No resultó. La Plataforma Nacional de Transparencia, la más ambiciosa herramienta tecnológica en la historia de acceso a la información pública, fue suspendida de manera temporal por inoperante. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzó este mega mecanismo y sustituyó con él a los antiguos sistemas Infomex. Se intentó integrar a ocho mil entidades gubernamentales en un solo portal. Se intentó que los gobiernos de los estados y la Ciudad de México se armonizaran. Se quiso poner toda la información gubernamental en un solo sitio. El INAI estaba emplazado por la Ley General de Transparencia para el pasado 5 de mayo. Y cumplió puntual. Pero la madrugada del viernes 27, se vio obligado a reactivar al antiguo Infomex y reconocer que la plataforma no funcionaba. ¿Quién y cómo recibió el contrato para montar esta interfaz? Intellego S.C., el mismo corporativo que en 2014 apareció señalado como supuesto intermediario de sobornos en Pemex para obtener un contrato para Hewlett Packard.

PNT interior

La Plataforma Nacional de Transparencia registró fallas de operación durante los 21 días que estuvo en funcionamiento. Foto: Especial

Por Alejandra Padilla y Linaloe R. Flores

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– Hace dos años estaba envuelta en un presunto acto de corrupción. Hoy es la ganadora de la licitación pública para montar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el proyecto de solución tecnológica anunciado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto como el inicio de una nueva era en el acceso a la información en México y que debido a sus fallas fue suspendida de manera temporal el pasado viernes 27.

Se llama Intellego S.C. y es la misma compañía que en 2014 apareció señalada como supuesta intermediaria de sobornos para que Hewlett Packard (HP) obtuviera un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2008, después de que la Comisión de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) iniciara una investigación y la petrolera interpusiera una demanda ante una corte de California.

El antecedente no pesó en el proceso de licitación pública que lanzó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) el 26 de agosto de 2015 para montar la PNT. Un contrato de nueve millones 663 mil 240 pesos, con una vigencia del 9 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, fue otorgado a la asociación de Intellego S.C. y Dotted Cloud S.A., para montar la primera etapa de la plataforma.

Esa primera etapa consistió en poner los cimientos para que ocho mil sujetos obligados dispusieran sus datos ante particulares sin que, en algunos casos, mediara solicitud de información, como lo marca el Título Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Tampoco pesó que Dotted Cloud –la otra del binomio- sea una empresa con pocos datos abiertos. En su página oficial no está ni su historia, ni los nombres de su equipo directivo, ni sus desarrollos. Se preguntó a través de llamadas telefónicas quiénes estaban a cargo , pero no se tuvo jamás la respuesta.

¿QUÉ ES LA PNT? ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

La Ley de Acceso a la Información, que ordenó la formación del IFAI (ahora INAI) fue publicada en junio de 2002. Con ella surgieron los mecanismos de transparencia a través de los cuales se pudieron hacer solicitudes de información en México durante la década pasada.

Después del impulso sistemático de organizaciones civiles en el Congreso de la Unión, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en mayo de 2015 una nueva normativa: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que implica la unificación de todos los mecanismos de acceso a la información del país en un solo portal; además de un número más grande de sujetos obligados a brindar información.

Ahora, no sólo las dependencias de la Administración Pública Federal tienen la obligación de dar datos, sino todas las autoridades, entidades u organismos de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, fondos y fideicomisos públicos con y sin estructura, partidos políticos y sindicatos, así como cualquier persona física o moral que perciba o ejerza recursos públicos. En total, son ocho mil sujetos obligados a tener datos públicos dispuestos y en orden.

Y todo ello debe quedar disponible para los ciudadanos en la Plataforma Nacional de Transparencia con cuatro herramientas básicas: sistemas de solicitud de acceso a la información, gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones de transparencia y comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.

Poco más de una década después de que se inició la legislación de la Transparencia, México se mantiene al fondo de la tabla del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que sigue el brote descontrolado de los escándalos de mal uso de dinero público.

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, plantea: “¿Por qué tenemos tantos problemas de desconfianza, de desvío de recursos, de corrupción? Porque la transparencia es un elemento, y por eso la reforma estructural se ha concebido como una reforma que tiene dos partes: tú puedes dar a conocer cosas que suceden, pero si no pasa nada, la transparencia puede estar muy bien, pero vamos a ser gobiernos descarados. Si no hay sanciones o políticas que inhiban esas políticas de desvío de recursos, de mal uso de recursos, de desvío de contratos, pues no se cierra el círculo”.

EL PASADO RECIENTE DE INTELLEGO S.C., LA EMPRESA QUE MONTÓ LA PNT

El 22 de diciembre de 2008, Pemex (hoy empresa productiva del Estado) firmó contratos por seis millones de dólares con Hewlett Packard (HP) para la instalación de software. La empresa mayorista de equipos de cómputo habría conseguido este convenio con un pago ilegal a funcionarios clave a través de un intermediario. Esta práctica, HP también la habría hecho en Rusia y Polonia.

Por estos hechos, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), inició una investigación en Estados Unidos. Hasta ese momento, no se conocían nombres ni de personas ni de empresas involucradas.

Una demanda de Pemex ante una corte de California, reveló el corazón de la supuesta trama: HP habría sobornado a los altos funcionarios de Pemex a través de Intellego S.C. Pronto, la historia tuvo nombres y apellidos. Según la demanda, el funcionario de la petrolera que firmó el contrato fue Manuel Reynaud Aveleyra, quien en esa fecha era el subdirector de Procesos de Negocios e Infraestructura Tecnológica de Pemex y dependía de la Dirección Corporativa de Operaciones de la paraestatal, cuyo titular era Raúl Livas Elizondo.

Años atrás, Livas Elizondo había sido director de administración y desarrollo de negocios de la consultora Intellego S.C de 2004 a 2006. HP, según el documento judicial presentado por Pemex, identificó que Intellego S.C. tenía vínculos estrechos con Pemex. Así, el dinero lo habría hecho llegar Intellego S.C. entidad que a su vez, se habría llevado una tajada de un millón 500 mil dólares. En la escena siguiente, en marzo de 2009, Intellego S.C. habría entregado 125 mil dólares a una empresa controlada por Manuel Reynaud Avelleyra.

Pemex invocó la Ley de Organizaciones Corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés) para reclamar sanciones contra los ejecutivos de la filial mexicana de HP. El caso fue asignado a la jueza federal Beth L. Freeman, quien procedió a desahogar el expediente 5:14-cv-05292.

En abril de 2014, los directivos de Intellego S.C.. se deslindaron de esta trama que ponía a la empresa como intermediaria para pagos de sobornos. En entrevistas periodísticas, Felipe Labbe sostuvo que jamás firmó contrato alguno con HP y dijo que su única relación con ese consorcio fue que durante 18 años, se desempeñó en un cargo de dirección. A su vez, Eduardo Graniello, otro de los directivos, expuso también ante reporteros que Intellego S.C. no era “integradora”, y por lo tanto, “nunca había recibido ningún pago de HP ni de ningún mayorista de HP”. (Milenio, nota de Alejandro Madrigal, 11/04/2014).

La historia encontró fin. El 9 de abril de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la Sección de Fraude de su División Criminal y la fiscalía de California llegaron a un Acuerdo de No Enjuiciamiento (NPA, por sus siglas en inglés) con HP, mientras que la Comisión de Comercio y Valores emitió una Orden de Cese y Desista. HP convino en pagar 34 millones de dólares para resolver el caso y más de 73 millones en relación con las investigaciones en Rusia y Polonia.

En México, la Cámara de Diputados aprobó una comisión de investigación para revisar los casos de corrupción en Pemex y uno de sus principales asuntos sería el presunto soborno a HP. Esta comisión iba a revisar los contratos signados por la entonces paraestatal. Es la hora en que no muestra los resultados. La Comisión ha desaparecido.

¿Cómo superó este antecedente esta empresa?

Intellego S.C. respondió a través de correo electrónico a esta Unidad de Datos.

“En sus 17 años de operación ininterrumpida, Intellego S.C. nunca ha sido demandada, ni sancionada, ni imputada en proceso legal alguno en ningún país. Sobre la situación entre PEMEX y HP, en la que fuimos mencionados en notas periodísticas hace varios años, en su momento esto se aclaró y no tenemos relación alguna con la misma”.

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Intellego ha celebrado 21 contratos con el Gobierno federal desde 2007. Estos suman poco más de 429 millones de pesos de acuerdo con la información reportada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Pemex ha sido un cliente frecuente y durante el año pasado, el INAI dejó en manos de esta empresa el desarrollo del sistema que garantizará el acceso a al información en el país.

Detalle de los contratos celebrados entre Intellego, SC y el Gobierno federal desde 2007

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¿Por qué precisamente Intellego S.C. estaría ahora a cargo de un contrato en el ámbito de la Transparencia? A esa cuestión, José Luis Hernández Santana, Director de Tecnologías de la Información del INAI –la instancia que otorgó el convenio- respondió: De conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del reglamento de adquisiciones del INAI, cabe en todo momento no limitar la libre participación en competencia económica. Apegado a Derecho y a la normatividad que tenemos, dimos cumplimiento de manera puntual como Instituto a todo el procedimiento… Nosotros como Institución, nos apegamos al marco legal y a eso le dimos cumplimiento de manera puntual”.

Para María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana y una de las primeras comisionadas que tuvo el IFAI (ahora INAI), “llama la atención que no repararan en que esta empresa tenía antecedentes que hacían dudar mucho de su capacidad técnica, de su honestidad y probidad en el mercado. Aunque no esté propiamente inhabilitada. El resultado que hoy tenemos es que se hizo el gasto y nuestro derecho a la información pública quedó en suspenso”.

EL COSTO DEL CONTRATO

El costo de la primera etapa de la plataforma se desglosó así: el desarrollo de sistema para solicitudes de acceso a la información costó dos millones 152 mil 147 pesos; el nuevo sistema de obligaciones de transparencia, un millón 980 mil pesos y el sistema de gestión de medios de impugnación (recursos de revisión y atracción), un millón 549 mil 565 pesos.

La elaboración del sistema de comunicación entre órganos garantes y sujetos obligados fue por 860 mil 870 pesos; un motor de búsqueda por 774 mil 783 pesos y una bolsa de horas de desarrollo por un monto de un millón 12 mil 987 pesos con 31 centavos.

La bolsa de horas de desarrollo es un concepto en el mercado de la Informática que implica que los desarrolladores cobren por hora trabajada. Aún no está claro qué productos le entregaron al INAI por ese millón de pesos pagado. José Luis Hernández Santana, Director de Tecnologías de la Información del instituto, reconoció en entrevista con esta Unidad de Datos que había un reporte interno en el que está especificado qué se pagó en esas horas. El documento fue solicitado, pero no fue concedido.

Para Hugo Osorio, desarrollador web y diseñador de interacción de la empresa Gobierno Fácil, que ha hecho diseños como INE fácil e Inegi fácil, ese faltante de información en las horas de desarrollo complica el entendimiento de qué se hizo para poner en funciones en la plataforma. “… Debe existir lo que ellos pidieron por esas horas del contrato, ¿qué han pedido hasta este momento por esa bolsa de horas?”, exclamó en días previos a que la PNT fuera suspendida.

La PNT fue construida mientras la Dirección General de la Contraloría –un órgano autónomo cuyo titular debe ser avalado por el Congreso de la Unión- se encuentra acéfalo. Es decir, la licitación no pasó por un proceso de fiscalización dirigido por un contralor.

Después de que el IFAI se convirtió en organismo constitucional autónomo y cambió su nombre a INAI, uno de sus modificaciones internas fue la creación de la Contraloría Interna, en sustitución del Órgano Interno de Control (OIC). El 15 de febrero de 2015, Salomón Díaz Alfaro renunció a esa instancia y desde entonces se encuentra sin titular.

EL FRACASO DE LA PLATAFORMA

Instituida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la PNT estaba emplazada para iniciar funciones el 5 de mayo pasado. Salió a la luz en tiempo y forma. Y ahí estuvo veinte días, pero sin operar al ciento por ciento. En algunos estados de la República se analizaba echar a andar los viejos mecanismos porque la plataforma acumulaba fallas cada día. El 26 de mayo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) habilitó de nuevo su InfoDF ante la imposibilidad de consulta.

Un día después, el Gobierno federal reactivó el antiguo sistema Infomex una vez que el INAI reconoció la inoperancia de la PNT y pidió que así lo hicieran todos los Gobiernos.

Esta Unidad de Datos detectó que resultaba imposible incluir en las solicitudes de información en la PNT, caracteres como ()¨ # “-y /; Además, las respuestas de los sujetos obligados no eran desplegados en la carpeta “mis solicitudes” que antes le permitía al ciudadano llevar un orden en sus requerimientos.

Si una de las novedades era que partidos políticos, sindicatos y fideicomisos se agregaban como sujetos obligados a brindar información, el obstáculo era que no se podía acceder a ellos de ninguna manera.

El comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford, respondió apenas horas después de que la plataforma dejara de funcionar: “Hay que reconocer que hay una falla; pero hay que sacarla adelante. Estamos poniendo todo el empeño tanto las empresas como el personal del instituto”.

La falla, según Guerra Ford, se debió en problemas de interconexión con los diversos sistemas Infomex del país. Ello se explica porque muchos sistemas fueron puestos en marcha a lo largo de seis años y a pesar de que se hicieron varias pruebas de operación, al crecer en su número de usuarios, las “incidencias” empezaron a surgir.

En octubre de 2015, se efectuó el panel “La Plataforma Nacional de Transparencia: Herramienta Integral para el Acceso a la Información Pública”, durante la Semana Nacional de Transparencia. En ese acto, el presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Alfredo Reyes Kraft, expresó que plataforma requería estar en línea y en tiempo real. “Se deberá tener cuidado en la manera en que se establecen los mecanismos de seguridad y cumplir las recomendaciones de carácter internacional, de esta manera”.

El micrófono también lo tomó en esa ocasión Sergio Carrera Riva Palacio, director ejecutivo del Centro Público de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Infotec). Expuso que detrás del reto tecnológico que representaba la plataforma, estaba lograr que los datos estuvieran completos, y fueran primarios y oportunos.

Guillermo Ruiz de Teresa, entonces director general de Innovación y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública (SFP) expresó que era recomendable poner en el centro de la plataforma al ciudadano; es decir, el ciudadano era lo más importante.

Lanzada el 5 de mayo, la plataforma no funcionó.