Este tipo de fallos han sido exhibidos por el Presidente López Obrador, quien cuestionó el desempeño del Poder Judicial en algunos casos clave con resoluciones que impidieron que haya justicia en estas y otras causas emblemáticas.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Con tan solo unos días de diferencia, dos juzgadores han entorpecido dos casos emblemáticos para la Fiscalía General de la República (FGR): el caso Ayotzinapa y el del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, perpetrado en 1994. Aunque no se trata de las únicas causas, desde el Gobierno federal se han exhibido otras sentencias.
En un primer caso, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales se negó a girar una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado como sospechoso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
“Como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad, o sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo, pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. ¿Quiénes son los que deben de resolver? Pues la Fiscalía y el Poder Judicial”, expresó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el otro, un juzgador modificó la prisión preventiva en contra de José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual le fue dictada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo cual podrá seguir su proceso en libertad.
El cambio a las medidas cautelares de Abarca, se suma el fallo de hace días, cuando una Jueza federal ordenó liberar a ocho de los 13 militares señalados por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, luego de que revocara, al igual que sucedió con el Alcalde de Iguala, la prisión preventiva oficiosa que se les había impuesto.
En este caso, el Presidente López Obrador también reprobó el actuar del Poder Judicial y reveló que envió una carta a Norma Piña, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para advertirle sobre la posible liberación de estos ocho militares y del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Con esta medida sólo quedan en prisión cinco militares, entre ellos un General, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
MÁS FALLOS, MÁS IMPUNIDAD
Este martes, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó por instrucciones del Presidente López Obrador una denuncia de Juicio Político en contra de Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas “por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”.
Por instrucciones del Presidente @lopezobrador_, presentamos ante la Cámara de Diputados una denuncia de Juicio Político en contra de Crescencio Contreras Martínez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas.
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— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 30, 2024
“Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, informó Gobernación.
En la denuncia entregada en la Cámara de Diputados, explicó la dependencia, “se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho”.
Apenas la semana pasada, Karina Almada Rábago, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Sonora, con sede en Agua Prieta, ordenó liberar a Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como Coordinador de Inteligencia de la Policía Federal y enfrenta un proceso por tráfico de armas en el operativo conocido como “Rápido y Furioso”.
La Jueza basó esta decisión en el argumento de que ninguna de las pruebas presentadas en el caso señala a Cárdenas de tener conocimiento sobre el operativo del que se le acusó. No obstante de esta resolución, el exmando no podrá salir de la cárcel.
“No se aprecia mención alguna de Luis Cárdenas Palomino y, menos, indicios concretos en su contra de los que pudiera evidenciarse de manera unívoca y objetiva la probabilidad de que durante su gestión como Coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito o como Titular de la División de Seguridad Regional, ambos en la Policía Federal respectivamente, en el mes de julio de 2019 y el mes de febrero de 2020, conocía la existencia del operativo ‘Rápido y Furioso’”, señaló la jueza.
Este tipo de fallos han sido exhibidos por el Presidente López Obrador, quien ha cuestionado el desempeño del Poder Judicial en algunos casos clave con resoluciones que han impedido que haya justicia en estas y otras causas emblemáticas. Desde su conferencia de prensa matutina, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha dado a conocer desde meses atrás decisiones polémicas que han llevado a la liberación de detenidos.
