Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que en México las graves violaciones de derechos humanos continúan siendo una constante estructural e histórica en el país a pesar de diversas reformas en materia de justicia y derechos humanos. También hizo referencia a la conexión directa debido a la impunidad que hubo tanto en los crímenes de la “guerra sucia” como en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, y la ejecución de al menos 15 personas en Tlatlaya, Estado de México.
Además se dijo preocupada por las denuncias que han hecho organismos sociales que refieren al excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no solo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo.
El organismo internacional afirmó que las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos civiles “no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar los mecanismo pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control”.
En su Informe sobre el 153 Período de Sesiones, que se llevó a cabo del 23 de octubre al 7 de noviembre del 2014, la CIDH dio cuenta de los avances del análisis de peticiones, casos y medidas cautelares; estudió diversos planes a fin de resolver el atraso procesal; celebró 53 audiencias públicas y 31 reuniones de trabajo sobre casos y medidas cautelares; y sostuvo reuniones con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, entre otras actividades.
En el caso de México, la Comisión destacó su preocupación por la impunidad en los crímenes de la época de la “guerra sucia”, donde “sólo existiría una condena por los crímenes de esa época, que no había sido ejecutada por la avanzada edad del imputado”, y los acontecimientos registrados recientemente en el país.
Los peticionarios, explica el documento, refirieron que el cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en 2006, se llevó a cabo sin justificación y sin haber cumplido su mandato de investigar los crímenes ocurridos durante la “guerra sucia” en México.
La “guerra sucia” sucedió entre la década de los sesenta y los setenta cuando el Movimiento estudiantil de 1968 fue reprimido y organismos civiles reclamaron la existencia de prácticas por parte del Estado mexicano en contra de la oposición.
En el informe, manifestaron que con el cierre de esta institución sus investigaciones fueron remitidas a la Dirección de la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual hasta la fecha no ha mostrado avances para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad.
Explicó que los peticionarios expresaron su preocupación por la represión contra los activistas políticos por parte del Estado que ha tenido lugar desde los años cincuenta hasta la fecha, y lamentaron los actos de represión ocurridos este año, contra los seis jóvenes ejecutados en Iguala y contra los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El organismo internacional informó que durante la audiencia diversas organizaciones de la sociedad civil plantearon que la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos continúa siendo una constante estructural e histórica en el país a pesar de diversas reformas en materia de justicia y derechos humanos.
Las organizaciones que sostuvieron la audiencia con la CIDH le otorgaron información actualizada sobre la situación específica de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y reiteraron que las autoridades del Estado habrían fallado en buscarlas, identificar los cuerpos e investigar y sancionar estos crímenes.
Hablaron también de la denominada “Guerra contra las drogas” del sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como la reciente desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ambos hechos “como muestra de la incapacidad del Estado de prevenir hechos de tal naturaleza”.
Denunciaron que en todo el país sólo se han dictado seis sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada.
Las organizaciones consideraron, detalla la CIDH, que el fenómeno de la impunidad en México se produce, entre otras razones, por la falta de capacidad institucional de las agencias de investigación; y por la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que se encuentren involucrados integrantes de sus propias instituciones.
“El Estado, por su parte, reiteró su compromiso y apertura frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconoció la existencia de ‘fallas estructurales profundas’ en el sistema de justicia, y la necesidad de adoptar una serie de medidas concretas para reducir los altos niveles de impunidad por graves violaciones de derechos humanos”, informa la CIDH.
Ante ello, la CIDH subrayó la necesidad de generar un cambio real en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley.
Además consideró “que graves violaciones a derechos humanos, como las planteadas en la audiencia, no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar los mecanismo pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en las entidades federativas”.
La CIDH, dijo que “recibió con preocupación información sobre la alegada tendencia por parte de las autoridades a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012”.
Finalmente, detalla la Comisión, las organizaciones afirmaron el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no solo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo.
Destacó que este sentido, el Estado por su parte manifestó su respeto por la protesta social como una herramienta del derecho a la libertad de expresión, y agregó que sus regulaciones están encaminadas a garantizar la seguridad de los manifestantes así como de la población en general. Una de esta sería la regulación del uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Asimismo, el Estado aseguró que cuenta con un Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que ha brindado protección a personas en riesgo.
