El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 está conformado por las presas Ahuacoya y Zoquiapa. El daño al medio ambiente que provocará fue acreditado incluso con un peritaje de la entonces PGR. El Consejo Tyat Tlali, que acompaña el caso, ha denunciado que entre los impactos que tendrá está la remoción de vegetación forestal, desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Campañas de difamación, demandas legales e intimidaciones son algunas de las agresiones de las que han sido víctimas comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla y defensores que desde hace tres años los acompañan en la exigencia por cancelar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que le quitará a habitantes de tres municipios su agua para favorecer exclusivamente a socios de la empresa Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Walmart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.

Itzel Silva, abogada de la organización Fundar, denunció en conferencia que cuando la organización inició el acompañamiento del caso fue víctima de actos intimidatorios que se recrudecieron tras anunciar que impugnarán la sentencia dictada el 10 de octubre de este año por el Juez Miguel Arroyo del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla, quien negó un amparo obtenido en 2016 por mil 096 integrantes de las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán para evitar la construcción del proyecto.

Muestra de estas intimidaciones es la reapertura en agosto de este año de una demanda penal que el ex Secretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Jesús de la Cruz Sánchez Cuevas, interpuso contra las abogadas que acompañan el caso Diana Pérez, del Consejo Tyat Tlali, e Itzel Silva en enero de 2017 y que el Ministerio Público había acordado cerrar por falta de elementos. El ex funcionario está nombrado en la demanda de las organizaciones por permitir el proyecto.

Itzel Silva, abogada de la organización Fundar, denunció en conferencia que cuando la organización inició el acompañamiento del caso fue víctima de actos intimidatorios que se recrudecieron. Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo.

Otra práctica intimidatoria denunciada por la abogada Silva fue que a las oficinas de Fundar llegó una fotografía de la casa de Silvia Villaseñor, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y defensora de la tierra, lo que les muestra que la población opositora al proyecto ha sido vigilada, a ello se suma que un grupo de pobladores cercanos a la empresa acusa a Villaseñor de causar conflictos en la comunidad.

Además, en las en las comunidades organizadas personas han difundido una lista con los ingresos que Fundar recibe de sus financiadoras, recriminando que los pueblos no tienen esas ganancias y cuestionando por qué están en contra del progreso.

El amparo que fue rechazado a las comunidades totonacas denunciaba a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por haber otorgado desde 2009 y hasta 2018 permisos para la construcción de la hidroeléctrica.

El Juez negó el amparo al asegurar que la Secretaría de Energía (Sener) cumplió con lo que establece el derecho internacional sobre consultar a los pueblos indígenas de forma libre e informada sobre proyectos que pudieran afectarlos antes de iniciarlos, esto pese a que la consulta a la que hace referencia se realizó en 2015, seis años después de que autoridades entregaran los primeros permisos.

El Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 está conformado por las presas Ahuacoya y Zoquiapa. La de Ahuacoya tendrá una cortina de 45 metros de altura. El daño al medio ambiente que provocará fue acreditado incluso con un peritaje de la entonces PGR.

El Consejo Tyat Tlali, que acompaña el caso, ha denunciado que entre los impactos que tendrá está la remoción de vegetación forestal, desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, generación de gases de efecto invernadero, proliferación de insectos transmisores de enfermedades, contaminación de acuíferos, entre otros.

José Galindo, habitante de San Felipe Tepatlán, Puebla, recordó que incluso el INAH, reconoció que el Proyecto afectará sitios arqueológicos porque se convertirán en lugares para guardar maquinaria.

DEFENDER EL AGUA, DEFENDER LA VIDA

La defensora Silvia Villaseñor llamó a las autoridades a frenar la construcción de la hidroeléctrica pues, dijo, “está en riesgo la vida del pueblo totonaca si este proyecto avanza”.

José Galindo, quien ha sido amenazado e investigado por un delito que no cometió por oponerse al proyecto, afirmó que los defensores de los ríos “no estamos en contra del proceso, estamos en defensa del agua, de la vida”.

Además, se tiene previsto que la hidroeléctrica gaste 11 mil litros de agua por segundo.

Recordó que trabajadores de la empresa tratan de convencer a habitantes de las comunidades de apoyar la hidroeléctrica al prometerles sueldos de 500 pesos al día. “Como si para conseguir dinero fuera necesario vender y destruir un río”, dijo.

Por su parte, Antonio Márquez Zaragoza, del municipio San Felipe Tepetlan, defendió que el río tiene para ellos un valor incalculable. “En el río donde quieren construir hacemos rituales, pescados, el agua la usamos para el ganado, los cafetales, de eso vivimos”, expuso.

Y acusó que son los empresarios quienes han causado diferencias entre los habitantes. “Deselec 1-Comexhidro ha causado mucha desconfianza en la comunidad, nos dividen”.

Ante las agresiones, Amnistía Internacional México, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Análisis e Investigación y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario expusieron hoy su respaldo y exigieron garantías de seguridad al Estado mexicano para su labor como defensores.

Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, exigió a las autoridades tomar medidas para la protección de las personas que han sido amenazadas porque, dijo, dejar impunes las agresiones “debilita el contrapeso más importante que tiene el Estado” y envía genera un efecto colectivo de inseguridad y miedo.

LAS DEMANDAS JURÍDICAS

Las abogadas de Fundar y el Consejo Tyat Tlali explicaron que además de impugnar la sentencia, sigue en paralelo otro proceso legal para impedir que una parte de la construcción de hidroeléctrica comience.

Aunque otros recursos ya fueron rechazados y dan pie a que la construcción inicie, explicaron que está pendiente la decisión de un Juez para quitar o mantener una suspensión que se ganó para San Mateo Tlacotepec. Los dos procesos, la impugnación y la decisión de la suspensión, serán resueltos por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en Puebla.