Integrantes de la organización Alianza Cívica, quienes participaron como observadores en la elección del primero de julio, consideraron que la equidad del proceso electoral fue quebrantada por un alto número de irregularidades y delitos electorales.

Eduardo Huchim, ex consejero electoral del Instituto Electoral del DF, dijo que a pesar de que observaron una gran cantidad de irregularidades que hacen de la elección un proceso de baja calidad.

En conferencia de prensa, los observadores informaron que de las casillas que vigilaron, en un 21 por ciento detectaron compra y condición del voto, presión, intimidación y acarreos. Además manifestaron su preocupación por la nueva práctica que han denominado la de “niños halcón” en la que los partidos utilizan menores de entre 8 y diez años para corroborar que los ciudadanos voten por quien se comprometieron.

“No me resulta grato decirlo, pero sí se cumplió lo que nos temíamos, una gran operación, quizá la mayor operación de compra y coacción del voto en la historia del País, por lo que decíamos anteriormente que es el hecho de que hubo 15 procesos electorales locales, además de los federales”, señaló Huchim.

“Yo quisiera llamar la atención para fundamentar lo que creo que puede calificarse como una elección de baja calidad dos cifras que aparecen en el informe: en el 21 por ciento de las casillas existen reportes de violación al voto secreto, 21 por ciento es un número realmente alto sobre todo a estas alturas del siglo 21, pero hay otra cifra también muy llamativa, el 28.4 de los ciudadanos encuestados estuvieron expuestos a al menos una práctica de compra y coacción del voto”, detalló Huchim.

Según datos de el informe dados a conocer por Huchim, casi el 50 por ciento de los casos analizados por Alianza Cívica reportan que hubo alguna irregularidad.

“Es verdaderamente grave, sobre todo en lo que corresponde a la compra y coacción que recordemos que no sólo es una irregularidad administrativa, sino que es un delito electoral que tendría que ser perseguido por la Fiscalía Especializada para a Atención de los Delitos Electorales, que ya sabemos que su ineficiencia es proverbial”, destacó.

De acuerdo con las conclusiones del estudio realizado en 21 estados del País con más de 500 observadores electorales acreditados por el IFE y una confianza estadística de 95 por ciento, existe una correlación entre el dinero de las campañas políticas y los resultados electorales.

En el 71 por ciento de los casos, la coacción y compra de votos benefició en un 71 por ciento a la coalición PRI PVEM; un 17 por ciento a favor del PAN; 9 por ciento a favor del PRD, y 3 por ciento al Panal.

Beatriz Camacho, presidenta de Alianza Cívica, denunció la implementación de un operativo de “niños halcón” implementado por el PRI en el Estado de México, en el que menores de entre 8 y 10 años acompañaban a los electores a las casillas para verificar el sentido del voto.

Huchim consideró que a pesar de las irregularidades no percibe ninguna posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vaya siquiera a intentar la anulación de la elección presidencial.

“Si uno de los presupuestos esenciales de una competencia democrática es la equidad y la equidad esta rota, pues habría lugar a una anulación, pero el que yo piense que así sea es irrelevante, lo cierto es que la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) no veo yo en ningún escenario que vaya a anular el resultado de la elección presidencial”, lamentó.

“El PRI y el PVEM obtuvieron el 41 por ciento del financiamiento público para esta campaña, su resultado fue de 38.15 por ciento, el PAN que tuvo el 25 por ciento del financiamiento público, obtuvo el 25.4 por ciento; y el PRD-PT y MC que se les dio un 27 por ciento de los recursos, su resultado es de 31.64 por ciento.

Alianza Cívica observó la calidad de la jornada electoral en 21 estados del país con más de 500 observadores electorales acreditados ante el instituto federal electoral.

Esta ONG reportó que el Estado de México, Jalisco, Coahuila, Puebla y Yucatán son los estados en donde se presentaron las mayores irregularidades. Asimismo destacaron que en más del 20 por ciento de las casillas que vigilaron existen reportes de violación al voto secreto.

En tanto, destacaron que el 28.4 por ciento de los ciudadanos encuestados dijeron haber estado expuestos al menos a una práctica de compra del voto en esta jornada electoral.