El escándalo de corrupción que involucra a María Amparo Casar Pérez por recibir decenas de millones de pesos del erario federal por la muerte de su marido —suicidio, según la autoridad local, accidente, de acuerdo con Pemex— debe analizarse en el tiempo y en las circunstancias de 2004, cuando era alta funcionaria del gobierno de Vicente Fox y como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel, que diseñó, ejecutó y validó numerosas decisiones tramposas, no en su actual condición de opositora, una coartada política que le sirve para su defensa mediática, pero que no debe estar por encima de las evidencias documentales del caso.
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