Resulta que la Unidad de Protección Civil Municipal (UPCM) tiene en su registro 14 incendios sucedidos en bodegas de gobierno en Hermosillo, Sonora, entre el 2 junio de 1995 y noviembre de 2012; sólo uno resultó falsa alarma. Resulta que en todos los casos se dictaminó que se trataron de siniestros provocados, pero sus consecuencias fueron sólo materiales, de ahí que ni llamaron la atención ni fueron objeto de mayor investigación.

Resulta que el 5 de junio de 2009, un nuevo incendio en otra bodega del gobierno de Hermosillo alcanzó a la Guardería ABC. 49 niños murieron.

49 razones para no olvidar (El Auténtico, 2014) es un libro de reciente aparición. Lourdes Encinas Moreno, periodista de Hermosillo, Sonora (El Independiente, el Semanario Primera Plana y el diario digital Ehui.com), se dio a la tarea de investigar sobre lo muy investigado: la tragedia de la Guardería ABC. Su objetivo fue integrar en un solo documento la información recabada durante más de cinco años sobre el desarrollo del caso, incluyendo cobertura de hechos, diligencias en juzgados, revisión de aspectos claves del expediente, peritajes y entrevistas a personajes involucrados en los hechos. Así fue que dio con los incendios provocados misteriosamente.

Con autorización de la autora y de la editorial reproducimos un capítulo. Es el que se refiere a los 13 incendios donde se perdieron documentos para justificar o aclarar gastos; y uno más, donde 49 inocentes perdieron la vida.

Más de cinco años después de esta tragedia que conmovió a México, muchas dudas se mantienen. Sólo funcionarios menores fueron imputados penalmente. Los copropietarios de la Guardería ABC (integrantes del gobierno de Eduardo Bours y familiares de la entonces Primera Dama, Margarita Zavala) libraron la acción de la justicia sin dificultad. También la burlaron otros funcionarios federales como Juan Francisco Molinar Horcasitas, entonces titular del IMSS.

Los padres de esos niños siguen esperando justicia. Hasta hoy…

Por Lourdes Encinas Moreno, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– El domingo 29 de septiembre de 2002 fue de particular importancia para la vida política del estado de Sonora: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) elegía a su candidato para competir por la gubernatura al siguiente año. Fue una jornada histórica, pues el proceso se abría a la sociedad en general.

La expectativa era grande. Por primera vez, los priistas enfrentaban esa decisión sin tener la última palabra y el apoyo del Presidente de la República, circunstancias que le daban mayor fortaleza al Partido Acción Nacional (PAN), que se quedaría a siete mil votos de ganar esa elección.

Además, había un gran desencanto por el desempeño del entonces Gobernador, el priista Armando López Nogales, quien ya había dispuesto el aparato oficial a favor de su delfín, Alfonso Molina Ruibal. Contra la imposición, apareció la figura del Senador Eduardo Bours Castelo, quien emergía como líder de una nueva generación de priistas en el estado, con un estilo que rompía las estructuras y los discursos establecidos y que despertó gran interés.

Bours fue un candidato que llegó a representar la esperanza de un cambio para Sonora. Al menos así logró posicionarse gracias a un gran aparato propagandístico.

Ese domingo, mientras se realizaba la elección del candidato priista y la atención estaba centrada en ello, un equipo de bomberos de Hermosillo luchaba por controlar el incendio de una bodega rentada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora, el cual había iniciado el día anterior. Estaba ubicada en el kilómetro 1 del bulevar García Morales, en la salida rumbo al aeropuerto internacional General Ignacio Pesqueira García, camino por el cual se llega a las playas de Bahía Kino.

De acuerdo a la nota informativa publicada en el diario El Imparcial, el 30 de septiembre de 2002, los bomberos tardaron más de doce horas en controlar el fuego que consumió 40 toneladas de papelería de archivo muerto y amenazaba con extenderse a un negocio cercano donde había cubetas con aceite.

Las causas del incendio se desconocían y el reportero que lo cubrió no pudo localizar a los funcionarios de la dependencia para conocer qué tipo de papeles se guardaban ahí. Pero en su recorrido se percató de que se trataba de pagos de tenencia vehicular, tarjetas de circulación y documentación de reemplacamiento de un periodo que abarcaba de 1980 a ese momento.

A la postre se conoció que esa bodega se rentaba al empresario Efraín Monreal y trascendió que ahí también se almacenaba documentación correspondiente a la regularización de vehículos extranjeros, un proceso muy desaseado que terminó en una investigación de la Contraloría estatal.

Este incendio fue dictaminado por el Departamento de Bomberos como provocado. Pero no hay mayor información disponible y tampoco llamó la atención… Hasta siete años después, cuando se quemaba otra bodega del área de finanzas del Gobierno del estado, pero ésta vez con un saldo brutalmente distinto.

LA BODEGA DEL 5 DE JUNIO

El 5 de junio de 2009 también era un día importante para la vida política en Sonora y también estaba enmarcado en la sucesión por la gubernatura: iba a realizarse el segundo debate entre los candidatos de los diferentes partidos.

A un mes de los comicios, se trataba de la última vez en la que los aspirantes estarían en un encuentro directo que podría definir la tendencia de los indecisos e inclinar la balanza hacia uno u otro de los punteros: el priista Alfonso Elías Serrano y el panista Guillermo Padrés Elías.

Sobra decir que la atención estaba centrada en ese evento.

Además, no había otra distracción porque el Gobernador y la primera línea del gabinete estatal se encontraban en la ciudad de Phoenix, atendiendo la sesión plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, una reunión que se realiza dos veces al año entre los gobiernos de ambos estados fronterizos alternando la sede en uno y otro lado de la frontera.

Pero un par de horas antes de que el debate se realizara, todo cambió.

Otra vez, una bodega rentada por la ahora llamada Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora empezó a arder en un voraz incendio que consumió cinco toneladas de papelería de archivo muerto; si bien, había sido rentada específicamente para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación.

Esa gran cantidad de papel sirvió de combustible para que el fuego se propagara rápidamente hacia la contigua Guardería ABC, que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) subrogaba a particulares, y en la que se encontraban un estimado de 153 niños durmiendo la siesta.

El resultado fue cruelmente distinto. Este incendio no sólo consumió papeles, también provocó la muerte de 49 niños y lesiones en diversos grados a 104. Sobre el origen de este incendio, se contraponen las versiones oficiales del sobrecalentamiento del motor de un aparato de ventilación (el llamado cooler) y los resultados de un peritaje realizado por el experto estadounidense David Smith, que asegura que fue provocado intencionalmente.

Con base en ese peritaje y una investigación propia, el grupo de padres de víctimas Manos Unidas por Nuestros Niños denunció que lo que ahí se quemó fue documentación relacionada con la deuda generada por un plan de obra pública del gobierno estatal, lo cual llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) a iniciar una nueva indagatoria.

Dos hechos iguales ocurridos en una misma área de gobierno y en escenarios por demás similares parecen demasiado para ser coincidencia, por lo que resulta obligado hacer su registro y ponerlos en contexto.

Pero no sólo eso: su probable relación es uno de los aspectos que se abordan dentro de la nueva investigación de la PGR, así como el de las otras bodegas que se le han quemado al Gobierno de Sonora antes y después de la del 5 de junio de 2009.

LAS OTRAS BODEGAS QUEMADAS

El registro de incendios sucedidos en bodegas de gobierno en Hermosillo, atendidos por la Unidad de Protección Civil Municipal (UPCM), reporta catorce incidentes entre el 2 junio de 1995 y noviembre de 2012, y uno que resultó falsa alarma.

En todos los casos se dictaminó que se trataron de siniestros provocados, pero sus consecuencias fueron sólo materiales, de ahí que ni llamaron la atención ni fueron objeto de mayor investigación.

Todos, excepto el del 5 de junio de 2009, cuya causa no fue determinada por Protección Civil Municipal, a pesar de que fueron los primeros en atender el incendio y en entrar a la bodega.

La dependencia acreditó dos peritos ante el Ministerio Público para realizar su peritaje, pero no lo hicieron porque sus servicios no fueron solicitados ni por la PGR ni por la Procuraduría General de Justicia del Estado. La relación de estos incendios fue proporcionada por la UPCM, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, de la que depende, en respuesta a una solicitud de información pública, a través del sistema Infomex, registrada el 14 de enero de 2014 con el folio número 00015014, en la que se preguntó cuántos siniestros de bodegas del área de finanzas del Gobierno de Sonora tienen registrados, fecha y causas dictaminadas de cada uno.

La respuesta se dio el 20 de enero de 2014, en oficio número UET/005/2014, al que venía adjunto una relación de todos los incendios de almacenes y depósitos de diferentes dependencias ocurridos en el municipio de Hermosillo.

En esa lista se incluyen cuatro incendios en bodegas para resguardo bajo las siglas SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), que corresponde al Gobierno federal, pero al menos una de ésas era operada por el Gobierno de Sonora, que es precisamente con la que este relato inicia y que se quemó en septiembre de 2002.

Para clarificar si el error de la identificación de las bodegas se cometió también en las otras tres marcadas como SHCP, se hizo una nueva solicitud a través del sistema de transparencia, que quedó registrada el 20 de enero de 2014 con el folio número 00027014 y fue contestada el 10 de febrero del mismo año, mediante oficio número UET/012/20014, en la que únicamente dicen: “Las siglas SHCP se refieren a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, quedamos en las mismas.

Independientemente de que no se precisó lo referente a esos tres casos, la relación enviada confirma que el incendio de la bodega contigua a la Guardería ABC no fue un hecho único, que a pesar de los antecedentes el Gobierno de Sonora siguió y sigue siendo negligente en el resguardo de inmuebles usados como almacenes y depósitos, aun con aquéllos ubicados en zonas habitacionales y que se convierten en factor de riesgo.

Que todos estos incendios hayan sido provocados hace muy difícil dejarlos en el terreno de la casualidad. Determinar si se trata de “hechos aislados, pero frecuentes”, que exista un patrón o una relación de causalidad entre ellos, así como clarificar los motivos, es lo que debe determinar la Procuraduría General de la República con la suficiente contundencia para despejar lo que hasta ahora se plantea como dudas razonables y hacen que el caso siga abierto.

RECUENTO DE IRREGULARIDADES

De lo que no queda ninguna duda es de las irregularidades con las que era operada la bodega y la guardería, al amparo de vacíos legales y negligencia gubernamental, y que fueron decisivas para que una quema de papeles terminara en la peor tragedia infantil de la que da cuenta este país.

Este caso es reflejo de mucho de lo malo que pasa en México, es un relato de irresponsabilidades, de ineficiencias que se vuelven corrupción, de influyentismo, de impunidad y de la sórdida lucha por ganar unas elecciones.

La otra parte de esta historia inició en el año 2001, cuando dos damas hermosillenses de alta alcurnia decidieron abrir un negocio que en esa época estaba en auge: una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social.