Las expectativas que generó Francisco Arturo Vega de Lamadrid al principio de su gobierno se van diluyendo conforme pasa el tiempo. Los informes presentados en las últimas semanas por organizaciones y dependencias federales muestran un Baja California donde persisten la impunidad, poca transparencia y mayor inseguridad. Los yerros del Gobernador panista pueden observase de forma más nítida en sus acciones para resolver la crisis de los jornaleros migrantes que demandaban un incremento en su salario. Hoy, a casi un año de que estallara conflicto, no logra resolver el problema y los campesinos acusan que persisten las condiciones de marginalidad.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– Han pasado poco más de dos años desde que Francisco Arturo Vega de Lamadrid llegó a la gubernatura de Baja California y su gobierno no ha respondido a las expectativas que generó en campaña, al contrario, su estado se encuentra entre los de mayor impunidad, poca transparencia y mayor inseguridad, de acuerdo con informes presentados es las últimas semanas.
El pasado 3 de febrero, Baja California apareció entre las tres entidades con el índice de impunidad más alto del país, sólo por debajo de Quintana Roo y el Estado de México.
El estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla destacó que entre los factores para esta incidencia está la relación de los ciudadanos con los sistemas de justicia locales, así como el desempeño de las autoridades en la persecución del delito.
Baja California también está en el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de presuntos delitos registrados por cada 100 mil habitantes. Es decir, aquí el sistema de justicia se muestra saturado. Y ello da como resultado en que las averiguaciones previas no sean determinadas.
La iniciativa privada de Baja California, consultados directamente por representantes de la prensa, han manifestado que en la entidad urge liderazgo para enfrentar la problemática que existe en términos económicos y de seguridad.
El año pasado, en vísperas del II Informe de “Kiko” Vega, como le gusta que le llamen al Gobernador, Jonathan Díaz, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, declaró en entrevista para el semanario Zeta que los presidentes de los comités acusaban de insensibilidad de las autoridades, y efectivamente ausencia de liderazgo para encabezar un proyecto integral que combata el tema de la inseguridad desde todos los ángulos. “No ven al Gobernador, ni a otra autoridad, tomando la batuta, por ejemplo, en el combate a las adicciones que han generado el aumento de la violencia en el estado”, expresó.
“Kiko” Vega no sólo enfrenta las acusaciones de empresarios respecto a la inseguridad en el estado que gobierna, también se suman los informes como el de la Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que reporta que en 2015 el total de robos en Baja California fue de 47 mil 397 y se registraron mil 229 homicidios.
En enero pasado, una de las ciudades más importantes de la entidad, Tijuana, se colocó entre las 50 más peligrosas del mundo, de acuerdo con el ranking 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
La economía tampoco es uno de los fuertes del Gobernador de Baja California. La organización México ¿Cómo vamos?, colocó a Baja California en semáforo rojo en su indicador de Crecimiento Económico y en Deuda Pública, esta última se redujo en un mínimo al pasar de 3.4 por ciento en 2014 a 3.1 por ciento en 2015.
JORNALEROS DE SAN QUINTÍN
Los yerros del Gobernador Vega de Lamadrid pueden observase de forma más nítida en sus acciones para resolver la crisis de los jornaleros migrantes, desatada en San Quintín, población de Ensenada, el 17 de marzo del año pasado.
Jornaleros agrícolas levantaron un paro general y bloqueos en la carretera Transpeninsular, para denunciar explotación laboral, bajos sueldos, condiciones de vida miserables, horas extras no pagadas y carencia de seguridad social.
Demandaban incremento salarial, afiliaciones al seguro social, respeto de la jornada laboral de 8 horas y vacaciones conforme a la Ley; pago de horas extras e investigar los casos de acoso sexual a mujeres jornaleras.
La respuesta de la policía estatal y municipal fue dispersar la manifestación con balas de goma y detener a 200 jornaleros en un operativo el 9 de mayo de 2015. Ese mismo día el Gobernador “Kiko” Vega afirmó que no estaba sujeta a negociación la liberación de los jornaleros, pero reviró tras ver que el problema llegó a los medios nacionales y en un intento por remediar la situación “Kiko” Vega instruyó la realización de mesas de diálogo entre patrones y trabajadores agrícolas.
Sin embargo, a casi un año del conflicto, los campesinos acusan que persisten las condiciones de marginalidad.
HACKING TEAM: EL ESPIONAJE
En julio de 2015, documentos filtrados y arrancados a Hacking Team –empresa italiana dedicada al diseño de programación digital para el espionaje– advirtieron que el Gobierno del Estado de Baja California mantenía con ellos una cuenta activa por varios millones de pesos.
A decir de los archivos a los que el semanario Zeta tuvo acceso y al análisis de organizaciones nacionales e internacionales, la empresa que contrató el gobierno estatal realizó pagos millonarios para la adquisición de un sofisticado programa de espionaje, el cual niega el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
La Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, dirigida por Antonio Valladolid Rodríguez, aparece en listas y documentos del programa que ha sido utilizado en otros países para espiar y amenazar a abogados, periodistas, así como a defensores de los Derechos Humanos, políticos y funcionarios.
También, miles de conversaciones y correos electrónicos confidenciales de Hacking Team fueron hechos públicos, entre ellos, donde se discute y se involucra a funcionarios de Baja California para la celebración del convenio en 2014 y la intención de renovarlo en 2015.
En el intercambio de correos electrónicos se confirma la participación de una empresa intermediaria radicada en Tijuana, además, la correspondencia evidencia el contacto personal con Valladolid y solicitudes de oficios enviados a Lorero Quintero, oficial mayor del Gobierno del Estado.
Francisco Vega llegó a la casa de gobierno después de dos intentos fallidos para alcanzar el poder. La primera vez fue en 2001 cuando perdió la candidatura en la elección interna panista en contra de Eugenio Elorduy. La segunda fue en 2007, año en que también perdió en la elección interna albiazul en contra de José Guadalupe Osuna Millán.
Las altas expectativas generadas al inicio de su gobierno se van diluyendo conforme pasa el tiempo, a más de dos años en el poder, empresarios locales y organizaciones acusan a “Kiko” Vega de sumir a Baja California en los perores números en inseguridad y pobreza.
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BREVES
MORENO VALLE GASTA MILLONES EN ESTADIO DE FUTBOL
Sin importar que Puebla sea el cuarto estado con el mayor número de pobres, con 3 millones 950 mil habitantes, Rafael Moreno Valle Rosas prefiere destinar recursos para otros rubros. Una investigación publicada en SinEmbargo esta semana, reveló que el Gobernador invirtió 668.5 millones de pesos en un estadio para un equipo de futbol que tiene un cuarto de siglo sin ser campeón.
El Gobierno de Puebla no sólo destina recursos para el equipo de Primera División, según datos de Transparencia, también hay dinero del erario en el mantenimiento del estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además, la Secretaría de Educación Pública local es dueña y operadora de una franquicia de Tercera División donde la dependencia se publicita en su playera.
En los últimos dos años se invirtieron 305.2 millones de pesos en mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios públicos. Esa cantidad representa la mitad de los 700.2 millones de pesos que se invirtieron en deporte profesional entre la renovación del Cuauhtémoc y la inversión de la BUAP en su estadio Olímpico.
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ALCALDE DE ACAPULCO RECIBE AMENAZA DE BOMBA
El Alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, recibió una amenaza de bomba el pasado 2 de febrero en las oficinas del Palacio Municipal. En un boletín emitido por el Ayuntamiento, el Edil informó que “estaba a punto de salir cuando me anunciaron de una llamada anónima que alertaba de una bomba. Pudo haber sido una broma o algo perverso para seguir en la ruta de la duda [sic]”.
Velázquez Aguirre agregó en el comunicado que la amenaza “se atendió de manera inmediata, se generaron los protocolos de seguridad” y señaló que se hicieron las supervisiones pertinentes por Protección Civil, la Policía Federal y el Ejército.
Luego de una supervisión de elementos de seguridad no se encontró ningún artefacto sospechoso. Las actividades en el municipio se desarrollaron con normalidad y algunos empleados desconocían lo que había pasado, pero se enteraron por otros que comentaron que tal vez se trató de una “falsa alarma” o una broma, pero muy poco se habló de la llamada.
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LEGISLADORES ACUSAN A ASTUDILLO DE NO CONTENER VIOLENCIA
Diputados federales por Guerrero coincidieron en que la inseguridad que atraviesa el estado se debe a la colusión que existe entre grupos del crimen organizado y las autoridades locales, e incluso, aseveraron, hay sitios dentro de los distritos que los eligieron a los que no pueden ingresar por las condiciones de violencia que imperan y por el control que los grupos delincuenciales tienen del territorio.
El pasado 3 de febrero, los legisladores acusaron al Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de no lograr contener la violencia en la entidad. La Senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, refirió que la colusión que existe entre las autoridades y el crimen no ha terminado, puesto que el combate a la corrupción aún es un tema pendiente.
“Es muy lamentable que el nivel de violencia sólo no disminuye sino va en ascenso. Ahí al principio hubo un efecto cucaracha en el que el crimen se movió desde los estados del norte hacia Guerrero, lo cual refleja un fracaso en la política de seguridad. Instamos al jefe del Ejecutivo a que modifique su estrategia de combate al crimen organizado, la misma que aplicó Felipe Calderón, él la copió y no ha funcionado”, dijo Padierna Luna.
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JAVIER DUARTE PRESUME ARRESTO DE LÍCER ZETA
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció el pasado 2 de febrero la detención “del peligroso criminal” Josele Márquez Balderas, conocido como “El Chichi”, jefe de plaza de Los Zetas en Veracruz, quien en agosto del año pasado la Fiscalía General de Veracruz había dado por muerto.
El Gobernador aseguró este martes que con la detención de Josele Márquez y de 11 sus principales operadores se desarticuló una de las principales estructuras de la delincuencia organizada. “En estos momentos son trasladados a las instalaciones de la SEIDO en la Cd de México los 11 criminales detenidos en #Veracruz”, escribió Javier Duarte en su cuenta de Twitter.
Usuarios de redes sociales cuestionaron al mandatario por anunciar la captura de un criminal que hace cinco meses había sido reportado como abatido. En esa ocasión, la Fiscalía emitió un comunicado fechado en Orizaba que decía:
“La madrugada de este jueves fueron ejecutadas seis personas en un bar de esta ciudad, entre ellos José Márquez Balderas alias el Chichi, identificado como jefe de plaza del grupo delincuencial autodenominado los zetas, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero, el reportero Juan Heriberto Santos Cabrera, José Eduardo Castillo Romero y una persona más sin identificar, quienes se encontraban conviviendo en el momento de los hechos”.
Al respecto, el Gobierno de Veracruz emitió este martes de 2 febrero un comunicado en el que reconoció su error:
“El 13 de agosto de 2015, en un enfrentamiento entre grupos delincuenciales en un bar de la ciudad de Orizaba, se pensó que había sido asesinado junto con Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero, José Eduardo Castillo Romero y el reportero Juan Heriberto Santos Cabrera. Posterior a los hechos acontecidos aquel día en Orizaba, se identificó que fue Felipe Santana Hernández, alias El Felino, jefe de sicarios del mismo grupo delincuencial, quien había sido asesinado en ese hecho, y no Josele Márquez Balderas”.
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MALOVA AUMENTA SU PATRIMONIO EN 7 MDP EN SU GESTIÓN
Tanto el Gobernador Mario López Valdez, como su Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, tuvieron un incremento en su patrimonio de 7.5 y 7.7 millones de pesos, respectivamente, en los primeros cuatro años de Gobierno en Sinaloa, el principal “repunte” fue en 2013 y 2014.
De acuerdo con información de las declaraciones patrimoniales de estos funcionarios de los años 2011 a 2014, obtenida vía acceso a la información pública, el mandatario local creció su patrimonio al iniciar su Gobierno de 21.8 millones de pesos, a 29.3 millones, incrementando en los dos últimos años de ese periodo en 6.5 millones de pesos.
El Gobernador sostuvo en sus declaraciones que tenía un patrimonio de poco más de 22 millones de pesos en los dos primeros años de su administración, pero en el tercero creció en 2.3 millones y para el cuarto el aumento fue de 4.2 millones de pesos.
Destaca en el documento de López Valdez la adquisición de una casa más en 2013 a las antes declaradas, con un crecimiento en el valor de sus bienes inmuebles de unos siete millones de pesos.
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FRASES
“Con la detención de Josele Márquez (Chichi) y de sus principales operadores (11) se desarticula una de las principales estructuras de la DO”, escribió en su cuenta de Twitter el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
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“Les informo que tuve un accidente en motocicleta esta mañana; me están atendiendo, estoy bien y estable. Mi equipo les estará informando”, escribió el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en su cuenta de Twitter.
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“La Ciudad de México recibe con gran beneplácito a la señora Yoko Ono, escritora, cineasta, cantante, compositora, activista, mujer destacada, y alguna vez descrita como la artista desconocida más famosa del mundo (…) Siempre provocativa y siempre llevando al límite las concepciones establecidas del arte”, dijo Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al entregar las llaves de la Ciudad de México a Yoko Ono.
