Ciudad de México, 27 de feb (SinEmbargo).– No sólo analistas y/o periodistas: usuarios de redes sociales –como Twitter y Facebook–, así como ciudadanos que utilizan los foros abiertos de los medios de comunicación digitales, han levantado lo que parece una sola voz: que sin el arresto y consignación de Carlos Romero Deschamps, Senador del PRI y líder del sindicato petrolero, la detención de Elba Esther Gordillo parece más un juego político para dar legitimidad al gobierno de Enrique Peña Nieto.

También enumeran a otros dirigentes, la mayoría miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que como Elba Esther Gordillo llevan décadas enquistados en el poder.

“Yo le voy a creer al gobierno si cae Carlos Romero Deschamps. Si no, es puro pedo. La señora Elba Esther Gordillo no era del PRI, y hasta candidato tuvo en 2012: Quadri. Si no van contra el corrupto Senador priista NO LE CREO NADA al Gobierno. Sólo está tratando de legitimar a Peña Nieto, pero con acciones maquilladas. ¡¡¡CÁRCEL PARA CARLOS ROMERO DESCHAPS O NO CREEMOS NADA!!!”, dijo un usuario identificado como Camilo Cienfuegos en el Foro SIN RESTRICCIONES de SinEmbargo.

Otro usuario, Pedro Nuñez, agrega: “¿Cuanto dinero del sindicato no iba a parar a las campañas del PRI?”

Jesús Robles Maloof (‏@roblesmaloof), escribió en su cuenta de Twitter: “El gobierno de Peña Nieto detiene a Elba Esther, pero a RomeroDeschamps le entrega 500 millones de pesos”.

Y ya en el ámbito partidista, el PAN exigió en un comunicado ir “contra Carlos Romero Deschamps y los ex gobernadores Humberto Moreira y Andrés Granier”.

La siguiente es una lista de algunos de los líderes sindicales más cuestionados, durante décadas, por los mexicanos…

CARLOS ROMERO DESCHAMPS

Es uno de los priistas con mayor trayectoria y milita en su partido desde los 18 años. En 1996 fue designado dirigente interino Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), siendo electo al año siguiente.

Actualmente se encuentra en su tercer periodo como líder sindical, gestión que concluye hasta 2018.

En 2001 salió a la luz el escándalo del “Pemexgate”, acción con la que se realizó el desvío de recursos de 500 millones de pesos a la campaña presidencial priista del 2000, encabezada por Francisco Labastida Ochoa, y que le valió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) una sanción por mil millones de pesos impuesta por el IFE. Gracias a que Romero era Diputado, se encontraba protegido por el fuero constitucional. En 2011 se declaró prescrito el delito de peculado electoral en su contra por estos hechos.

De nuevo la polémica giró a su alrededor, cuando recientemente aceptó que recibió 500 millones de pesos supuestamente para vivienda, pero no supo decir en cuál proyecto se aplicaron, cómo, o en dónde.Ha sido señalado por la opacidad que gira en torno a las cuentas del sindicato -en especial por cobro de cuotas y los recursos que la paraestatal le destina-, la opulencia con la que vive pese a ganar poco más de 24 mil pesos mensuales y los lujos que ostenta su familia.

JOEL AYALA ALMEIDA

Es dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) desde hace más de 14 años y acaba de ser reelecto para el periodo 2013-2019. La organización

bajo su mando está conformada por 86 sindicatos que representan a más de un millón y medio de trabajadores, a quienes les prometió mejorar su calidad de vida al dotarlos de mayores créditos para vivienda y automóviles. También se desempeña como Senador por el PRI.

Ha ocupado diversos cargos públicos, caracterizándose por sus faltas. Como Diputado durante el periodo 2006-2009 sobresalió por ser uno de los legisladores que menos asistió a las sesiones y que presentó pocas iniciativas. Ya como Senador, en diciembre de 2012 fue captado mientras organizaba más de 100 fotografías en plena sesión.

En 2005 fue acusado por el sindicato de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de presunto desvío de recursos para formar un sindicato alterno con trabajadores de base de la misma dependencia.

En 2012 negoció un bono por el cambio de gobierno y un estímulo de fin de año para un millón 120 mil trabajadores.

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

Mejor conocido como “Napo”, es dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana desde el año 2000, ciando heredó el poder de su padre. De acuerdo con Proceso, Gómez Urrutia jamás ha sido minero. Estudió economía en la UNAM y posgrados en las universidades de Oxford y Berlín.

Según los disidentes, los estatutos sindicales indican que debía al menos tener cinco años como trabajador de minas, por lo que era inelegible.

Exiliado en Canadá desde 2006, luego de que el gobierno de Vicente Fox Quesada, primero, y el de Felipe Calderón Hinojosa, después, lo acusaron de diferentes delitos –entre ellos el desvío de 55 millones de dólares del gremio minero a sus cuentas personales–, el dirigente se encuentra prófugo. Incluso las autoridades mexicanas solicitaron en 2009 a la Interpol la activación de una ficha roja contra el líder minero.

Recientemente, la cooperativa minera Veta de Plata acusó al dirigente de manipular los estatutos de la organización gremial para crear la figura de presidente vitalicio.

JOAQUÍN GAMBOA PASCOE

Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México desde 2005.

En 2009 El Siglo de Torreón informó que  la riqueza del dirigente “es una de las debilidades de la central obrera, cuyas finanzas han mermado”, esto según datos del análisis de un especialista en temas sindicales que circulaba en la organización gremial.

El rotativo señaló que los orígenes de la riqueza del líder sindical -quien nunca ha sido obrero- se remontan a la construcción y distribución de viviendas de interés social. En 14 años promovió la edificación de 50 mil hogares del Infonavit.

Ha sido cuestionado por la prensa por sus finos casimires, costosos relojes y autos de lujo, a lo que él ha respondido: “A mí nunca me verán en huaraches”.

VÍCTOR FLORES MORALES 

Dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde hace más de 17 años. A sus 73 años, en noviembre de 2012 fue electo para un nuevo periodo de seis años. El gremio bajo su mando es considerado el que cuenta con más número de “charros”.

En una revisión que llevó a cabo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) el 4 de octubre de 1996, se encontró que había un faltante preliminar de más de 32 mil millones de pesos en las reservas técnicas de la Sociedad Mutualista Previsión Obrera y se levantó un acta en la que se indicó que hasta diciembre de 1995 el sindicato había sacado de la sociedad más de 22 mil millones de pesos mediante préstamos, algunos dedicados a apoyar campañas priístas.

En junio de 2001, el ex dirigente Enrique Oropeza aseguró que Flores Morales se había convertido en inversionista con el dinero del pago de pensiones, luego de que un año antes habría tomado unos 500 millones de pesos de ese rubro para comprar acciones de Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM).

La prensa indica que también cuenta con una gran fortuna.

VÍCTOR FUENTES DEL VILLAR

Líder del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), que aglutina a 64 mil trabajadores. El año pasado fue reelecto para otro sexenio.

Según información del 2009 del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), el sindicato obtiene anualmente 343.2 millones de pesos, entre cuotas sindicales y beneficios alcanzados contractualmente, de los cuales 157 millones de pesos anuales se desconoce el destino final. Además, los sindicalistas cuentan con grandes beneficios.

Ha sido acusado de permitir que las empresas contratistas operen a su antojo (sobre todo tras el cierre de LFC en octubre de 2009) y de llevarse un porcentaje del 2 por ciento de la cláusula por desplazamiento laboral.

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

Secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana desde 1976.

El grupo opositor Red Nacional Telefonista lo ha acusado de nepotismo, de querer perpetuarse en el sindicato y de haber pedido cuentas sobre las cuotas de los trabajadores (370 millones de pesos cada año). Por su parte, la Corriente Nacional de Telefonistas por la Democracia denunció que a partir de la privatización de Telmex, Hernández Juárez presuntamente acordó con la empresa no cubrir las vacantes naturales generadas por jubilación, defunción, renuncia, pases de confianza y despidos por diez mil plazas en 1999, además de la desaparición de cinco mil puestos de trabajo.

En 2009 La Jornada publicó que el dirigente modificó la cláusula décima del contrato colectivo de trabajo de Telmex y estableció un plan de jubilación diferente para quienes ingresaran después del 25 de abril de ese año.