Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- México debe desarrollar instituciones y capacidades que reconozcan los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y legalicen la migración al país, pues de lo contrario podrían victimizarse aún más los migrantes que cruzan por la frontera sur, dijo Andrew Selee, vicepresidente de Programas del Woodrow Wilson Center for International Scholars (WWICS).

En el marco de la presentación del informe Pensando al Nivel Regional para Competir al Nivel Mundial: Aprovechando las Migraciones y el Capital Humano en EU, México y América Central –que analiza las oportunidades para estos países en materia migratoria y el cambio de patrones que se ha vivido en los últimos años-, Selee explicó que de aprobarse la reforma migratoria que se discutirá a mediados de año en el Senado de Estados Unidos, México podría endurecer aún más su frontera sur.

“México no debe imitar a Estados Unidos para tener una política fronteriza, tiene que innovar para tener la suya. Yo creo que ahí requiere de capacidades que no tiene el gobierno mexicano pero que necesita desarrollar, como separar a la gente que viene a trabajar para que tengan acceso legal y que no son parte del flujo de paso que se trata de parar”, dijo.

El país tiene como reto contar un régimen de control de la frontera Sur a través de un servicio migratorio profesional, basado en conceptos de derechos humanos y procesarles, explicó.

“Si México empieza a endurecer la frontera sur sin tener las instituciones y procesos adecuados, habrá más victimización de los migrantes y será una mancha al exterior y ante sus propios ciudadanos”, detalló.

De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), anualmente ingresan al país 150 mil centroamericanos, pero organismos de la sociedad civil aseguran que son 400 mil.

La mayor parte de estos migrantes buscan cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos, pero hay un porcentaje menor que trata de obtener un permiso o una visa.

En su paso por el país, los migrantes son víctimas de secuestro, violaciones y asesinato del crimen organizado, ante un Instituto Nacional de Migración (INM) que carece de éxito como institución gubernamental para protegerlos.

Solo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó, para uno de sus estudios, en un periodo de seis meses 214 eventos de secuestros, de los cuales se desprendieron 11 mil 333 víctimas.

“Uno de los dilemas de los derechos de los migrantes es justo que ellos son de los más débiles para poder reclamar sus derechos. Existen violaciones de sus derechos aún con instituciones fuertes como en Europa o en Estados Unidos porque no están en posiciones de apelar”, dijo Selee.

En México, subrayó, se necesita generar canales legales de migración con Centroamérica.

“Para los que van y vienen. Hay muchos guatemaltecos que vienen en temporadas a trabajar a México y se regresan a su país. No se había puesto atención hasta que nos enteramos de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, pero aun así, no hemos visto hasta ahorita el nivel de atención para que México invierta en instituciones fuetes y basadas en derechos humanos”, dijo.

Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), agregó que el tema migratorio, que hoy se discute en el país anglosajón, no será exitoso si México no participa en el proceso regulando los flujos migratorios.

“El país debe tener una función distinta a sólo ser un actor pasivo en el proceso. Debe convertir esta potencial Ley Migratoria en una plataforma conjunta con los Estados Unidos y Centroamérica”, explicó.

OPORTUNIDADES PARA LA MIGRACIÓN

De acuerdo con el informe en el país anglosajón hay cerca de 14.3 millones de inmigrantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras en Estados Unidos, lo que representa más de un tercio de su población total nacida en el extranjero.

Pero, según los analistas, el flujo de migrantes se ha reducido, tanto por los cambios demográficos, económicos y sociales en los países de origen, como por efecto de la recesión de 2008 y el aumento de la vigilancia fronteriza y al interior de Estados Unidos.

“La inmigración ilegal neta de México ha estado en cero o cerca desde 2007, al igual que la inmigración neta total de México desde el año 2010”, dijo Doris Meissner, directora del Programa de Política Migratoria de Estados Unidos (MPI).

La investigadora planteó que la reforma migratoria que discuten los legisladores estadounidenses tiene una amplia posibilidad de concretarse y que los cambios que se realizarán beneficiarán a los inmigrantes que buscan legalizarse.

“Esta reforma ha sido diseñada de una manera muy inclusiva. Las personas tendrán la oportunidad de registrarse ante el gobierno para trabajar legalmente”, detalló.

Meissner opinó que esta reforma migratoria es muy posible debido al momento que vive Estados Unidos y al impacto político que tiene este segmento de la población en ese país. Fundamentalmente como uno de los factores principales para la reelección de Barack Obama en la Casa Blanca.

Demetrios Papademetriou, presidente del MPI, dijo que de darse la reforma beneficiará a los migrantes no sólo para emplearse como mano de obra en el país anglosajón, sino también a los profesionistas.

“El supuesto antiguo de que la región cuenta con una interminable oferta de trabajadores con menor nivel educativo que se van a los Estados Unidos, se está volviendo cada vez menos preciso cuando se trata de México. En los próximos años es probable que también se vuelva menos preciso primero para El Salvador y gradualmente para Guatemala”, dijo.

DIPUTADA PIDE DEFENSA DE MIGRANTES EN EU

Con la reforma migratoria estadounidense en puerta, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina, realizó un viaje la semana pasada a las ciudades de Los Ángeles, California y Washington D.C., donde se reunió con organizaciones de migrantes mexicanos.

La legisladora informó a través de un comunicado de prensa, que a su regreso, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicar cuál será el papel que deben desempeñar los más de 50 consulados en Estados Unidos para proteger a los migrantes, porque “hay un silencio preocupante de las autoridades mexicanas”.

García Medina dijo que entre las preocupaciones que le expresaron los mexicanos en el país anglosajón fue la obligación que por ley tienen los cónsules mexicanos de ser garantes de la defensa de sus derechos humanos.

La perredista reconoció que con la aprobación del proyecto de Reforma Migratoria por el Comité Judicial del Senado de Estados, México estará obligado a enfrentar nuevas situaciones.

Amalia García destacó en su comunicado que la Comisión que encabeza trabaja para que en el Presupuesto de Egresos 2014 se considere un monto mayor para las oficinas consulares, a fin de que cuenten con los recursos financieros necesarios.