Ciudad de México, 31 de oct (sinembargo.mx) – Denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el marco de la la lucha antinarco, Felipe Calderón Hinojosa ha dicho que esto no le preocupa, tal como parece ocurrir con llamados y acusaciones de organismos mundiales que en más de una ocasión le han pedido frenar los asesinatos de periodistas, activistas y, en general, de miles de ciudadanos en México.

Pero hay más reclamos por los que Calderón Hinojosa ha sido acusado y denunciado por ONG’s nacionales y extranjeras, que claman justicia y piden se revelen las cifras exactas con el saldo rojo de la violencia en el país. Ahí se destaca la incidencia de feminicidios y las promesas de seguridad y justicia incumplidas a los migrantes.

Desde el comienzo de este sexenio diversos órganos han investigado y documentado los agravios. Sin embargo, a sólo 30 días de que concluya la presente administración federal, las exigencias no han sido cumplidas. El sexenio se diluye empañada por miles de muertos, agravios a los derechos humanos y los señalamientos por su inacción ante la violencia que ha desencadenado una mayor problemática social en toda la República.

DENUNCIA EN CPI

El pasado 25 de noviembre de 2011, el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra Calderón y parte de su gabinete de seguridad –respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la guerra contra el crimen organizado.

Los activistas afirman que se trata de denunciar una situación en general, centrada en los años de gobierno calderonista. “Pero no queremos sólo pedir la responsabilidad del presidente, ni siquiera únicamente la de los narcos, sino que buscamos que se puedan juzgar al amparo de las leyes internacionales casos que no están contemplados por la legislación mexicana. En México existe un vacío legal que nos obliga a actuar a nivel internacional para denunciar situaciones como las “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un simple asesinato” afirmó Sandoval.

“Esos vacíos legales son los que permiten que la situación se repita una y otra vez y no sólo con los narcos como protagonistas, también con el propio Ejercito mexicano. Ese clima de violencia generalizada ha dejado en los últimos cinco años “más de 50 mil muertes, 230 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados” aseguró entonces Sandoval.

Ante la denuncia, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles Landa, aseguró que era improcedente.

Meses más tarde, en julio de este año, Calderón dijo en una entrevista publicada por El País que no teme ser llevado a la Corte Penal Internacional de La Haya.

“No, porque hemos actuado en todo momento con escrupuloso respeto a la ley. Ha habido una gran cantidad de homicidios en México, que por supuesto lamentamos, pero los que cometen esos homicidios son los criminales. Creo que la irresponsabilidad de un gobernante hubiera sido no haber actuado. Por otra parte, seguramente debe haber habido violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero estas han sido, excepcionales, no sistemáticas. De los miles y miles de operaciones que realizan las Fuerzas Armadas (patrullas, detenciones in fraganti, decomisos de droga…) los casos que se han llegado a denunciar son significativamente excepcionales. Y de los denunciados, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, probablemente solo el 1.5% o 2% de las quejas han derivado en recomendaciones con fundamento”, afirmó. 

HRW DENUNCIA ABUSOS MILITARES 

A principios de 2012, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad en México han cometido violaciones de derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos, durante la presentación mundial de su informe en El Cairo.

La directora de comunicación de HRW, Emma Daly, explicó a Efe que el presidente mexicano, Felipe Calderón, está empleando a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos.

“Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”, subrayó Daly en la sede del Sindicato de Periodistas de la capital egipcia.

En su opinión, “existe una impunidad absoluta en México para los militares”, quienes, con el sistema de justicia militar, nunca son juzgados, lo que fomenta que continúen “los abusos porque no hay modo de pararlos”.

Ante la acusación, el gobierno federal rechazó los señalamientos de HRW sobre supuestas violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad en el país.

Días después, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), dijo al presentar el informe anual de la organización en Washington., que el próximo Gobierno de México debe revisar la estrategia contra el crimen organizado “pues me parece que no está funcionando”.

“Y que revise los instrumentos con los que cuenta”, dijo Vivanco. ”Si es preciso seguir trabajando con el Ejército en esta materia. ¿Está el Ejército de México en condiciones, preparado, para seguir esta lucha? ¿O es una entidad que no se subordina a la autoridad civil?”.

“Si ellos sostienen que el 90 o 95% de las víctimas son narcotraficantes, sería bueno que expliquen, especialmente a los mexicanos, como han llegado a esa conclusión. Que fundamenten este slogan oficial”, agregó Vivanco.

“A nosotros nos parece que esto se ha conducido con un enorme grado de responsabilidad y una falta de preocupación por las consecuencias en el terreno de los derechos humanos”, aseveró. ”De los más de 45 mil muertos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la PGR sólo ha reclamado jurisdicción en 997 casos, y sólo se han producido 22 condenas. No entendemos como el gobierno federal sigue sosteniendo públicamente que el 90 o el 95 por ciento de los que mueren en México son narcotraficantes que se están matando entre sí. No sabemos como pueden sustentar una apreciación de ésta naturaleza”.

PERIODISTAS, ENTRE LA VIOLENCIA

Uno de los gremios más afectados por la violencia en el sexenio es el periodístico, lo que ha llevado a manifestarse a decenas de reporteros y a las ONG’s a exigir la protección a este sector, pues cada día es más difícil ejercer.

Ante este oscuro panorama, el 3 de mayo Reporteros Sin Fronteras alertó que los cárteles de la droga se mantienen en la lista anual de “depredadores” de la libertad de prensa. Los narcotraficantes “no dudan en corromper a algunos responsables políticos para imponer su ley”, agregó el organismo, que destacó que “la Policía y el Ejército también tienen una gran responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión”, aunque no los incluyó en su lista de “depredadores”.

“La situación, lejos de circunscribirse a los estados fronterizos y costeros, se ha agravado con la ofensiva federal lanzada justo después de la investidura del presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006″, señaló RSF, que también ha informado que México es el país más peligroso para los periodistas en el continente americano y se encuentra entre los cinco “más mortíferos” del mundo.

Amnistía Internacional se sumó a RSF y al día siguiente pidió a las autoridades brindar seguridad “eficaz” para “periodistas en riesgo y a sus familiares”.

Ambas organizaciones han indicado que debido a los asesinatos, desapariciones y ataques a medios de comunicación, el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en uno de los más violentos para el periodismo mexicano.

Desde que Calderón declaró un “embate” contra el crimen organizado en diciembre del 2006, la agresión contra periodistas fue en aumento. Los ataques a las instalaciones de los medios informativos se hicieron más evidentes y en menos de un año, ocho periodistas murieron asesinados en Veracruz.

Tras el asesinato del periodista Marcos Ávila García, reportero de la sección policíaca del diario El Regional de Sonora cuyo cuerpo fue localizado el 18 de mayo, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Amnistía Internacional condenaron la violencia contra los periodistas en el país.

En ese entonces, el relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, solicitó al gobierno de Felipe Calderón asumir “la responsabilidad de investigar hasta dar con los responsables de estos crímenes contra los medios y periodistas, y llevarlos a la justicia”.

Pero los ataques no cesaron y en julio 30, Reporteros sin Fronteras pidió protección para los profesionales del diario mexicano El Norte, después de que ese medio de comunicación de Nuevo León sufriera un tercer atentado en menos de un mes.

Uno de los llamados a la seguridad emitidos por AI se dio luego de que el 29 de julio la periodista Lydia Cacho recibiera amenazas de muerte en su casa de Cancún, Quintana Roo.

“No te metas con nosotros o te vamos a mandar a casa en pedacitos”, dijo una voz desconocida a través del radioteléfono, según relató la propia periodistas al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, luego de abandonar el país.

Amnistía Internacional anunció entonces una “acción urgente” para que sus tres millones de integrantes contacten a las autoridades en México para exigir protección para Cacho. 

En un comunicado, el grupo defensor de los derechos humanos indicó que la petición es para que el gobierno de México “garantice la seguridad de Cacho y le brinde una efectiva protección”.

ASESINATOS IMPUNES

La gran mayoría de los 12 mil homicidios cometidos en México en 2011 por la violencia generada por el narcotráfico nunca se han investigado, y también siguen impunes cientos de crímenes de mujeres y ataques a periodistas y activistas, denunció el informe de Amnistía Internacional divulgado el pasado 24 de mayo.

Esa organización acusó a los cárteles de las drogas y otras bandas de matar y secuestrar a miles de personas el pasado año, aunque advirtió de que en ocasiones han actuado “en colusión” con policías y funcionarios públicos.

En su Informe anual 2012, presentado en Londres, AI reseñó que más de 12 mil personas murieron en la violencia resultante de la lucha entre grupos de narcotraficantes contra las fuerzas de seguridad por el control de territorios, aunque destaca que “la gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron”.

Además, Amnistía Internacional consideró entonces “generalizada” la violencia contra las mujeres en México, donde se denunciaron “un gran número” de homicidios y los responsables siguen eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos.

Por otra parte, AI criticó que el Gobierno no adoptara medidas efectivas para prevenir o investigar las “violaciones graves y generalizadas” de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas y la policía, entre las que cita desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, AGREDIDOS

Los ataques contra defensores de los derechos humanos en México se dispararon en 2011, cuando 188 activistas sufrieron agresiones, según un informe presentado el 26 de junio pasado por la organización civil Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh).

La investigación, a partir de las denuncias de varias ONG y datos recogidos por medios de comunicación, muestra un aumento de ataques a activistas en el 2011 frente a los años precedentes, pues documenta 120 casos en 2008, 153 en 2009, y 50 en 2010.

El documento refleja, asimismo, que en el primer trimestre del año pasado 47 defensores sufrieron algún tipo de agresión y señala al estado de Oaxaca y Chihuahua como las dos entidades con mayor número de ataques registrados en 2011, con un 17 % y 22 % del total, respectivamente.

De acuerdo con el informe, un 37 % de los hostigados se dedican a defender los derechos de los pueblos indígenas, un 24 % trata temas relacionados con exigencias de justicia y el resto aborda derechos de migrantes, de las mujeres, laborales y vivienda.

CRITICA AL GOBIERNO FEDERAL

 Al presentar su Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo en mayo pasado, Amnistía Internacional (AI) criticó la labor del Gobierno de México, debido a que el accionar de las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado ha ocasionado tortura, desapariciones forzadas y homicidios.

El Director Ejecutivo de la sección de AI en México, Alberto Herrera Aragón, presentó el Informe en el Centro Cultural Universitario en Tlatelolco, ex sede de la cancillería mexicana, donde expresó su preocupación tras mencionar que, de acuerdo con cifras del organismo, durante 2011 hubieron 12 mil víctimas y de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta abril del año pasado, había 8 mil 800 cuerpos sin identificar.

De igual forma, citó cifras de la CNDH, según las cuales, registró mil 695 quejas en contra del Ejército y 495 en contra de la Marina.

El organismo internacional urgió al gobierno mexicano a aplicar medidas efectivas para prevenir o investigar violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la policía.

“El intenso contexto de violación al que se enfrenta México y la sistemática impunidad que caracteriza a la mayoría de las violaciones de derechos humanos son una combinación peligrosa que las autoridades mexicanas no han logrado resolver”, destacó AI en el documento.

Remarcó que además en materia de violación a derechos humanos “existen indicios de que miembros de la policía y de las fuerzas de seguridad actuaban en connivencia con organizaciones delictivas en el secuestro y asesinato de presuntos miembros de otras organizaciones delictivas, entre otros delitos”.

Incluso señaló que para el gobierno de México “los abusos eran excepcionales” y que aun cuando ofreció que los autores rendirían cuentas de sus actos durante 2011 “sólo hubo un caso de personal militar que compareció ante la justicia”.

FEMINICIDIOS, OPACADOS POR LA VIOLENCIA 

Las instituciones de gobierno en México han fallado en su obligación de proteger a las mujeres de la creciente violencia y discriminación que sufren, así como en procesar legalmente a los responsables, apuntó Amnistía Internacional (AI) en julio pasado.

En un informe el grupo defensor de los derechos humanos indicó que pese a la creación reciente de leyes e instituciones para abatir la violencia de género en México, la violencia contra mujeres va al alza.

“En los últimos años hemos presenciado no sólo un aumento de los homicidios de mujeres, sino una continua y habitual ausencia de investigaciones efectivas y de justicia”, declaró Rupert Knox, investigador de AI para México.

Tras calificar la situación como “alarmante”, el experto destacó que “gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva” de las leyes aprobadas a favor de las mujeres, así como en la debilidad de las instituciones gubernamentales encargadas del tema.

Un año antes, el mismo organismo alertó que los feminicidios y violaciones en contra de mujeres se han visto opacados en un escenario de violencia generalizada que se vive en el país.

MILLONES DE POBRES EN EL OLVIDO

Amnistía Internacional denunció el 29 de agosto el olvido en el que viven 52 millones de personas pobres en México y pidió la ratificación inmediata de un tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

La organización denunció que el Gobierno “responde a los intereses de empresarios mientras ignora a los ciudadanos en situación de pobreza”.

“Es la mayor crisis de derechos humanos en México”, dijo a los medios el coordinador de movilización e impacto de AI, Daniel Zapico, quien recordó que de los 112 millones de mexicanos, 52 millones viven en situación de pobreza, según cifras oficiales dadas a conocer en julio de 2011.

Por ello, exigió a las autoridades que muestren su compromiso con los derechos humanos y ratifiquen el llamado Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El acuerdo establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales o culturales, como el derecho al agua, la educación o la vivienda, puedan reclamar a la justicia internacional, recordó Zapico.

“Cuál es la prioridad realmente de las autoridad mexicanas cuando un acuerdo de lucha contra la pobreza y reconocimiento de derechos lleva 36 meses esperando y un acuerdo como el ACTA, que incluso puede tener efectos negativos en materia de derechos humanos, se firma en nueve meses”, dijo.

MOVIMIENTO POR LA PAZ ALZA LA VOZ EN EU

Durante agosto y septiembre pasado, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad recorrió 25 ciudades en Estados Unidos.

El movimiento, encabezado por Javier Sicilia, tomó el 7 de septiembre las calles del centro financiero de Nueva York para pedir leyes que pongan fin al tráfico de armas entre ambos países y denunciar el lavado de dinero.

“Queremos que Estados Unidos reconozca que la guerra de las drogas existe en este país con la criminalización de la gente de color, la encarcelación exagerada de las minorías, a veces por la posesión mínima de drogas, y que el dolor es compartido”, dijo a la agencia EFE Marco Castillo, coordinador de la caravana.

“No hay control de armas, que florecen en EU y terminan matando gente en México. Los dos países corremos riesgos de la explosión de la violencia”, afirmó Castillo, que agregó que más de 70 mil personas han muerto en el país como resultado de las armas ilegales y más de 15 mil han desaparecido.

Además, Sicilia destruyó de manera simbólica armas e intentó abrir una cuenta bancaria con billetes manchados de sangre.

El también poeta había reclamado antes en una carta al presidente Felipe Calderón que la Procuraduría de Atención a Víctimas no cuente con recursos, su veto a la Ley General de Víctimas y la falta de acuerdo para construir un memorial para las víctimas de la violencia.

La estrategia de seguridad emprendida por el presidente trajo al país “dolor, víctimas y miseria”, afirmó Sicilia en la misiva.

Por su parte, representantes de organismos civiles y religiosos protestaron el 12 de septiembre ante la Embajada estadounidense en la capital de México para exigir un freno al tráfico ilegal de armas hacia este país, que está equipando a la delincuencia organizada.

Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), del colectivo Iglesias por la Paz y de la organización estudiantil #YoSoy132, entre otros grupos, realizaron la protesta a unos metros de la representación diplomática.

MIGRANTES, ENTRE PROMESAS

El 15 de octubre, Amnistía Internacional exigió al gobierno federal cumplir con su compromiso de investigar los abusos contra migrantes y sancionar a los responsables

En el marco del inicio de la caravana “Liberando la esperanza”, integrada por decenas de familiares de indocumentados centroamericanos desaparecidos en suelo mexicano, la organización recordó que tras la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno de Calderón se comprometió a “tomar medidas efectivas para que los abusos contra ese sector sean adecuadamente investigados y los responsables llevados a la justicia”, además de “establecer la identidad de los migrantes asesinados en México”, informó Proceso.

Sin embargo, pese a las promesas, Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que señala que no se “tiene información sobre la forma en que este compromiso se ha transformado en resultados concretos a favor de la verdad y la justicia para los migrantes víctimas de secuestro”.

AI resaltó que aunque existen denuncias, tanto de organizaciones civiles como de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por desapariciones forzadas, incluidas las de migrantes, “la gran mayoría no ha sido investigada de forma debida, lo que ha obstaculizado el acceso a la justicia y determinar la posible participación de funcionarios del Estado”, publicó Proceso.

Días más tarde, Martha Sánchez Soler, coordinadora de la caravana, señaló que en México han desaparecido un número indeterminado de entre 70 mil a 120 mil migrantes en su paso por México en los últimos años.

La también presidenta del movimiento migratorio destacó además que la desaparición de personas que utilizan como ruta México para llegar a Estados Unidos, en su gran mayoría se debe a que son presas del narcotráfico, de grupos delictivos que operan y que los extorsionan.

ESTRATEGIA DE FCH NO HA FUNCIONADO: KOFI ANNAN

El ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió el 18 de octubre pasado un cambio de estrategia en la guerra contra las drogas centrado en la despenalización y opinó que la táctica del presidente mexicano “no ha funcionado”.

“Cuando uno mira a los resultados de la estrategia de Calderón, la mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente”, dijo Annan en una conferencia en el centro de estudios Brookings de Washington.

El diplomático ghanés recordó que, el año pasado, formó parte de la elaboración de un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas dirigida por el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, que recomendó regular el consumo de marihuana y despenalizar el uso de otras sustancias.

El ex secretario general de la ONU recordó que los Gobiernos “se enfocan demasiado a menudo en el lado del suministro y olvidan el de la demanda, y esos dos aspectos tienen que trabajar juntos”.

“Hay que enfrentar esto a través de la educación y la salud, en lugar de con acciones brutales”, consideró Annan, quien también se mostró preocupado por “las tiendas de armas en la frontera (entre EU y México), que están llenando de armas el norte (de México)”.

LLAMADO DE LA UE

La Unión Europea (UE) confió el 19 de octubre en que la seguridad en México sea manejada de un modo “más tradicional”, no con militares en las calles como ha ocurrido durante el Gobierno de Felipe Calderón.

“Esperamos, en la medida en que haya capacitación (de las fuerzas de seguridad: policías) en México también, que la (…) seguridad pueda ser manejada en una manera más tradicional”, dijo en rueda de prensa el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, el griego Stavros Lambrinidis.

Al inicio de su mandato hace casi seis años, Calderón desplegó al Ejército y la Marina en las zonas más problemáticas del país para enfrentar a los cárteles y demás grupos del crimen organizado.

Dicha estrategia permitió capturar importantes líderes criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la violencia en el país, donde más de 70 mil personas murieron en enfrentamientos entre narcotraficantes y de estos con las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, defendió la gestión de Calderón.

Dijo que el mandatario había hecho “de los derechos humanos, de su promoción internacionalmente e internamente, una de las grandes prioridades” de su administración.

TORTURA AUMENTA 500%

El pasado 29 de octubre varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) presentaron un informe que revela que los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos seis años, en el marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón.

Al día siguiente, el documento, titulado “Situación de la Tortura en México”, fue llevado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), órgano encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura, a la que México se sumó en 1986.

Este informe, realizado por las 73 organizaciones que constituyen la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), muestra la “preocupación” que suscita una “situación agravada por la falta de avances en políticas públicas”.

“La tortura sigue siendo una herramienta constantemente utilizada por las fuerzas de seguridad y fomentada por el actual pasivo de las autoridades ministeriales y judiciales”, dijo en rueda de prensa la portavoz de la Red TDT), Agnieszka Rzczynska.

“Es difícil contar con cifras, pues la mayoría de casos no se denuncian, pero a pesar del subregistro, el número de casos del 2006 a la fecha ha aumentado en un 500 por ciento”, precisó el portavoz del colectivo contra la tortura y la impunidad, Javier Enríquez.

De acuerdo con el informe, “la militarización de la guerra contra el crimen” es uno de los principales factores que ha motivado este incremento y, como prueba, señalan el aumento de las denuncias en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No es la primera vez que se denuncian estos sucesos durante el gobierno calderonista, el 11 de octubre Amnistía Internacional dio a conocer el informe titulado: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México”, un documento que muestra el incremento alarmante de la tortura durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la impunidad imperante:

“Amnistía Internacional publica el presente documento para ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la tortura y para poner de relieve los retos a que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando entre en funciones en diciembre, para poner fin a la tortura y los malos tratos. La organización presentará este material al Comité de la ONU contra la Tortura, que en noviembre de 2012 someterá a examen el cumplimiento por parte de México de la obligación de poner fin a la tortura”.

Añade: “Los datos disponibles indican que las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno en los últimos cinco años han coincidido con un alarmante aumento del uso de la tortura y los malos tratos a escala federal, estatal y municipal. Como consecuencia de ello, quienes cometen tortura saben que no hay prácticamente ninguna probabilidad de que los hagan comparecer ante la justicia. Además, la información y las pruebas obtenidas mediante tortura siguen siendo aceptadas con frecuencia en los procedimientos judiciales, lo que fomenta su uso continuo”.

Ante esto, el Gobierno de México expresó al día siguiente su “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el combate a la tortura” y los “maltratos”.