Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Las cúpulas de la iniciativa privada en México lanzaron ayer su “Código de Integridad y Ética”, como una medida para evitar la corrupción en su ámbito, y en el que exhortan a las empresas y a los empresarios a no hacer donaciones a los partidos políticos ni a las campañas proselitistas para evitar cualquier conflicto de interés.

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que este documento de 12 puntos, representa un marco que ofrece nuevas y mejores prácticas en el manejo de riesgos en materia anticorrupción, y destaca la responsabilidad social y necesidad de las empresas de participar como actores en la resolución de los problemas de México.

Entre los lineamientos, el CCE plantea que las empresas eviten aportaciones o donativos a partidos políticos, campañas electorales y a cualquier persona física o moral, asociación, organismo, sindicato o cualquier otro tipo de entidad pública o privada, relacionados con actividades políticas, ya sea en México o cualquier país.

Establece que las empresas deberán respetar las preferencias y militancias políticas de sus colaboradores, dentro del marco que fijen las leyes de la materia, sin interferir o restringir la participación de sus colaboradores.

También exhorta a tener políticas, procedimientos y controles verificables para establecer sanciones derivadas del incumplimiento de las políticas que eviten el soborno, corrupción, colusión, cohecho o cualquier acto que implique un pago en dinero o especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas.

Sugiere que los negocios cuenten con un órgano responsable de establecer, implementar y vigilar el cumplimiento de las políticas para evitar soborno, corrupción, colusión, cohecho o cualquier actividad ilícita.

Los 12 principios del Código de Ética son: prohibición a la corrupción, transparencia, integridad en las inversiones, integridad en las relaciones de negocios, prohibición de aportaciones con fines políticos, libertad en la participación política, controles de verificación, responsabilidad política, honestidad empresarial, desarrollo de programas de cumplimiento, comunicación interna y confiabilidad, y por último, fomento a la cultura de la integridad y transparencia en los negocios.

Busca ser un instrumento que permita a las empresas a prevenir y eliminar la corrupción, así como una postura intolerante hacia actos de soborno, cohecho y de corrupción, y de manera positiva, contribuir a mejorar los estándares de veracidad, integridad, ética y honestidad en toda relación de negocios y en su desarrollo empresarial.

El documento plantea que promover estos principios es un acto de autocorrección por parte del sector privado mexicano ante los recientes hechos de conflictos de interés, en donde empresas se han visto relacionas en actos de colusión y corrupción con funcionarios de alto nivel del Estado mexicano, y reconoce que parte del problema también se encuentra en el sector empresarial.

En este sentido, empresarios y representantes de cámaras y asociaciones empresariales y financieras hicieron un llamado a las autoridades del gobierno federal para que hagan un esfuerzo semejante ante la sociedad, en especial con la aprobación de la Ley Anticorrupción por parte del Congreso de la Unión.

En las últimas semanas, se han hecho públicos una serie de casos en los que se han visto involucrados el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por la compra de casas a contratistas del gobierno, principalmente a Grupo Higa.

“Se requiere un fortalecimiento del Estado mexicano. Hay una imperiosa necesidad de la renovación de los mexicanos dentro de la vida pública en el país. En la tarea de reformar al país no hemos sido capaces de poner en marcha la regeneración de la vida pública y una cultura de la legalidad”, afirmó, y expuso que dichas prácticas tan enraizadas entre estos integrantes de la sociedad mexicana deben terminar.

LA CORRUPCIÓN ES EL TEMA

Durante el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), México se ubicó en el lugar 55 del índice de Competitividad Mundial 2013-2014 debido a que la corrupción y el crimen son los principales factores que obstaculizan el clima para hacer negocios dentro del país, quedando detrás de este rubro la burocracia, los impuestos, el acceso al financiamiento y las regulaciones laborales tan restrictivas.

Ante la pregunta sobre qué se podía esperar de un código de integridad ética por parte de un sector que se ha visto involucrado en temas de corrupción, colusión y conflictos de intereses en especial con el tema de Grupo Higa, Gutiérrez Candiani dijo para SinEmbargo que ellos mismos han sido en parte el problema, del que ahora quieren ser parte de la solución.

“La principal razón es que nosotros, muchas empresas, hemos sido parte del problema y hoy queremos ser parte de la solución. Y este código nos lleva a combatir la corrupción de manera irrestricta, eso es lo que asumimos”, afirmó.

Y agregó: “Esto es un compromiso del sector privado para que todas las empresas del sector puedan hacer las mejores prácticas y combatir cualquier tipo de corrupción, fomentar cualquier tipo de transparencia.”

El sector empresarial se ha propuesto una agenda que está dividida en dos pilares: el primero es la modernización económica, de la que reconoció que durante dos años y medio de trabajo se han hecho esfuerzos destacados. “De manera muy importante está el que terminó con la aprobación de la ley secundaria de la Reforma Energética”, comentó.

El segundo pilar, explicó, es el fortalecimiento institucional del Estado mexicano que responde a cinco ejes: corrupción, impunidad, Estado de Derecho, justicia y democracia, en donde la prioridad el combate a la corrupción e impunidad.

Citó datos del Observatorio Económico Mundial los cuales informan que tres de cada cinco elementos que dificultan los negocios e inversiones en México están relacionados con la corrupción.

Asimismo aseguró que el costo de la corrupción puede ir de un 2 por ciento en adelante del Producto Interno Bruto (PIB), y que afecta a las empresas y su multiplicación, a la inversión y al empleo de las familias mexicanas.

Respecto a esto dijo que “ese es el compromiso que adquirimos, es un compromiso voluntario y haremos un gran esfuerzo para que la mayoría de las empresas puedan incluir esto.”

“Entonces aquí es importante decir que es una autocorrección, de responsabilidad y de reconocimiento de que nosotros podemos ser parte de la solución y hacemos un llamado a los tres poderes de la Unión, pues ellos tienen que poner la gran parte para que se saque una ley que dé respuesta a una de las demandas más sentidas de los mexicanos, que es precisamente una ley anticorrupción, y que ayude a combatir la impunidad”, agregó.

En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de un comunicado, confirmó “su compromiso con el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, uniendo esfuerzos con otros organismos sociales para combatir la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia, males que de no eliminarse, pueden seguir frenando el desarrollo de México”.

También hizo un llamado a todas las instituciones públicas y privadas a fortalecer una cultura integral de la transparencia y rendición de cuentas, trabajando de cara y en conjunto con la sociedad para construir un México libre de corrupción.

La Coparmex destacó que la participación y unión a su implementación es voluntario dentro de las empresas que dependiendo de sus tamaños y capacidad que tengan puedan asumir dentro de su gobierno corporativo y administración el Código de Ética.

“Nosotros vamos a dar toda la asesoría para ir implementando estos compromisos en contra de la corrupción y la impunidad”, agregó el presidente del CCE.

UNA ACCIÓN SIMILAR

“Tenemos que hacer el esfuerzo para que nuestra clase política tome una responsabilidad parecida como la que está tomando el sector empresarial”, precisó Gutiérrez Candiani.

Se reconoció que el esfuerzo realizado en la creación de este código requiere de atención por parte de los funcionarios públicos y políticos de México para que se avale una legislación que permita llegar a todos los sectores de la sociedad, con la finalidad de erradicar de raíz el problema de la corrupción.

“Sí vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo tanto con el Congreso como con los distintos poderes y niveles para poder impulsar un sistema anticorrupción que le dé a todos los mexicanos una respuesta muy puntual. Aquí proponemos la responsabilidad y el compromiso que tiene el sector empresarial en cuanto a la corrupción”, afirmó.

Respecto al tema de los servidores públicos que hayan estado involucrados algún ilícito, destacó que el Congreso, ahora que empieza trabajos el 1 de febrero, debe tomar una responsabilidad parecida.

“Queremos que haya un sistema nacional anticorrupción o un ley anticorrupción que permita abatir de manera muy importante este mal”, dijo Gutiérrez Candiani.

Ante esto, la Coparmex hizo “un llamado también a los partidos, a los legisladores y en especial a los diputados federales que concluyen su gestión en la LXII Legislatura, para que con sentido de urgencia aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que pueda enviarse al Ejecutivo antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril, para su publicación por el Ejecutivo y de esta manera pueda entrar en vigor este mismo año.”

Debido a que la corrupción está en todas partes, es importante es tener una legislación y el compromiso que inhiban de manera muy sensible a la corrupción pero, sobre todo, “que aquellos que corrompen o son corrompidos, tengan una consecuencia”, dijo el representante del CCE y agregó que “el problema también muy grave es el alto nivel de impunidad y la corrupción es tan fuerte en nuestro país precisamente porque muy pocos pagan los hechos ilícitos.”

Precisó que se tienen un sistema muy flexible y con muchas lagunas que permiten la corrupción que dificultan castigar al que corrompe o delinque y afirmó que “precisamente todos los del Estado mexicano, el gobierno, los partidos políticos, el congreso, asumamos una responsabilidad muy clara, vayamos al fondo y demos un resultado que es el que deseamos todos los mexicanos.”

Ante esto Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo, dijo: “Sobre este tema de la corrupción no quiero hablar porque es muy difícil sacar verdaderos consecuencias, juicios equilibrados, es un tema que en privado yo podría dar mis puntos de vista.”

El resultado y éxito de dicho código y su implementación dependerá del compromiso que se ve por parte del poder legislativo con la aprobación de la Ley Anticorrupción.

“Somos consientes de la situación que tiene el país y no solamente vamos a generar niveles de crecimiento únicamente con modificaciones fiscales, puede ser una parte que nos ayuda pero también por supuesto están los temas del gasto, la transparencia, la eficiencia, rendición de cuentas del gastos, y políticas públicas que promuevan sectores, tipos de ahorros, infraestructura en donde el gasto verdaderamente ayude a generar riqueza. Entonces, hemos trabajado en un decálogo bastante importante, que ya tiene la autoridad y hemos visto también qué márgenes tienen, pues estamos conscientes de que la estabilidad macroeconómica es indispensable pero la parte del crecimiento es fundamental para el país”, agregó el empresario.

De esta manera se protegerán la integridad de las inversiones y los estímulos para la inversión que se están realizando a través de política pública y estímulos fiscales para impulsar la parte del mercado interno, consumo y la generación de empleos. En este sentido, el sector privado informó que se están llevando a cabo propuestas y teniendo un proceso de diálogo permanente.

“Si no se logran [la aprobación de la ley] será muy difícil transformar la realidad de nuestro país y la de los mexicanos. Estamos convencidos que a través de la modernización económica se puede fortalecer las instituciones y el país”, concluyó Servitje.