Hace cinco semanas una transmisión en vivo del Facebook del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco mostró escenas del rancho Izaguirre de Teuchitlán donde aparecían pilas de calzado, ropa de vestir, mochilas y otras prendas personales de lo que parecían víctimas de un centro de entrenamiento y de exterminio a cargo del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación. Pocos podíamos imaginar el alcance de esas imágenes.

La difusión de las escenas de lo que era un centro de entrenamiento del grupo criminal y al mismo tiempo un centro de exterminio, conmocionó a la sociedad mexicana cómo hacía tiempo no ocurría con el tema de la desaparición de personas. No es que no lo supiéramos pero la difusión de las escenas de Teuchitlán se convirtió en un golpe a la conciencia, como lo fue en su momento Ayotzinapa, para recordarnos que vivimos en una época oscura marcada por la violencia organizada y una guerra informal de tal magnitud que se ha convertido en una de las crisis humanitarias más importantes del mundo actual.

Y la conmoción y el estupor por las escenas de Teuchitlán se convirtieron en rabia y en una convocatoria política a realizar una jornada de luto nacional para que no se presente otra tragedia como la que nos reveló el rancho Izaguirre. El impacto de las escenas encontradas por las madres buscadoras en el rancho fueron de tal magnitud que lograron opacar, al menos por un mes, las preocupaciones por las amenazas arancelarias de Donald Trump.

Uno de los saldos positivos que provocó el rancho de Teuchitlán, es que volvió a traer la crisis por desaparición de personas al primer plano en el país y obligó al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer esta crisis. Y, lo más importante, motivó y obligó al Gobierno federal a escuchar a las madres y padres buscadores, reunirse con los colectivos y comprometerse a hacer cambios a las leyes en acuerdo con ellos. Al comienzo de su Administración, en octubre del año pasado, la desaparición de personas no era una prioridad para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Esperemos que la realidad develada por el rancho de Teuchitlán cambie las prioridades de la agenda del Gobierno federal.

Los encuentros han sido tan importantes como dolorosos, como ocurrió el jueves pasado cuando la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tuvo que escuchar el testimonio de don Gustavo Hernández, quien tiene a su hijo Abraham (de 33 años) desaparecido desde hace un año en Nuevo León. Con la voz quebrada y el llanto vivo don Gustavo le pedía a la Secretaria de Gobernación que le ayudara a encontrar “aunque sea un huesito, un huesito, para tenerlo y darle cristiana sepultura”. Al menos en los videos, la Secretaria de Gobernación se veía genuinamente conmovida. Pero no sólo se han escuchado los dolorosos y desgarradores testimonios de cientos de madres y padres buscadores. También se han escuchado las exigencias y las duras críticas a las autoridades que no hacen su trabajo.

Son casi las mismas denuncias y quejas que se repiten estado por estado: que las fiscalías no investigan, que son las familias que las hacen la investigación y las llevan a los ministerios públicos, falta de coordinación entre instituciones, trámites burocráticos, que no se busca a los desaparecidos en vida, la falta de recursos humanos u económicos y por si fuera poco, indolencia y falta de empatía de los funcionarios que trabajan en las agencias encargadas de la búsqueda de los desaparecidos.

Como prueba de ello, en casi todas las reuniones de la Secretaria de Gobernación con los representantes de los colectivos, se ha exigido la renuncia de la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Sahagún. Rosa Icela Rodríguez ha respondido que para el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, escuchar a las víctimas será prioridad, ha ofrecido despedir del Gobierno a los funcionarios indolentes y se ha comprometido a escuchar a todos los colectivos para tomarlos en cuenta en las iniciativas y reformas a las leyes que tienen que ver con la desaparición de personas.

Como exigen los colectivos de familias, deberían relevar a Teresa Reyes al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda y poner en su lugar a una persona con más conocimiento de la crisis por desaparición de personas y especialmente, que cuente con el consenso y el visto bueno de los colectivos de familias que buscan a sus hijos ausentes. Sería un gesto importante del Gobierno hacia las familias buscadoras.

Si bien da cierta esperanza para las familias la atenta escucha de la titular de política interior del Gobierno federal, del propio Gobierno se desprenden posturas y pronunciamiento que pueden dar paso a la desesperanza y la indignación. Prueba de ello fue el cuestionamiento tan encarnizado que desde voces del oficialismo se hizo al colectivo que encontró los indicios del rancho de Teuchitlán, Guerreros Buscadores de Jalisco; la postura negacionista de que ese rancho hubiera sido un centro de exterminio; o cobijarse en un nacionalismo ramplón para negarse a aceptar la ayuda internacional que podría venir a partir del mecanismo excepcional iniciado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

Es indignante que personajes políticos que han sido relevantes para el Gobierno de la Cuarta Transformación, como Gerardo Fernández Noroña, haya descalificado a las familias buscadoras y que haya promovido la petición para remover al presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por promover un mecanismo extraordinario para revisar la grave situación que impera en México. El intento de justificación del oficialismo sólo trata de evadir la realidad. Alegan que en México ya no existen desapariciones forzadas (aunque sí siguen ocurriendo) porque ya no se ordenan desde la presidencia o altas instancias del Estado. Sin embargo, ese alegato pasa por alto que la magnitud de las desapariciones en el país no podría existir sin la negligencia, incapacidad o complicidad de amplias franjas del aparato estatal.

Visto el fenómeno en conjunto, claramente la desaparición forzada existe en México. Y aunque el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha seguido la realidad de esta crisis en el país desde hace muchos años, ahora las revelaciones del rancho de Teuchitlán vuelven a poner este fenómeno a una escala mundial.

Pero nada de lo que hasta ahora ha dejado como saldo positivo el descubrimiento del rancho Izaguirre será suficiente si la sociedad no acompaña desde abajo a las madres y padres y a todos los colectivos de familiares que están buscando a los 127 mil desaparecidos que hay en México. No los dejemos solos.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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