Phoenix, 26 Feb (Notimex).- Agentes del Departamento de Policía de Tucson dejarán de preguntar el estatus migratorio a personas que han sido víctimas de algún crimen o son testigos de delitos, según las nuevas directrices de esa corporación en materia migratoria.
Las nuevas directrices reconocen explícitamente que “la mera presencia no autorizada en Estados Unidos no es un delito”, por lo que sólo las autoridades federales pueden pedir ese tipo de información.
El cambio se produce luego que el Departamento de Seguridad Interna emitió nuevos lineamientos sobre quién es una prioridad para la deportación.
Los cambios se dieron como consecuencia de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, y colocan como prioridad de deportación a inmigrantes con antecedentes delictivos o sospechosos de terrorismo.
“El cambio en las prioridades federales en noviembre sirvió de base para nosotros, para volver a evaluar las directrices generales”, afirmó Mike Rankin, asesor legal del gobierno de la ciudad, en declaraciones a la prensa local.
Explicó que los agentes de policía de Tucson sólo investigarán el estatus migratorio de una persona si, tras la verificación de antecedentes, encuentra que su caso corresponde a una de las prioridades federales identificadas para la deportación.
Las nuevas directrices podrían colocar a los agentes de policía de Tucson en desafío de la previsión de la ley estatal SB 1070, que ordena revisar el estatus migratorio de una persona, si se sospecha que ésta se encuentra en forma indocumentada en el país.
Rankin sostuvo que la adopción de las nuevas directrices no se hizo a la ligera y “sentimos que son defendibles”.
