Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Las organizaciones Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C. y Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, afirmaron que las entidades y el Gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, tienen serios problemas de sobreejercicios en cuanto a lo que destinan para propaganda institucional, en tanto que aseguraron que no hay voluntad política para realizar un marco regulatorio.
Sostuvieron que los gastos millonarios, el déficit de información detallada y confiable, la impunidad y posibles actos de corrupción son las características que rigen el uso de la publicidad oficial en todo el país.
Los casos específicos desglosados en el informe “Libertad de Expresión en Venta” señalan que detrás del gasto en publicidad oficial existe también una discrecionalidad de recursos que sirve para premiar o castigar medios de información.
Así lo afirmó Adrián López, director del diario Noroeste, quien al explicar el caso de Sinaloa en el que el Gobierno de Mario López Valdés da a conocer menos de lo que gasta.
“La discrecionalidad es monstruosa. La opacidad es monstruosa”, sostuvo.
O por ejemplo el caso de Puebla, en donde el Gobernador Rafael Moreno Valle se promociona de manera ilegal y no solo en su entidad.
Al respecto Ernesto Aroche, director de Lado B, expuso que “no le ha costado nada violar la ley, con la idea de fijar su imagen en los votantes”.
En total durante 2013, se documentó un total de 13 mil 640 millones de pesos entre el gasto de 27 entidades y le gobierno federal.
Sólo en el primer año de gobierno, Enrique Peña Nieto gastó mil 987 millones más que Felipe Calderón en el mismo periodo y 3 mil 875 millones más que Vicente Fox.
En una época de austeridad financiera, la publicidad oficial representa un derroche de recursos públicos que, sin reglas, beneficia a unos cuantos y obstaculiza la pluralidad.
En ese sentido, Aleida Callejas, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia, mencionó que podría hablarse de una violación a derechos sociales, pues si se está recortando presupuesto o están aumentando el número de pobres “cuánto significaría en términos de educación” los recursos a la publicidad oficial.
Callejas explicó que la publicidad oficial es utilizada como forma de incidir y se ha convertido en una forma de violar la libertad de expresión.
Por su parte, Wilbert Torre, periodista y autor de El Despido, afirmó que la “danza de miles y miles de millones de pesos tiene efecto en la consolidación de la democracia mexicana, en el equilibrio y pluralidad”.
Artículo 19 y Fundar concluyeron que han sido pocos los avances en el acceso a la información y el uso racional de los recursos destinados a publicidad oficial y que no existe la voluntad política para que el tema se convierta en una prioridad de los poderes legislativo y ejecutivo.
David Mora Vera, oficial adjunto del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, refirió que esto se debe a una especie de status quo, debido a que al no haber regulación se beneficia tanto a medios como a la clase política, lo que puede ser un “efecto nocivo” en cuanto a la libertad de expresión y de información.
“El tema es que tiene el potencial de censurar indirectamente, es un juego de poder complejo de gobierno medios, les conviene tener medios complacientes, lo pueden obtener a través de la publicidad oficial, a la vez los medios tiene una fuente de ingresos muy buena a través de la publicidad oficial, dijo.
Mora Vera explicó ayer a SinEmbargo que debe haber una ley que incluya a una instancia que apoye la contratación de pauta gubernamental, porque a veces está tan corrompida la publicidad que es difícil saber “dónde empieza la propaganda del gobierno y dónde el hecho noticioso, lo que causa muchos prejuicios a la democracia y a libre transición de la información”.
Artículo 19 y Fundar señalaron que en cuestión de transparencia y rendición de cuentas, la comunicación social pasa por “una crisis mayor en estos rubros” y consideraron que el panorama no va a cambiar hasta que no exista un mecanismo de regulación y rendición de cuentas respecto a la publicidad oficial y en ese sentido el Congreso está en deuda con los ciudadanos al no legislar a favor.
EL GASTO EN PUBLICIDAD OFICIAL
En 2013, 27 entidades destinaron 5 mil 639 millones de pesos en gasto a publicidad oficial, mientras el Gobierno federal destinó 7 mil 611 millones de pesos. Los estados superaron 1.4 veces más los recursos de lo que tenían presupuestado para 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto lo superó en 48.8 por ciento.
Sin embargo, en los dos años de gobierno de la administración actual se han erogado en total 14 mil 663 millones de pesos para esta área, pese a que desde el 13 de julio de 2012 el Presidente se comprometió a regular la publicidad oficial.
Respecto a la distribución de recursos por tipo de medio, destaca el presupuesto que el Gobierno federal destinó a empresas de televisión como Televisa y TvAzteca, empresas que concentraron el 83 por ciento del total de dinero gastado por las dependencias federales en publicidad oficial en 2014, sumando en conjunto más de mil 779 millones de pesos.
La televisión, en el caso de los estados, ocupó el segundo lugar como medio de comunicación al que mayor presupuesto público se le asignó con un mil 029 millones de pesos, el 30 por ciento del total destinado, en 2013.
En total para esta edición del informe Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial, tres estados no respondieron ni entregaron información alguna frente a las solicitudes (Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas). De los estados que sí otorgaron información, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua destacan como los que más ejercieron recursos para esta área.
Casi el 50 por ciento de los 27 estados analizados gastaron más de los presupuestado para 2013, sólo nueve ejercieron menos recursos y 3 se mantuvieron en los mismos niveles que el índice anterior. En términos absolutos, se excedieron por mil 688 millones de pesos el presupuesto inicial.
