Aunque desde 2015 la Secretaría de Defensa negó la participación del Ejército en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, información de la Comisión para la Verdad creada para resolver este caso ha desmentido, por lo que familias mantienen desde 2014 su exigencia por sancionar a los militares involucrados.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– A ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el otro gran pendiente de las autoridades federales, además de dar con el paradero de los jóvenes, es esclarecer hasta dónde llega la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos y sancionar a los integrantes involucrados. En ello coinciden organizaciones que acompañan a las familias de los jóvenes en su búsqueda por justicia.
Los reclamos sobre la impunidad con la que se condujo el Ejército en la llamada noche de Iguala crecieron los últimos días durante las protestas encabezadas por familiares de los estudiantes en la Ciudad de México. Los padres y madres de los jóvenes desaparecidos han dejado claro que obtendrán justicia hasta sancionar a los responsables de las Fuerzas Armadas.
Las protestas realizadas en días recientes en la sede la Fiscalía General de la República (FGR) y el Campo Militar No. 1, mismas que fueron reprimidas y dejaron a policías y militares lesionados, fueron la antesala de las manifestaciones convocadas para hoy en distintos puntos el país para exigir justicia a ocho años de un crimen que la propia Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ), califica como un crimen de Estado.
“Fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos”, reclamó el 23 de septiembre Mario González, padre de uno de los estudiantes afuera del Campo Militar No. 1, ubicado en la Avenida Ejército Nacional de la Ciudad de México.
Mensajes telefónicos testados divulgados por la Comisión, apuntan a que hubo soldados que manipularon y habrían ocultado restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. La semana pasada, el diario Reforma, difundió información de una versión íntegra del texto, misma que afianza esa versión.
De acuerdo con el informe, fueron militares quienes habrían ordenado asesinar a algunos de los 43 jóvenes, también los señaló como responsables de manipular y esconder partes de sus restos.
“Hay prueba de que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, algunos fueron torturados y asesinados ahí y otros fueron sacados de ahí para entregarlos a Guerreros Unidos”, recordó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos, en la protesta del 23 de septiembre frente al Campo Militar 1.
Datos de la CVAJ también apuntan a que seis de los estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega algunos días y presuntamente entregados a José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado su ejecución. El Subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, confirmó el 15 de septiembre su detención por estos hechos.
Con el paso de los años las omisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han quedado claras. El último informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, publicado el 18 de agosto, muestra que la dependencia informó hasta después de varios días de un mensaje anónimo que recibió donde se alertaba del paradero de los seis estudiantes.
“A los estudiantes de la normal los mantienen dentro de una bodega la cual es grande de concreto techo laminado y cortina metálica la cual se ubica en ‘pueblo viejo’ entrando a la colonia Guadalupe”, se leía en el mensaje recibido por la Sedena el 30 de septiembre, de 2014, cuatro días después de la desaparición forzada de los jóvenes. Aunque se proporcionaron indicaciones para llegar a lugar, la dependencia informó del mensaje días después, hasta el 2 de octubre.
“Hay mucha información, ¿por qué [los militares] no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?”, cuestionó Joaquina García, mamá del estudiante Martín Getsemany, durante las protestas de la semana pasada.
A ello se suma que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, confirmó desde el mes pasado que la Sedena ordenó al soldado Julio César López Patolzin infiltrarse en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”de Ayotzinapa para documentar las acciones de los estudiantes. Los reportes del soldado terminaron el día de la desaparición de los 43, pero la Sedena no actuó para dar con su paradero como lo marca su Protocolo para Militares Desaparecidos, lo que hubiera permitido proteger al soldado y hallar a los normalistas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan resaltó en un comunicado la importanciade sancionar penalmente a las jerarquías militares relacionadas con el caso Ayotzinapa y por su negativa al proporcinar desde el inicio la información con la que contaban, como videos, fotografías, audios y testimonios.
“El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista”, mencionó la organización que acompaña a las familias de los estudiantes desaparecidos desde 2014.
📌"Fue el ejército" | @Tlachinollan | 👀 A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los 43. Lo peor es que el ejército participaron directamente en la desaparición
👉 https://t.co/0ZcCpmbXf9 pic.twitter.com/WFCBPap0L1— Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) September 25, 2022
LAS SANCIONES PENDIENTES
Aunque en 2015, Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseguró que el Ejército no tuvo responsabilidad en el caso Ayotzinapa ni por acción ni por omisión, los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad han demostrado lo contrario. Pese a ello, el propio Cienfuegos no enfrenta algún proceso penal por los hechos.
El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles, como demandaban los padres y madres de los normalistas, sino que también advirtió que no iba a permitir investigaciones a integrantes de las Fuerzas Armadas. Incluso en octubre del 2015, cuando la Marina manipuló el basurero de Cocula –según se sabe por información de la CVAJ– el General Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los estudiantes.
“Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del Ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa”, demandó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado reciente.
Además de la detención del comandante José Rodríguez Pérez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de otros tres militares presuntamente involucrados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición, pero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que también acompaña a la familias de los normalistas, ha alertado que el número de militares detenidos causa extrañeza.
La organización recordó que la FGR notificó en agosto pasado la existencia de órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 órdenes de aprehensión que se habían girado a autoridades y civiles involucradas en los sucesos. “¿Qué ha pasado con las otras órdenes de aprehensión?”, se cuestionó.
Las dudas sobre si los militares serán sancionados han crecido en los últimos días, luego de que documentos publicados por el diario El País revelaran que la FGR retiró órdenes de detención contra al menos 21 militares supuestamente involucrados.
Esta mañana, a ocho años de la desaparición de los normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los padres de los jóvenes y reiteró su intención por revelar toda la información a la que ha tenido acceso la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa aunque, dijo, “la verdad es mucho muy dolorosa”.
Familiares, colectivos y organizaciones civiles convocaron a la ciudadanía a protestar este 26 de septiembre para exigir justicia, por lo que se prevé que miles de personas se congreguen desde las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para marchar rumbo al Zócalo, frente a Palacio Nacional.
