México encabeza, nuevamente, la lista de países de América Latina con alto índice de impunidad y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, de acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas Puebla.
En entrevista para SinEmbargo, sus dos autores, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez, Lara advirtieron que los altos niveles de impunidad extienden los delitos, la desigualdad y orillan a los ciudadanos a buscar justicia y seguridad por sus propias manos.
Ante ello, los investigadores enfatizaron la importancia de combatir el problema estructural del sistema de justicia y seguridad mexicano mediante mayor inversión en número de jueces, y mejores salarios y profesionalización a los policías e incluso la de a tomar en cuenta la ayuda extranjera, como ya lo hizo Guatemala.
“Para México tendría que ser algo que tendría que reflexionarse a profundidad para ver si un sistema que es incapaz de reformarse a sí mismo pueda reformarse a través de la ayuda internacional”, afirmó el politólogo Juan Antonio Le Clerqc.
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Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– La impunidad en México no puede crecer más. Si no se administra seguridad y justicia, no sólo se extiende la criminalidad y la desigualdad, sino la gente va a seguir tomando las armas por propia mano como lo hacen las autodefensas, aseguraron los autores del Índice Global de Impunidad 2017 publicado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
México (69.21 puntos) encabeza, nuevamente, la lista de países de América Latina con alto índice de impunidad, seguido de Perú (69.04 puntos), Venezuela (67.24 puntos, considerando su crisis político institucional), Brasil (66.72 puntos), Colombia (66.57 puntos), Nicaragua (66.34 puntos), Paraguay (65.38 puntos), Honduras (65.04 puntos) y El Salvador (65.03 puntos). Ningún país del continente se encuentra con un índice bajo de impunidad. A nivel internacional, ocupa el cuarto sitio por debajo de Filipinas (75.6 puntos), India (70.94 puntos) y Camerún (69.39 puntos).
En contraste, las naciones con menor impunidad son Croacia (36.01 puntos), Bulgaria (37.19 puntos), Eslovenia (37.23 puntos), Suecia (39.15 puntos) y Noruega (40.90 puntos).
“Con Perú y Venezuela compartimos malos índices en materia de derechos humanos, así como problemas estructurales en materia de seguridad y justicia que no permiten que se impartan de manera pronta y expedita. Lo que nos diferencia con países como Croacia, Bulgaria o Eslovenia –países de Europa del Este– son las capacidades”, dijo en entrevista Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia de la UDLAP.
El caso de Venezuela es “atípico” por la actual situación de violencia, descomposición de las instituciones democráticas, afectaciones a la libertad de expresión y evidentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos que no se encuentran “suficientemente reflejadas en este reporte”.
El otro autor del estudio, el politólogo y director del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, Juan Antonio Le Clercq Ortega, explicó que el hecho de que México es el país con mayor impunidad dentro de los países latinoamericanos tiene que ver con que, a pesar de las propias condiciones económicas y contexto político social particular, “México tiene un problema de carencia de capacidades institucionales o problemas de funcionamiento que lo colocan en una posición incluso peor que la media de América Latina”.
En el texto del Índice Global de Impunidad se expone la preocupación por la combinación de altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracterizan a la región latinoamericana. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias para quienes sufren las condiciones de marginación.
CAPITAL HUMANO Y FUNCIONALIDAD
Ambos académicos del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia coincidieron en entrevista que la falta de capacidades en el sistema de justicia y la ausencia de funcionalidad en el sistema de seguridad mexicanos abonan a los altos índices de impunidad en el país, por lo que es prioridad atender esas dos dimensiones mediante una mayor inversión transparente y eficaz, así como profesionalización y mejores salarios al cuerpo policiaco.
En el caso del sistema de justicia, el especialista en políticas públicas Gerardo Rodríguez expuso que “se dejó olvidado en los últimos 30 años” que México tenía que invertir en cuestiones de justicia. No se tienen los suficientes jueces que se requieren para administrar justicia de manera cotidiana, es decir, se carece de capacidad instalada de capital humano para aplicar la ley.
El estudio justifica que aumentar el número tendría un efecto inmediato sobre los juicios, ya que sería posible incrementar las capacidades de impartición de justicia, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también disminuir la sobrepoblación de las cárceles.
El politólogo Juan Antonio Le Clercq destacó que en México hay 4.2 jueces para atender a cada 100 mil habitantes, frente a la media de 16.23 jueces de los 69 países estudiados. En América Latina cuentan con un total de 8 jueces. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, tiene 45 jueces por cada cien mil habitantes.
“El panorama no es alentador. Estamos a la mitad del número de jueces que nuestra región tiene y eso es muy ilustrativo de la carencia de capacidades para garantizar el acceso a la justicia y su impartición equitativa independientemente de su región o condición económica”, aseguró.
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Respecto al sistema de seguridad, la debilidad recae en la eficacia al utilizar la capacidad de capital humano, por lo que debe invertirse tanto en la profesionalización como en los salarios del cuerpo policiaco, dijeron los autores del Índice Global de Impunidad.
“Analizando el caso de los policías respecto al proceso de detención, México tiene 359 policías por cada 100 mil habitantes, un número alto frente al promedio de 319 a diferencia de los jueces. Aquí el problema no es de capacidades sino de funcionamiento, armamento, salarios y prestaciones”, aseguró Juan Antonio Le Clercq Ortega.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara agregó que en materia de seguridad se debe invertir mucho más recursos en salarios y profesionalización de los cuerpos policiacos.
“Se necesitan más policías en el ámbito local, mejor preparados y con mejores prestaciones. Pero esa inversión debe ser vigilada y evaluada para que se destine a donde debe ir para tener más y mejores policías, ministerios públicos y jueces; construir aparatos profesionales o servicios de carrera como el Ejército”, desarrolló el también miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.
Rodríguez Sánchez Lara enfatizó que en el caso de los ministerios públicos, las dos principales quejas de la población en materia de denuncia son: es una pérdida de tiempo ir al ministerio público y, además, saben que no se va a llegar a ningún lado.
“Desde un choque de tránsito hasta un robo u homicidio, las instituciones están rebasadas para atender las quejas y no lo hemos querido ver”, afirmó.
Del total de delitos denunciados en el país, sólo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento en ilícitos acreditados por la autoridad como consumados. El 43 por ciento, casi la mitad de la población detenida, no ha recibido sentencia.
Finalmente, ambos investigadores de la UDLAP advirtieron que la impunidad tiene consecuencias sociales y económicas.
“En términos económicos, la impunidad provoca la falta de atracción en inversión extranjera, costos que se trasladan a los consumidores finales por la corrupción que genera la falta de seguridad y Estado de derecho”, dijo Gerardo Rodríguez.
FRENO A JUSTICIA Y SEGURIDAD
Para el académico Juan Antonio Le Clerqc, la consecuencia más importante de la impunidad es que imposibilita el acceso a la justicia y la seguridad, que son “un bien público fundamental”.
“La impunidad fractura la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a ese bien. Además, extiende la violencia e inseguridad porque quien comete delitos encuentra la oportunidad de seguirlo haciendo al saber que la posibilidad de ser detenidos o salir libre es muy fácil. En términos económicos, hay una relación importante entre desigualdad e impunidad. Cuando hay procesos de impunidad muy amplios, quienes son doblemente vulnerables son quienes previamente están en marginación socioeconómica”, aseguró.
Desde una visión internacional, el domingo el Presidente de Guatemala Jimmy Morales expulsó del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. Morales declaró “persona non grata” a Velásquez, por su supuesta injerencia en asuntos internos lo cual ha puesto en riesgo la ayuda técnica y de cooperación.
Sin embargo, esa decisión está en suspenso temporal por un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país centroamericano.
“El caso de Guatemala representaba la oportunidad de que la comunidad internacional colaborara a mejorar la situación de un país en determinada situación, pero el nuevo Presidente se niega a recibir a estos observadores para continuar este proceso. Seguramente siente que él mismo está en ese contexto. Para México tendría que ser algo que tendría que reflexionarse a profundidad para ver si un sistema que es incapaz de reformarse a sí mismo pueda reformarse a través de la ayuda internacional”, afirmó el politólogo Juan Antonio Le Clerqc.
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