Los enfrentamientos que el Ejército ha emprendido durante sus operativos en las calles han dejado miles de muertos. Datos oficiales muestran que la entidad con mayor número de estos incidentes durante la guerra contra el narcotráfico ha sido Tamaulipas. El uso de los fusiles no aplacó al crimen organizado entonces; diputados y activistas sostienen que tampoco lo hará si se aprueba la Ley de Seguridad Interior. Alegan que legislar en la materia abrirá las puertas a más enfrentamientos. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional suman 3 mil 921 en los últimos 10 años entre personal militar y presuntos agresores. ¿En qué lugares hubo más intercambios de fuego durante la guerra contra el narcotráfico?

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– En una década, 247 militares han sido abatidos en agresiones recibidas por parte de particulares. Por otra parte, al menos 3 mil 907 civiles (o presuntos agresores) cayeron bajo el fuego castrense, entre 2007 y abril de 2014, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenida vía transparencia.

El 11 de diciembre de 2006 el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un operativo de seguridad en el estado de Michoacán. Este sería el inicio de un fuerte despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico.

A partir de entonces el Ejército se ha involucrado en miles de enfrentamientos con particulares. Entre enero de 2007 y diciembre de 2016 la Sedena reporta haber recibido 3 mil 921 agresiones.

¿En dónde sucedieron?

¿Sirvieron estos enfrentamientos para traer la paz? Édgar Cortéz Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) sostuvo rotundamente que no.

“No estamos viendo que haya un diagnóstico y una evaluación de los resultados que han pasado con estas acciones de las Fuerzas Armadas y descabezamiento de cárteles. Parecería que sólo hay una obstinación de seguir haciendo lo mismo, y es obvio que no se pueden obtener resultados diferentes. Por eso nuestro debate de la Ley de Seguridad Interior en el que debemos usar la evidencia para ver y valorar”, dijo.

Seis iniciativas de Ley en la Cámara de Diputados buscan convertirse en un dictamen de Seguridad Interior que deberá ser analizado por la Comisión de Gobernación de ese órgano legislativo. Las iniciativas buscan reglamentar los operativos del Ejército para realizar tareas de seguridad en las calles.

En los últimos 10 años no hubo un estado con mayor número de enfrentamientos entre el Ejército y particulares que Tamaulipas; el 43 por ciento del total de esta clase de altercados en el país.

En enero y febrero de 2007, Tamaulipas reportó 20 y 15 averiguaciones abiertas, respectivamente. Diez años más tarde, y mil 706 enfrentamientos en la entidad de por medio entre fuerzas armadas y particulares no hicieron la diferencia. En el 2017, los mismos meses reportaron 45 y 49 carpetas por este delito.

Asimismo, a diez años del inicio de la guerra en Tamaulipas siguen operando el Cártel del Golfo y Los Zetas, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.

“Los datos e informaciones muestran de nueva cuenta que con el cambio de Gobierno parece que se da el reacomodo y tenemos una curva al alza de la violencia”, dijo Cortez.

El 22 por ciento de las agresiones recibidas por el Ejército en Tamaulipas sucedió en Nuevo Laredo; otro 19 por ciento en Reynosa, y un 12 por ciento en Matamoros.

El 1 de octubre Francisco Cabeza de Vaca tomo protesta de Tamaulipas, para ser el primer Gobernador de Acción Nacional (PAN) y oposición en la entidad. El otrora Senador promueve hoy la aprobación de una Ley de Seguridad Interior. Y con ese fin habría visitado la tarde de este miércoles la Cámara de Diputados.

El PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueven este marco regulatorio, sin que sea la solución, refieren diputados de oposición. El vicecoordinador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín ha declarado que será aprobado antes del 30 de abril, durante el actual periodo de sesiones.

“En tiempo de paz las fuerzas armadas no pueden hace labores ajenas a las disciplina mili tar. De tal manera que una Ley a posteriori [de la guerra contra el narcotráfico] no nos va a beneficiar en nada. Al contrario adolece de mucha técnica legislativa, establece un estado de excepción miniatura, distinto a la suspensión de garantías que marca la Constitución”, dijo el Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo del partido Movimiento Ciudadano (MC).

¿DÓNDE SE ENFRENTA EL EJÉRCITO?

Después de Tamaulipas, es Nuevo León la entidad que registró mayores incidentes entre particulares y el Ejército.

En los últimos 10 años, 404 casos se han suscitado en Nuevo León; el 10 por ciento del país. Sólo Monterrey ocupó el 19 por ciento de los casos en la entidad.

Las bancadas que se oponen a la reglamentación de la Ley de Seguridad Interior han hecho hincapié en la perdida de credibilidad del Ejército,

La encuestadora Buendía&Laredo publicó recientemente una encuesta de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. El 48 por ciento de los encuestados aseguró depositarla en la Marina Armada y el 33 por ciento en el Ejército.

“Si ustedes se fijan, en los últimos enfrentamientos no hay heridos y hay puros muertos [en referencia al país]. Con una Ley de Seguridad Interior creo que se van a incrementar los enfrentamientos. No estamos en contra del Ejército, pero la ciudadanía en quién cree más es en la Marina”, dijo Alfredo Basurto Román , Diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En tanto que 3 mil 907 presuntos agresores fueron abatidos por el Ejército entre 2007 y el 2014 (a partir de entonces la PGR tomó el conteo y no la Sedena) , los castrenses han aprehendido y puesto a disposición de ministerios públicos a 3 mil 83 personas, de acuerdo con una respuesta obtenida vía transparencia por SinEmbargo.

Una iniciativa de organizaciones civiles llamada “Sin militarización” ha surgido con el fin de hacer ver a los políticos que sacar a las fuerzas armadas a las calles no es la solución a la inseguridad.

“Lo más fácil es hacer como el Gobernador [Cabeza de Vaca] y pedir a la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto sigue y no hay ningún costo. México es un Estado fallido donde el crimen y la delincuencia organizada están gobernando. Y ningún político quiere pagar el costo por haber sido incapaces e ineptos para profesionalizar a las policías, la justicia, el combate a la corrupción, la vigilancia ciudadana”, dijo Cortez.