburos en las rondas I (2014-2015), II (2016-2017) y III (2017-2018) de Pemex, destacan gigantes corporativos como Chevron, Exxonmobil, Jaguar, Petrobal, Repsol y Shell.

De acuerdo con la información de la CNH a junio de 2020, 77 compañías habrían obtenido 108 contratos entre 2015 y 2018: 67 para la exploración de pozos, 32 relacionados con proyectos de producción de hidrocarburos, así como nueve para evaluar y desarrollar zonas productivas.

Además de las 77 empresas privadas ligadas a la petrolera mexicana, están 178 compañías que cerraron negocios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre ellas destacan Acciona, Blue Energy and Electricity, CE G Sanborns, Deacero, Iberdrola y Peñoles.

De acuerdo con la información del Cenace a junio de 2020, dichas compañías habrían obtenido contratos para generar (98) y comercializar (23) electricidad, así como para suministrar diversos servicios relacionados y participar del mercado eléctrico nacional (57).

En los apartados “Contratistas (hidrocarburos)” y “El MEM (electricidad)” de la siguiente tabla, usted puede consultar la lista de las 255 empresas privadas que se beneficiaron con la Reforma Energética del sexenio peñanietista.

PRIVADOS, PEMEX Y CFE

Los 108 contratos entre privados y Pemex tienen dos principales modalidades. Una es la provisión de licencias que permiten la extracción y cierto nivel de aprovechamiento, sin derecho de propiedad de los hidrocarburos obtenidos por parte de las empresas; otra es la producción compartida, que no confiere permisos de extracción y/o de aprovechamiento de recursos, pero sí el beneficio de una contraprestación monetaria por los servicios prestados.

Los proyectos energéticos están localizados en áreas terrestres (52), aguas someras (30) y aguas profundas (26),  y tienen una duración contractual de 22 a 35 años con opción de prórroga hasta por 15 años adicionales, siempre y cuando el contratista esté al corriente con sus obligaciones contractuales al momento de concluir el contrato.

Hasta el 1 de junio de 2020, las 77 compañías privadas y Pemex Exploración y Producción invirtieron un monto conjunto total de 5 mil 139 millones 976 mil 841.65 dólares. Dicha cantidad es equiparable al 13 por ciento de la inversión comprometida (40 mil 265 millones 771 mil 223.65 mdd) por privados y públicos, entre 2015 y 2018.

Aunque la mayoría de los proyectos aún está en la fase de implementación del Programa Mínimo de Trabajo (PMT), existen 75 pozos terminados con producción, o bien, más de la mitad (55 por ciento) de los pozos comprometidos al inicio de los contratos. Al respecto, la información oficial indica que sólo uno produce petróleo y que el resto produce aceite y gases (condensado, húmedo y seco).

El PMT implica que las empresas deben de cubrir una cantidad de Unidades de Trabajo (UT) durante el Periodo Inicial de Exploración que dura 4 (y hasta 6) años. Las UT son un indicador que mide el número de operaciones de exploración efectuadas (e.g. la cantidad de metros perforados, diagnósticos y estudios realizados, entre otros). Es decir, miden el avance de las obras de exploración necesarias para pasar a la fase de Actividades Petroleras.

En ese sentido, la información de la CNH indica que hay 20 PMT’s concluidos en 2018 y 2019, de los cuales, cinco no acreditaron el número de operaciones de exploración comprometidas. Dichos proyectos estuvieron a cargo de las empresas Canamex Energy Holdings, Cepsa E.P. México, Oleum del Norte, Pemex Exploración y Producción, además de Total E&P México. El avance de las compañías en su plan de trabajo fue de cero al seis por ciento de las actividades que debían de ser efectuadas en la primera fase de sus respectivos proyectos energéticos.

En contraste, los 15 proyectos restantes tuvieron un cumplimiento total de las UT comprometidas por contrato, con índices de cumplimiento de 100 a 134 por ciento.

Además de estos 20 casos, hay 16 proyectos cuya primera fase de exploración deberá concluir en 2020. De ellos, dos –a cargo de las empresas Grupo Mareógrafo y Tonalli Energía– presentan 100 por ciento de avance y el resto, de cero a 13 por ciento.

En el caso de las 178 compañías que cerraron negocios con la CFE, los datos disponibles de la Sener indican que algunos de los propósitos de la Reforma Energética, pese a los avances habidos, no han sido cumplidos hasta el momento. Tal es el caso de uno de los principales objetivos de la reforma: reducir los costos de los recibos de la luz.

Entre julio de 2016 –cuando fueron firmados los primeros contratos– y julio de 2020, por ejemplo, las tarifas por servicio doméstico de electricidad (básico, intermedio y excedente) fueron al alza en seis puntos porcentuales. Dicha información puede ser consultada en el apartado “Tarifas por servicio doméstico” de la tabla adjunta en éste texto.

Otra de las principales promesas de la Reforma Energética fue impulsar la generación de energía eléctrica a nivel nacional. Sin embargo, las cifras del Gobierno federal indican que éste indicador fue a la baja.

Entre 2016 y 2019, la generación total –que incluye la producción de CFE, privados y permisionarios– cayó 60 por ciento, al pasar de 317 mil 913.01 GWh a 128 mil 167.90 GWh.