Luego de que la PGR atrajo las investigaciones de presuntos abusos cometidos en los albergues “La Ciudad de los Niños”, en Salamanca, Guanajuato, y “Ciudad Juvenil”, en Michoacán, el Gobierno de Miguel Márquez aseguró que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y sus colaboradores estaban siendo investigados.

Violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, fueron algunos de los abusos graves en el albergue que fueron desvelados gracias a una investigación periodística.

León, Guanajuato 4 de agosto (SinEmbargo/ZonaFranca).- “Por supuesto, por supuesto”, fue lo que respondió el vocero del Gobierno del Estado cuando se le preguntó si el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y sus colaboradores estaban siendo investigados, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo las investigaciones de presuntos abusos cometidos en los albergues “La Ciudad de los Niños”, en Salamanca, Guanajuato, y “Ciudad Juvenil”, en Michoacán.

“Estamos empezando una investigación, hay antecedentes, pero necesitamos tener certidumbre, hoy lo estamos logrando, tener más confianza de los pequeños, para poder tener acusaciones directas y puntuales”, señaló Enrique Avilés Pérez, director de comunicación social de Gobierno del Estado, en un cambio de discurso pues hasta hace apenas unos días se seguía negando que el sacerdote encargado de la Ciudad de los Niños estuviera siendo investigado.

Haciendo énfasis en que no se fabricarán culpables, Avilés aseguró “todos y cada uno de los detalles que merezcan investigación, serán investigados. Todos y cada uno de los detalles que merezcan el peso de la ley, se va a aplicar. No hay una sola posibilidad de que alguien se escape”.

Cuestionado sobre el número de menores de edad a los que se les cambió la identidad, el vocero del Gobernador Miguel Márquez dijo que esto también se está revisando pues es “un tema donde hay responsables, algo que está fuera de la ley”. Dijo que no se han dado la cifra exacta de personas que se encuentran en esta situación, pues aún se siguen rastreando, “pues son 40 años” de que funciona la “Ciudad de los Niños”.

En los próximos días se decidirá si sigue en el cargo Marcela Amezola Zavala, quien en los últimos 10 años ha sido la oficial del registro civil en Salamanca, pero esto será dependiendo de los “datos sólidos” que dé la investigación “para saber qué hacer”, pues el tema es muy complicado señaló Enrique Avilés.

El pasado 2 de agosto, la PGR precisó que ya había iniciado una carpeta de investigación por los hechos ocurrido en “La Ciudad de los Niños”, donde, de acuerdo con las denuncias, decenas de menores fueron abusados durante al menos 40 años por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, a quien las víctimas identifican como “Papi”.

Violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, fueron algunos abusos graves en el albergue, los cuales fueron desvelados gracias a una investigación periodística y que, posteriormente, el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) del estado integró en un informe que fue entregado a las autoridades.

Sin embargo, no había iniciado una investigación en contra del sacerdote.

Tras la atracción del caso por parte de la PGR, el Gobierno de Guanajuato confirmó que sí indaga a Gutiérrez Farías. Agregó que otra de las líneas de investigación tiene que ver con el uso adecuado de los recursos públicos que se le dieron a la Ciudad de los Niños A.C. para su funcionamiento.

Avilés Pérez explicó que se le advirtió al padre que se podía usar la ley si se negaba a ceder la administración de los albergues al DIF estatal, “él toma la decisión de entregar el control total. No hay una comunicación directa con él, pero está perfectamente localizable. Ha pedido que haya cercanía, sobre todo con su grupo legal para que se vea su disposición en las investigaciones”.

Otro viraje en el discurso gubernamental se da en que, hasta hace poco, la sentencia era señalada por los funcionarios como “una versión”, hoy Avilés le dijo a Zona Franca que “hay que recordar, que esa información que permite que la jueza haga todas observaciones es la generada por la propia procuraduría y el DIF. No es una investigación que surja a partir de ayer o antier, es un tema que está trabajando, que va a concluir en tiempo y en forma”.

EL TRABAJO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

Por su parte, el director del DIF Estatal, Alfonso Borja explicó que hay dos líneas de restitución de derechos de los menores de edad; primero se hizo una valoración general “en términos psicológicos, físicos, de trabajo social y jurídicos” con lo que se generó un diagnóstico general previo a la intervención del albergue. Con esto generaron un plan de restitución de derechos que conlleva medidas de protección inmediatas y de corto, mediano y largo plazo. Esto se realiza según las necesidades de cada uno de los niños.

Sobre la discusión sí se deben atender las órdenes dadas por la jueza en la sentencia o no, pues ésta no ha causado estado, el director del DIF estatal señaló que “ese no es el elemento principal, el elemento principal son las niñas, niños y adolescentes. Nosotros de manera proactiva, decidimos ejercer las atribuciones que tenemos en base a la ley y ejecutar una medida de protección”, en otro cambio del gobierno estatal.

Borja dijo que está abierto a la intervención de la federación en su trabajo, pues “nosotros estaremos coordinándonos con las instancias correspondientes a nivel federal, se ha mostrado toda la apertura y disposición, y en su momento darlo a conocer, compartirlo y revisarlo en conjunto. Pero por el momento estamos atendiendo con el equipo del DIF estatal”.

El encargado del DIF dijo que fue el 26 de febrero de 2016 cuando se dieron cuenta de la situación en el albergue y empezaron a trabajar; el 13 de junio de 2017 se les notificó la sentencia de amparo, por lo que solicitaron medidas de protección que fueron implementadas hasta el 29 de junio, es decir, un año cuatro meses después de que conocieran de la violencia que se vivía al interior de la “Ciudad de los Niños”.

En los albergues de Salamanca se encontraron con 63 personas y 8 en Moroleón, algunos de ellos eran mayores de edad que decidieron retirarse del lugar y actualmente hay 67 niños, niñas y adolescentes.

Borja explicó que hasta el momento se han presentado padres de familia de seis menores al albergue, pero sólo una persona ha pedido llevarse a su hijo, sin embargo, se está analizando cual es la situación del menor de edad y si es conveniente que regrese con su madre o no.

Ambos funcionarios aseguraron que se busca el bienestar de los niños y que se hará que los culpables de los hechos ahí ocurridos paguen ante la ley.

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