A Rosario Robles se la relaciona con el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían desviado 7.670 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, presentó un amparo para protegerse de cualquier orden de aprehensión que exista en su contra por el caso de la “Estafa Maestra”.

El abogado de la ex funcionaria, Julio Hernández Barros, dijo en entrevista con medios nacionales que la demanda fue interpuesta hoy y en ella se defiende la violación a los derechos humanos de Robles por impedirle ejercer una defensa legal adecuada.

Hernández Barros precisó que Rosario Robles no busca evitar comparecer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Sur, como se tiene previsto para el 8 de agosto, pero sí que su clienta pueda tener acceso a la carpeta de investigación.

“El amparo es contra la posibilidad de que existiera alguna orden de aprehensión, todavía no está radicado (en algún juzgado), fue recibido en la oficialía de partes común y yo creo que en las primeras horas de mañana nos darán a conocer el juzgado al que fue radicado”, precisó el abogado en entrevista con Reforma.

El 16 de octubre de 2018 Rosario Robles compareció en la Cámara de Diputados y legisladores le mostraron pancartas para pedirle que aclare el presunto desvío de dinero que hizo a empresas fantasma cuando estaba a cargo de la Sedesol. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

Esta mañana Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que la dependencia investiga a una red de funcionarios y 50 empresas involucradas en los desvíos millonarios en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante las administraciones de Robles Berlanga.

“Estamos ya analizando la información del Sistema Financiero para poder proceder en consecuencia. Tenemos en este momento que estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la Estafa Maestra”, dijo a la prensa. “Evidentemente hay una red de servidores públicos y de empresas relacionadas”.

Sobre las acusaciones que hace Robles de que se le violaron sus derechos por difundir la información a la prensa, Nieto Castillo opinó que no existió una violación a sus garantías.

“Me parece que se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública, hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo incluyendo a la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor o a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción. La propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser hechos del conocimiento público”, dijo el funcionario.

Más tarde, Santiago Nieto precisó en entrevista con medios que las cuentas de Rosario Robles siguen activas. “En este momento no han sido bloqueadas las cuentas de Rosario Robles ya que se está analizando y ajustando el procedimiento establecido en la ley de instituciones de crédito”, expuso.

Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México, con Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.

A Rosario Robles se la relaciona con el caso de corrupción conocido como “La Estafa Maestra” a través del cual la Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (Pemex) habrían desviado 7.670 millones de pesos.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, Robles reconoció que en efecto fue citada el 8 de agosto a un juzgado federal “sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni hechos” que se le imputan”. Según denunció, esto “mina” su capacidad de defensa.

Además, dijo que fue a través de los medios de comunicación que se enteró que la acusación de la Fiscalía es por ejercicio indebido del servicio público.

AUDIENCIA A ROSARIO ROBLES

Desde el 25 de julio de este año la  Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia para que un juez vincule a proceso a la ex titular de la Sedatu. De acuerdo con un documento al que tuvo acceso el diario Milenio, la FGR busca imputar a Robles Berlanda por el ejercicio indebido del servicio público.

Robles Berlanga se fue del Gobierno federal como uno de los personajes más polémicos de la administración de Enrique Peña Nieto, quien la mantuvo durante los seis años de su mandato en puestos claves: primero le dio la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) y luego, tras el aumento en el número de pobres en 2015, le dio la oficina de la Sedatu.

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la revisión que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a sus Cuentas por Liquidar, encontró un posible daño a la hacienda pública por 2 mil 039 millones 512 mil 453 pesos.

Esa cantidad se conforma por cinco actos realizados bajo la administración de Rosario Robles.

De acuerdo con el documento de la Auditoría, durante 2017 la Sedatu pagó mil 173 millones 317 pesos de los que luego ya no se pudo conocer su destino. La Secretaría pagó proyectos del ejercicio 2016 con presupuesto del ejercicio 2017, pero no hubo ninguna Unidad que supervisara el manejo de ese dinero.

Además pagó 596 millones 641 mil pesos a proveedores y no acreditó su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria; tampoco hubo supervisión de ese dinero.

Se encontró que se pagaron 5 millones 359 mil pesos a una asociación por los servicios de “Realización de un proyecto integral de participación en el Programa de Infraestructura”, pero no se encontraron documentos referentes a la justificación, pagos y ejecución de los servicios.

También ejerció mal 178 millones 394 mil pesos en el pago de “Indemnizaciones por expropiación de predios”, los cuales no cuentan con evidencia documental justificativa y comprobatoria que los acredite.

La última observación es por el pago de 35 millones 800 mil pesos a un proveedor para servicios de comunicación, pero no existe.

–Con información de Daniela Barragán, SinEmbargo.